Peajes: el Gobierno anulará los contratos firmados por Macri para dos autopistas

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los acuerdos firmados por el ex mandatario.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los acuerdos firmados por el ex mandatario Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel que  dolarizaban los peajes de los Accesos Norte y Oeste, y confirmaron que llevarán el caso ante la Justicia.

En 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno de Macri acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios es de casi u$s 2.000.000.000.

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"Hemos venido aquí con el ministro Katopodis para anunciarles que he firmado un decreto a través del cual le encomiendo al Ministerio de Obras Públicas iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y Oeste", explicó Alberto Fernández al inicio de su discurso.

Y agregó: "Son contratos que a nuestro juicio absolutamente distorsivos y que le han generado un daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios".

"Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste", señalaron desde Obras Públicas mediante un comunicado. 

Mediante los decretos 607 y 608 firmados en la gestión macrista, se renegociaron los contratos de concesiones y adjudicación de dos corredores viales, Acceso Norte y Oeste, uno para AUSOL y GCO. Según Katopodis, en esos acuerdos hay varias "cuestiones de vicio y que determinan la nulidad absoluta de esa renegociación".

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"En primer lugar porque estableció sin ningún parámetro objetivo una deuda a favor de las empresas concesionarias. Una deuda que se establecía en el caso de AUSOL en u$s 540.000 millones y en el caso de GSO de u$s 272.000 millones. Un total de u$s 813.143. Esa deuda no tiene en el expediente ningún elemento o justificación que pudiese ser acreditada y comprobada", explicó el ministro de Obras Públicas esta tarde. 

La segunda cuestión planteada por Katopodis fue que la "dolarización del contrato establecido en pesos". Esta condición se les otorgó a partir de la renegociación en 2018 "cuando en el contrato no hay ningún componente que justifique que estos tengan que se dolarizados". 

Además, se refirió a una tercera cuestión que da cuenta de las irregularidades: "Se determinó un ajuste del 8% anual. Lo que permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria".

"Se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato. Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes", explicó el titular de la cartera.

Y aseguró que "en ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, y todo lo que tiene que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma". 

Tras exponer los puntos que dan cuenta del negocio realizado durante la gestión macrista, el Gobierno nacional anunció que darán inicio a acciones legales para que la Justicia "declare la lesividad y la nulidad absoluta" de estos contratos.

PEAJES: ¿CÓMO ERAN LOS CONTRATOS FIRMADOS EN LA GESTIÓN DE MAURICIO MACRI?

Mediante un comunicado, desde Obras Públicas aseguraron que para cumplir con lo estipulado en los acuerdos y la actualización tarifaria presentada este año debían aumentar alrededor de 30 veces en total.

"Así, en las estaciones Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830", explicaron desde Obras Públicas.

En este sentido, los usuarios hubieran pagado 22,87 veces más de lo que se abona hoy en día, un 2.200% más. En estaciones como Campana y Pilar es de 20 veces y más del 2.000%. 

El Gobierno nacional llevará el caso a la Justicia.

Los usuarios pagan $ 100 en hora pico y de manera manual en las estaciones del Acceso Oeste. Este valor fue acordado en febrero de 2022. Según lo establecido por el acuerdo actual, los ciudadanos deberían abonar $ 1072, lo que representa un 1000% más.

"En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más", afirma el informe de Obras Públicas.

¿De qué tratan los acuerdos firmados en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri?

En 2018 AUSOL y GCO firmaron con el gobierno de Mauricio Macri acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta de u$s 813.143.839,52 y cuya cancelación era en cuotas anuales que sería desde ese mismo año hasta el 2030, más el agregado de un 8% de interés anual en dólares.

"Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda", explicaron desde la cartera.

A través de esos acuerdos, la deuda con intereses ascendía a u$s 1.161.292.387. Además, estas sumas debían ser "percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias" y que "el mismo debía ser abonado a través de las tarifas".

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Para hacer frente a estas negociaciones, la tarifa debía ser de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario en el peaje. Por otra parte, dicha tarifa se dolarizó de manera ilegal dado que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas.

Al no completarse las cuotas anuales en los términos acordados, la suma aumentó cerca de u$s 2.000.000.000. Hoy en día, las obras son ejecutadas no son financiadas con la tarifa que pagan los usuarios, sino con un fondo público que a raíz de estos acuerdos del 2018 pasó a manos de ambas empresas.

Alberto Fernández aseguró esta tarde que se recuperaron para el Estado "7000 kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados".

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