En una carrera contrarreloj y bajo el temor a quedar en una "lista gris" o en la mira de los organismos internacionales de crédito, la Unidad de Información Financiera (UIF) alertó al Congreso sobre los riesgos de no aprobar cuanto antes una reforma integral de la ley de lavado que se adecúe a los estándares internacionales.
Según revelaron a El Cronista fuentes calificadas de la UIF que lidera Juan Carlos Otero, la premura y estado de inquietud que lanzaron desde ese organismo tiene un fundamento concreto: en los primeros días de mayo llegará a la Argentina una misión del GAFI, que es el órgano contralor de aquellos países que cuentan con una ley de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. La visita tiene la intención de revisar las normas actualizadas de la Argentina.
En el caso de que el Congreso no apruebe para ese momento la reforma a la ley de lavado que giró el Gobierno el año pasado a Diputados es muy probable que la Argentina quede bajo la línea de países de la denominada "lista gris". Es decir, en el lugar de aquellos países que cuentan con una ley antilavado pero que por no estar actualizada bajan los niveles de seguridad jurídica y los mecanismos de lucha contra el lavado de activos se presentan más deficientes.
El proyecto de reforma del Poder Ejecutivo está frenado en la Cámara de Diputados y el año pasado empezó a tratarse en las comisiones de Legislación General y Finanzas. También debe pasar por Legislación Penal que preside la macrista Luján Rey.
Desde el oficialismo parlamentario acusan directamente a la inacción de Juntos por el Cambio de la demora en el tratamiento legislativo. "Una mala nota del GAFI a la Argentina sería muy mala señal para los inversores y los organismos de crédito", alertó ayer la diputada del FdT Mónica Litza.
RECLAMO Y ALERTA
El reclamo del oficialismo proviene del estado de alerta que lanzó la UIF. Funcionarios allegados a Otero revelaron que "aprobar una reforma del Sistema ALA/CFT es muy importante para nuestro país. Es que la última reforma sustancial fue en 2011. Desde entonces hubo cambios en los estándares internaciones del GAFI".
La cuarta ronda de la "evaluación mutua" del GAFI que se dará en mayo alcanzará dos componentes: se analizará el cumplimiento técnico y la efectividad de ley. Así, se testea tanto al sector público como al privado.
"El componente de cumplimiento técnico evaluará si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema ALA/CFT de nuestro país. El componente de efectividad evaluará si los sistemas ALA/CFT están funcionando y en qué medida el país alcanza la serie de resultados", dijeron desde la UIF a El Cronista. Es decir, que la reforma a la ley de lavado es una necesidad imperiosa del gobierno de Alberto Fernández en estos momentos.
En diciembre pasado Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia informó el cronograma completo del proceso de evaluación. La evaluación a la Argentina del grupo de países contralores de la lucha contra el lavado comenzará este año y culminará en octubre del 2024 en el Plenario de GAFI. Allí se discutirá el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.
El proyecto de ley que necesita la Argentina y está varado en el Congreso busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del GAFI. El texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero, cuyas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución.
RESOLUCIóN Y DEBATE PARLAMENTARIO
La semana pasada la UIF emitió la Resolución N° 14/2023 especifica las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y de cumplimiento mínimo que cada entidad financiera debe adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizada por terceros para la ejecución de estos delitos, con un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y considerando los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA /FT y FT/FP aprobadas en 2022.
De esta manera, y de acuerdo a la Recomendación 1 del GAFI, se procura que las autoridades competentes, las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) sean capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar los riesgos de LA/FT se correspondan con los riesgos identificados, de manera tal de poder tomar decisiones más eficaces acerca de la asignación de recursos propios.
Por otro lado, y en base a las sugerencias del organismo internacional, se establece la prohibición de mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, se explicitan las medidas exigidas respecto de las Personas Expuestas Políticamente extranjeras, se enfatiza en la necesidad de aplicar medidas de Debida Diligencia Reforzadas proporcionales a los riesgos encontrados identificados e incorpora la posibilidad de que las instituciones financieras puedan depender de terceros para la ejecución de determinadas medidas de Debida Diligencia.
Sin embargo, la UIF no puede modificar la ley y avanzar en una reforma mucho más profunda como la que pide el GAFI. El proyecto de ley del Gobierno es muy amplio y busca actualizar la ley a la normativa actual internacional. Por caso, en la última reforma a la ley casi no tenían peso las criptomonedas que en muchos casos hoy son herramienta de lavado de fondos provenientes del narcotráfico, el terrorismo o la venta de armas.
EL PROYECTO
En diciembre pasado en una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
"El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes", indican los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo trabado en el Congreso.
En este sentido, Otero destacó desde la UIF en su exposición en el Congreso que la "reforma sustancial luego de 11 años nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo".
Ante la visita del GAFI, el jefe de la UIF alertó: "Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno", aseguró.
Asimismo, el funcionario remarcó que el proyecto se logró con un proceso participativo, con organismos y mesas de trabajo. Otero explicó los "tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales".
En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó "constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con diputados y asesores que nos permitió actualizar el texto original".
Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es "un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural". En lo que hace a las temáticas del BCRA dijo, "no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades", advirtió.
Asimismo, destacó los "sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales".
Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. "Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo", aseveró.
"Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales", añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.
En tanto, Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. "Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta". "Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos"
