Mientras el Senado avanza con el proyecto oficial para reemplazar la Ley 27.640, la Secretaría de Energía autorizó este lunes una nueva actualización de los precios mínimos de adquisición del biodiésel y del bioetanol destinados a la mezcla obligatoria con gasoil y naftas.
A través de las resoluciones 188 y 189/2026, el Ministerio de Economía dispuso un aumento del 4% para el biodiésel, cuyo valor quedó fijado en $2.001.063 por tonelada, mientras que el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz registró incrementos cercanos al 1,75%.
Se trata de una actualización mensual prevista por el régimen vigente, aunque llega en un contexto en el que el Gobierno procura contener cualquier presión adicional sobre los combustibles.
La estrategia oficial quedó en evidencia pocos días atrás, cuando volvió a postergar parte de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos para limitar el impacto sobre la inflación.
En paralelo, YPF volvió a absorber parte de los mayores costos para moderar el traslado a los surtidores, una lógica que continúa bajo la lógica: “te ayudo, me ayudás”, ya que el mercado “todavía no está estabilizado” explicó Horacio Marin frente a la suba de 20% que mostró el Brent en julio.
Ese delicado equilibrio podría enfrentar un nuevo desafío si prospera la reforma que impulsa La Libertad Avanza (LLA).
Según un informe de Epyca Consultores, elevar el corte obligatorio de biodiésel al 10% implicaría un aumento cercano al 3% en el precio final de los combustibles, de acuerdo con una estimación realizada por Mauricio Martin, vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF.
En un escenario donde la desaceleración de la inflación continúa siendo uno de los principales activos políticos del Gobierno, cualquier presión adicional sobre la nafta y el gasoil adquiere una dimensión que trasciende al sector energético.
Entre desregulación y la inflación
Mientras el Gobierno impulsa una mayor liberalización del mercado de biocombustibles, continúa administrando parte de los aumentos que llegan a los surtidores para evitar un rebrote inflacionario.
Luego de incorporar modificaciones en nueve artículos a pedido de cámaras empresariales, el proyecto oficial, que es el que reúne mayor respaldo para obtener dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, propone abandonar el esquema de precios administrados y avanzar hacia un sistema con menor intervención estatal, mayor competencia y referencias de paridad de importación para la formación de precios.
Actualmente existen tres proyectos en discusión: el del oficialismo, impulsado por La Libertad Avanza (LLA) y firmado por Patricia Bullrich; otro presentado por la senadora salteña Flavia Royón (Primero Los Salteños); y un tercero de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
La iniciativa presentada por LLA es la que concentra el mayor consenso político y busca reemplazar integralmente la Ley 27.640, vigente desde 2021.
Cambio de modelo
El proyecto oficial eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil desde un nivel inicial de 7,5% hasta el 10% al cabo de un año de vigencia, mientras que el bioetanol en las naftas pasaría del actual 12% al 15%.
Paralelamente, crea un mercado electrónico único, transparente y de acceso público para la comercialización de estos productos, reemplazando el sistema de asignación administrada vigente. }
La iniciativa también incorpora actividades que hasta ahora no tenían un marco específico dentro de la legislación argentina.
Los combustibles sostenibles para aviación (SAF), el biobunker destinado al transporte marítimo y el biometano pasarán a contar con un régimen promocional propio, con beneficios fiscales y libertad de comercialización, buscando acelerar nuevas inversiones en la transición energética.
Otro de los cambios relevantes es la habilitación del denominado co-procesamiento. El proyecto permitirá que las refinadoras incorporen materia prima renovable durante la producción de gasoil y computen ese volumen dentro del corte obligatorio, un mecanismo que hoy no contempla la legislación vigente y que se implementaría de manera gradual hasta alcanzar un máximo del 3%.
El nuevo esquema modifica el equilibrio competitivo del sector y favorece principalmente a las grandes compañías integradas.
Las refinadoras podrían ampliar su participación mediante el co-procesamiento y competir en un mercado mucho más flexible.
A su vez, los grandes productores de biocombustibles con mayor escala e integración vertical tendrían mejores condiciones para desenvolverse en un sistema con menor regulación estatal y mayor competencia.
También se abren nuevas oportunidades de inversión en segmentos con fuerte potencial de crecimiento, como el combustible sostenible para aviación, el biometano y los combustibles marítimos, mercados que ganan protagonismo a nivel internacional impulsados por las exigencias ambientales de los principales destinos de exportación.
Del otro lado, el informe de Epyca advierte que el nuevo régimen elimina los mecanismos que hoy sostienen a los elaboradores de menor escala.
Al desaparecer buena parte de los subsidios cruzados y de las protecciones geográficas previstas por la Ley 27.640, las pequeñas y medianas empresas deberán competir directamente con refinadoras y grandes exportadoras dentro de un mercado unificado.
Según el análisis, su menor escala de producción y su menor grado de integración vertical las dejan en una posición claramente menos favorable para competir por precio frente a los grandes jugadores.
El proyecto también podría modificar el equilibrio regional del negocio del bioetanol. Los tres puntos porcentuales adicionales que elevarán el corte obligatorio del 12% al 15% quedarían liberados a la competencia entre las plantas elaboradoras de maíz ubicadas principalmente en Córdoba, Santa Fe y San Luis y las plantas de caña de azúcar del NOA.
Para la consultora que dirige Martín Kalos, la mayor productividad y escala de las plantas del centro del país podría desplazar parte de la producción azucarera de Tucumán, Salta y Jujuy, reabriendo un histórico debate sobre el impacto regional de la política energética.
Puntos en debate
El proyecto también despierta cuestionamientos sobre el mecanismo elegido para formar los precios.
Al utilizar la paridad de importación como referencia, distintos sectores advierten sobre la posibilidad de habilitar el ingreso de biocombustibles importados a precios de dumping si la reglamentación no establece criterios claros de calidad y composición.
El texto conocido hasta el momento deja esa definición en manos de la autoridad de aplicación, aunque no fija obligaciones específicas para hacerlo.
Otro interrogante pasa por el organismo que administrará el futuro mercado electrónico y por el sistema de auditoría del co-procesamiento, dos aspectos que todavía no fueron definidos y que serán determinantes para la implementación efectiva del nuevo régimen.
