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Tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal pocos meses atrás, el Gobierno continúa afinando su estrategia para lograr que los argentinos saquen sus “dólares del colchón”.
Con este objetivo en mente, la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con un grupo de contadores para analizar en detalle el Régimen de Declaración Jurada Simplificada (DJS) del Impuesto a las Ganancias que promueve la ley.
Se trata de la herramienta operativa a través de la cual los contadores deben adherir a sus clientes al régimen para que saquen sus “dólares del colchón”, un sistema pensado para facilitar y añadir seguridad jurídica a la declaración jurada y el pago del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, pese a sus beneficios, los tributaristas aún consideran que hay varios aspectos para ajustar en el nuevo sistema.
Es por esta razón que Caputo se reunió la semana pasada con especialistas y, tras el encuentro, prometió trabajar sobre ajustes para lograr “muchas más adhesiones” a Inocencia Fiscal.
Tal como consignó El Cronista, en el Ejecutivo están pensando en emitir una nueva norma para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
En este escenario, y con la mira puesta en apurar posibles cambios al régimen, ARCA extendió la semana pasada la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales hasta el próximo lunes 27 de julio.
Las claves de la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias
La Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias (DJS) es clave para Inocencia Fiscal, ya que se trata del vehículo a través del cual el Gobierno aplica efectivamente los beneficios del régimen, en particular la “presunción de inocencia” en la que el Estado deja de pensar al contribuyente como “sospechoso” de entrada.
Es que, a través de la nueva declaración jurada simplificada que ofrece la Agencia de Recaudación y Control Tributario (ARCA), los contribuyentes que accedan a Inocencia Fiscal pueden beneficiarse del “tapón fiscal” que este ofrece, es decir, la imposibilidad de que el fisco revise o pida explicaciones por las DD.JJ. de años previos de los adherentes.
Además, la DJS simplifica la presentación, ya que se parte de un formulario precargado que ofrece ARCA con los datos que ya tiene en su base. Así, este únicamente debe ser revisado y, de ser necesario, ajustado antes de confirmar.
Finalmente, una vez presentado el trámite, se produce el llamado “efecto liberatorio” de Inocencia Fiscal: ese año queda cerrado y el fisco no volver a cobrarle al contribuyente por ese período.
Pese a sus beneficios, actualmente el Gobierno analiza presentar un proyecto de ley con modificaciones al régimen de la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias para ajustar “cabos sueltos”: qué proponen los especialistas.
Las 9 claves que proponen los especialistas para mejorar Inocencia Fiscal
En el contexto de revisión de la DJS de Inocencia Fiscal el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, compartió nueve propuestas para mejorar el régimen y la presentación del trámite.
Estas surgieron en el marco del Seminario de la Maestría y Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desarrollado junto a sus colegas Alberto Mastandrea y Carolina Calello.
Los tres especialistas coinciden en la relevancia de modificar el régimen y, para Domínguez, la decisión de canalizar las correcciones mediante una ley —y no por decreto— “es bienvenida”, ya que “es el camino que brinda la seguridad jurídica que necesita para ser genuinamente útil". Las 9 modificaciones que proponen.
1. Eliminar los topes cuantitativos de acceso
Actualmente, el régimen de Inocencia Fiscal excluye a contribuyentes con ingresos superiores a $1.000 millones o patrimonio mayor a $10.000 millones, incluso cuando esos valores no reflejan real capacidad contributiva.
Esta es una de las principales preocupaciones que los tributaristas llevaron ante Caputo y, según trascendió, el Gobierno podría eliminar ambos topes en su revisión, lo que Domínguez considera “necesario y positivo”.
2. Fijar un umbral mínimo para la discrepancia significativa
Hoy, una diferencia de un peso en la Declaración Jurada Simplificada puede configurar una “discrepancia significativa” y hacer perder el “efecto tapón”.
En este sentido, los especialistas exigen que se aclare qué entiende el fisco por esto y consideran que “el proyecto debería mantener el porcentaje del 15% pero incorporar un umbral mínimo en pesos“.
Tanto Domínguez como sus colegas estiman que “un valor cercano a los $500.000 resulta razonable”, de modo que la discrepancia solo se configure cuando se superen ambos parámetros simultáneamente.
