La Corte Suprema de Justicia de la Nación salió este jueves a aclarar el alcance de su reciente sentencia en la causa “CECIM c. Gobierno Nacional”, luego de las críticas y cuestionamientos que generó el fallo. El máximo tribunal remarcó que no resolvió la controversia de fondo sobre la Ley de Tierras ni fijó una posición sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
Según explicó la Corte que difundió en las últimas horas, en el expediente “sólo se decidió un aspecto procesal”: la legitimación de una asociación para solicitar una medida cautelar. El tribunal sostuvo que esa decisión se ajusta a sus precedentes y no afecta a otras cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.
La Corte también aclaró que el fallo no impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras pueda solicitar una medida cautelar. En ese caso, será el juez competente quien deberá determinar si corresponde concederla.
El máximo tribunal buscó así diferenciar la discusión procesal que resolvió en el caso CECIM de la cuestión de fondo vinculada con el régimen de tierras rurales.
Qué dijo sobre la Ley de Tierras
La Corte señaló en su comunicado que la controversia sobre la vigencia de la Ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, “no ha sido resuelta en este caso”.
El tribunal también mencionó el artículo 154 del DNU 70/2023, que modificó ese régimen, y sostuvo que la discusión sobre esas normas todavía no llegó a una definición de la Corte.
“La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”, señaló el comunicado.
Por ese motivo, el máximo tribunal advirtió que no puede interpretarse que exista una posición de la Corte o de sus ministros sobre el régimen de tierras a partir de la sentencia dictada en el expediente CECIM.
La Corte defendió su rol ambiental
En otro tramo del comunicado, el tribunal salió al cruce de las críticas vinculadas con su actuación en materia de recursos naturales y ambiente.
La Corte sostuvo que durante años ejerció un “liderazgo” en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos y consideró que no resulta conveniente “intentar confundir a la población” sobre ese aspecto.
Al mismo tiempo, distinguió entre la crítica institucional y los ataques personales. “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”, afirmó.
El tribunal también cuestionó las presiones y descalificaciones en redes sociales y planteó que los grupos interesados en la discusión sobre tierras cuentan con la vía judicial para formular sus reclamos.
El DNU 70 vuelve al centro de la discusión en Diputados
El fallo de la Corte Suprema volvió a poner al DNU 70/2023 en el centro de la discusión política en el Congreso.
La polémica aceleró la discusión en la Cámara de Diputados. Durante el plenario de comisiones que comenzó este miércoles para debatir el proyecto de Soberanía Nacional por las Islas Malvinas, el peronismo anunció allí que buscará convocar a una sesión para rechazar definitivamente el mega decreto de Javier Milei, que permanece pendiente de tratamiento en Diputados desde 2024.
El Senado ya había rechazado el DNU el 14 de marzo de 2024. Ahora, según reconstruyó El Cronista, la oposición considera que necesita 129 votos en Diputados para completar el rechazo.
El plazo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo ya está vencido, por lo que el decreto podría ser llevado directamente al recinto sin un nuevo dictamen de comisión.
La discusión, sin embargo, no se limita al capítulo de Tierras. Una eventual derogación total del DNU implicaría también revisar otras modificaciones introducidas por el decreto, entre ellas cambios en la Ley de Alquileres y en el régimen de prepagas.
Por eso, la oposición busca sumar a bloques dialoguistas y representantes provinciales, mientras algunos sectores mantienen reparos frente a la posibilidad de rechazar el decreto completo.
Desde la oposición sostienen que buena parte del contenido original del DNU ya fue reemplazado, incorporado a otras leyes o perdió vigencia, por lo que el impacto de una derogación sería menor que en 2024. Entre los ejemplos mencionados aparecen las emergencias ya vencidas, la reforma laboral posteriormente sancionada y las privatizaciones incorporadas a la Ley Bases.
El oficialismo, en tanto, analiza alternativas para evitar que el DNU quede definitivamente rechazado. Una de las posibilidades que trascendió es volver a llevar al Congreso la discusión sobre la Ley de Tierras para buscar su aprobación por ley, mientras que también aparece la opción de preservar mediante legislación específica otros capítulos del decreto que el Gobierno pretende mantener
