Alerta para Massa: una certificación para inversiones que el mundo le exige a la Argentina, en peligro por la pelea con la Corte

En paralelo al debate por el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsa Alberto Fernández, desde el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa están alertas por un proyecto clave para la Argentina en términos de transparencia y atracción de inversiones: la modificación a la ley de lavado de activos y lucha contra el financiamiento al terrorismo que espera su aprobación en el Congreso.

Una luz roja se encendió en los últimos días en los despachos de la Casa Rosada ante la decisión de la oposición de Juntos por el Cambio de no tratar ningún proyecto de ley que impulse en sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo si se avanza con el pedido de juicio a la Corte. 

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Es que además de leyes clave para la economía como el blanqueo de capitales, la ley de hidrógeno verde o la promoción agroindustrial en el temario que promueve el Gobierno figura la modificación a la ley de lavado.

Se trata de una iniciativa que giró el Presidente al Congreso el año pasado y que el oficialismo estaba por emitir dictamen cuando se desató todo el debate en torno a las acusaciones del oficialismo contra la Corte.

El tratamiento de este tema no es menor para Massa por una simple cuestión: se trata de una normativa que pide el GAFI (el grupo de países que combate el lavado, del cual forma parte la Argentina) para actualizar las leyes de lucha contra la delincuencia transnacional.

Allegados a Massa admitieron ante El Cronista que si no se aprueba cuanto antes la nueva ley de lavado "la Argentina no alcanzaría los objetivos planteados por el GAFI y será un problema para atraer inversiones". Es que los empresarios extranjeros evalúan si un país tiene actualizada su normativa de lavado de activos y lucha contra el terrorismo antes de desembolsar capitales en una Nación. 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo había empezado a ser debatido en las Comisiones de Legislación General y Finanzas. El espíritu de la iniciativa oficial tiene como objetivo introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según los fundamentos de la norma, "el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes".

Es decir que las directivas del GAFI son bien precisas: la Argentina necesitará adecuar su ley de lavado a las normas internacionales para no quedar atrás y evitar ingresar en una eventual "lista gris" de países que no colaboran con la lucha contra el lavado. 

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, expuso ante la Comisión y planteó una serie de modificaciones a la legislación vigente sobre lavado de activos. "En primer lugar con respecto al tipo penal de lavado de activos, o sea el artículo 303, se había planteado la supresión del verbo 'poseer', e hicimos lugar a eso; y también incorporamos la creación de un registro de proveedores virtuales", son algunos de los cambios que señaló el funcionario.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (PRO) indicó que varias de las propuestas sugeridas por su bloque fueron tomadas en cuenta por la UIF y eso es "destacable". Pero alertó ante una consulta del El Cronista que el oficialismo no avalaba la idea de crear un comité de expertos para la remoción y designación del titular de la UIF. 

Y lo más relevante: Tonelli advirtió que si el Frente de Todos insiste con el pedido de juicio político a la Corte "no habrá tratamiento a la ley de lavado ni otro proyecto que impulse el Gobierno en extraordinarias". 

En medio de este debate falta alcanzar un acuerdo entre oficialistas y opositores para que en la nueva ley de lavado conste la facultad que tiene la UIF de querellar, así como también, "modificar los mecanismos de elección y remoción del presidente y vicepresidente del organismo".

Por su parte, la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño señaló: "Estamos analizando una legislación que nos pone en un nivel internacional de trabajo en contra de los delitos complejos". Y aclaró ante El Cronista que "para dar mayor transparencia sería bueno que la Argentina actualice la ley de lavado".