Aborto legal: los puntos claves del decreto

El presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.610 que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Argentina. Y finalmente este viernes fue publicada en el Boletín Oficial.

La norma entrará en vigencia a más tardar el 23 de enero, según estimaron oficialmente.

Cuáles son los principales puntos de la ley

  • La ley de IVE pone énfasis en el derecho de las mujeres a resolver la interrupción del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 10 días desde que se lo solicite.
  • El texto de la normativa establece que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.
  • Más allá de ese plazo se podrá interrumpir si la gestación fuera producto de una violación, mediante el requerimiento y declaración jurada de la persona ante el profesional o personal de salud interviniente; o también si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la embarazada.
  • Los profesionales de salud que deban intervenir en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma deberán: mantener su decisión en todos los ámbitos en los que ejerzan su profesión; derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional; y cumplir con el resto de sus deberes y obligaciones jurídicas.
  • El personal de salud no podrá negarse a la realización del aborto en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
  • El Estado nacional, las provincias, CABA y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. 

El mandatario firmó otro texto adicional, por el cual hizo una aclaración sobre el articulado, acordada tras la aprobación de Diputados y en el marco de su debate en el Senado.

Esa negociación a último momento, permitió que la iniciativa recibiera los votos de Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Rio Negro).

Durante el tratamiento en la Cámara alta, la miembro informante y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, había explicitado que se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra "integral" de los textos de la ley. Se trata de los artículos 4 y 16.

El artículo 4 establece finalmente que "las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional".

También dice que "fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación". Además, el texto original decía que si "estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante", pero el PEN dispuso "observar" la palabra "integral".

"El agregado de la palabra 'integral' no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso", fundamenta el decreto, que también señala que "la 'salud' como concepto es autosuficiente por lo que, a los fines de guardar consistencia normativa y de asegurar que la atención de la salud se realice de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales asumidos para la protección de ese derecho".

El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional". En este artículo inicialmente también figuraba la palabra "integral", pero se produjo la supresión como en el caso anterior.

También aclara el Gobierno que "la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el Congreso".

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