3. Permitir el allanamiento previo a la determinación de oficio
Hoy, en caso de que ARCA detecte inconsistencias en la Declaración Jurada Simplificada, el contribuyente solo puede regularizar su situación una vez notificada la determinación de oficio, lo que lo llevaría a perder los beneficios del régimen.
Frente a esto, los especialistas proponen que el proyecto incorpore la posibilidad de allanarse a la pretensión fiscal de forma anticipada —presentando una declaración rectificativa y pagando el impuesto antes de esa notificación— sin perder los beneficios de Inocencia Fiscal.
4. Extender la protección a otros tributos
El régimen de Inocencia Fiscal cubre actualmente Ganancias e IVA, pero deja fuera Bienes Personales, Impuestos Internos e impuesto a las salidas no documentadas, por lo que proponen su extensión.
Para Domínguez, esto es especialmente relevante para Bienes Personales, ya que su inclusión en Inocencia Fiscal sería “tal vez, la de mayor impacto práctico“.
5. Clarificar el alcance de la protección en IVA
La redacción actual de la Declaración Jurada Simplificada genera, según los especialistas, una “consecuencia no buscada”: si el fisco no puede impugnar Ganancias, tampoco puede cuestionar créditos fiscales de IVA del mismo período, aunque sean improcedentes por razones ajenas.
Los tributaristas proponen que la protección del IVA alcance “exclusivamente los casos en que la observación fiscal derivara de un incremento patrimonial no justificado”.
6. Establecer un límite temporal para la presunción de inocencia
Para los especialistas, uno de los vacíos del régimen es que no queda del todo claro hasta cuándo el fisco puede “mirar hacia atrás” en la situación fiscal de un contribuyente que se adhirió a Inocencia Fiscal.
En este sentido, proponen fijar una fecha de corte explícita: el 31 de diciembre de 2026. A partir de ahí, quien haya presentado correctamente sus declaraciones de 2025 y 2026 quedaría blindado definitivamente y el fisco no podría volver a reclamarle por ningún ahorro incorporado al circuito formal dentro de ese período.
Según Domínguez, el objetivo es doble: evitar que Inocencia Fiscal funcione como “un pseudo blanqueo permanente” y, al mismo tiempo, dar la certeza suficiente para que quienes tienen ahorros informales finalmente decidan sacarlos del colchón.
7. Regular el tratamiento de quebrantos y saldos de períodos anteriores
La Declaración Jurada Simplificada no aclara qué ocurre cuando el contribuyente computa quebrantos o saldos a favor de ejercicios anteriores que resultan improcedentes. Para los especialistas, el proyecto debería establecer “reglas claras” para no dejar este punto “librado a la interpretación del fisco o a litigios posteriores”.
8. Resolver el efecto del régimen sobre fiscalizaciones en curso
Los tributaristas también piden resolver otra duda concreta: ¿qué pasa con un contribuyente que ya estaba siendo investigado por el fisco cuando decide adherirse a Inocencia Fiscal?
Hoy, ARCA sostiene que esa investigación previa no se interrumpe por la adhesión al régimen. Sin embargo, los especialistas consideran que esa interpretación es discutible y que el nuevo proyecto de ley debe zanjar el punto con claridad.
9. Incorporar la adhesión provincial y municipal en el próximo consenso fiscal
Finalmente, Domínguez y sus colegas hicieron foco en un problema concreto que enfrenta el régimen: Inocencia Fiscal de aplicación nacional, por lo que no protege al contribuyente frente a reclamos de provincias y municipios.
Debido a esto, quien adhiera al régimen y blanquee ahorros puede quedar igualmente expuesto a que una provincia le cobre Ingresos Brutos o que un municipio le exija tasas por ese mismo dinero.
“La ley contempla la posibilidad de que las provincias adopten regímenes simplificados de fiscalización, pero ninguna lo ha hecho hasta la fecha", advierten.
Para zanjar esto, es clave que el Gobierno avance en un nuevo consenso fiscal, el cual trascendió que Nación estaría negociando, y que -tal como propone Domínguez- incluya esta consideración.
