El ministro de Salud, Mario Lugones, disertó este martes en el AmCham Summit 2026 ante un auditorio de empresarios y referentes del sector privado, en el panel denominado “El futuro de la salud: inversión y desarrollo”. Su disertación fue una de las más esperadas de la jornada, con auditor lleno y especial expectativa por parte de los empresarios de laboratorios. En la entrevista, aludió a la crisis del PAMI, la ANDIS y la importancia de la reforma en materia de patentes. La exposición se produjo en el momento de mayor tensión de su gestión: la deuda del PAMI con prestadores ya superó los $500 mil millones y la situación desencadenó que desde este lunes haya un paro del programa. También está en el foco el programa Incluir Salud, que acumula meses de pagos atrasados para asistir a personas con discapacidad. Mientras que todavía se mantiene final abierto sobre las cajas en disputa, el ministro aseguró que hay gestiones para liberar los giros. La semana pasada, el ministro Lugones se reunió con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda por estos temas calientes. Ante las consultas de prestadores, la respuesta sistemática es que la decisión depende de Economía. “Este Gobierno viene a hacer reformas muy importantes, es una oportunidad muy importante para el sector Salud este acuerdo que hicimos con Estados Unidos. Creemos que el sector Salud puede potenciar, es generador de mucha mano de obra. No vine nada más que a hacer algo muy disruptivo: cumplir con la Constitución Nacional“, introdujo el ministro, que pocas veces habla públicamente. Un tema recurrente en sus escasas alocuciones es la distribución de la jurisdicción en materia de Salud. “Los usos y costumbres hicieron que el Ministerio de Salud fuera creciendo y se convirtió algo muy grande y muy poderoso, que resolvía desde comprar un medicamento a hacer un hospital. Eso con este Gobierno, no, cada uno tiene que hacerse responsable y las provincias son las responsables de la Salud. Tenemos que cuidar mucho los recursos, deberían ir al personal de salud y por supuesto a la atención de los beneficiarios", aseguró. Con respecto del acuerdo con EE.UU., el ministro subrayó que este abrirá la puerta a “que se pueda desarrollar la industria, que se pueda hacer generación de tecnología acá, innovaciones y poder patentarlas. Hay posibilidad de hacer inversiones, estamos buscando eso“. En esta línea, destacó la reunión que mantuvo este lunes a la mañana con el BSL-4 del Malbrán, el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 de América Latina, desarrollado con apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Programa de Colaboración en Biocustodia. Es uno de los activos más concretos de la alianza sanitaria bilateral que el Gobierno viene construyendo en paralelo al acuerdo comercial con Washington. “Ayer tuve una reunión con laboratorios internacionales para ponernos de acuerdo, fue excelente. Lo que estamos buscando es eliminar las tercerizaciones que existen por uso y costumbre que no nos agregan nada al sector, lo único que hacen es retirarle dinero al personal de salud", consideró al respecto. También se refirió al proyecto para “refuncionalizar” la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Estamos por firmar un convenio para grandes inversiones para hacer ensayos clínicos en la Argentina”, aseguró. Dijo que el objetivo es que haya “más presencia en investigación clínica” en la Argentina y que espera que pronto aparezca la resolución. “Sacar un decreto no es fácil, aprendí que eso se demora, y después vendrá la agencia”. Sobre el final, habló del tema PAMI y Discapacidad, los dos ejes centrales de la agenda de Salud durante los últimos días. “Hay crisis, pero hoy está pagando PAMI. Lo digo con seguridad porque me lo dijeron”, aseguró. “Hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Tiene una carga muy grande y cuánto más grandes somos más dependemos de los médicos. Los países normalmente tienen un sistema hospitalario, público, bien desarrollado, nosotros no lo terminamos de desarrollar. Es una tarea pendiente, pero dependen de las jurisdicciones. Pueden asociarse al sector privado y trabajar mejor”, sumó. Con respecto de la secretaría, ex Agencia Nacional de Discapacidad, dijo que atrás de la causa de amparar a las personas con discapacidad “se usan para sacar ventajas que no hay que sacar”. “Estamos haciendo firmar convenios vencidos del año 2019. Tuvimos que sacar una resolución y extender todo por 6 meses y poder pagar. Estamos trabajando para reformular todo. De ninguna manera vamos a dejarlos solos”, dijo. En el frente de Discapacidad, la situación es relativamente mejor que semanas atrás: en las últimas semanas comenzaron a saldarse deudas correspondientes a noviembre y parte de diciembre del 2025 con prestadores del programa Incluir Salud, tras la protesta en Plaza de Mayo. Pero la deuda sigue sin estar totalmente regularizada, y desde el sector advierten que los pagos parciales no resuelven el problema estructural de fondo mientras el Presupuesto 2026 no contempla partidas para la ley de Emergencia en Discapacidad, que el Ejecutivo vetó y el Congreso revirtió. Por presión de la Justicia, comenzaron a implementarla: el objetivo es modificarla este año en el Congreso, para que deje de ser un peligro fiscal. La agenda legislativa de Salud que el Gobierno tiene pendiente es extensa. En los últimos días Lugones le presentó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el paquete de proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso en el marco de las reformas estructurales anunciadas por Milei en la Asamblea Legislativa. El más resonante es la modificación de la Ley de Salud Mental de 2010, que propone ampliar los criterios para la internación involuntaria, frenar el cierre de hospitales psiquiátricos y adaptar la clasificación de trastornos al estándar CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud.