El sindicato de motoqueros denuncia a Rappi por lavado de dinero en Argentina

La disputa entre el sindicato de motoqueros y la empresa Rappi escaló a partir de que la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) se involucró con un duro comunicado que trascendió en las últimas horas. Solo unos días antes, la firma de delivery había salido a responder en público las denuncias de lavado de activos que el gremio presentó hace dos semanas en la Justicia y que se suman a los cuestionamientos previos por la situación laboral de las y los trabajadores.

"Es fundamental que la Justicia investigue. En la región, es una empresa denunciada en varios países por distintos fraudes que incluyen precarización labor y evasión fiscal. Por eso, esperamos que actúen los organismos competentes", criticó la ITF, a través de su regional de las Américas.

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ITF agrupa en el mundo a 732 organizaciones sindicales de transportes de 153 países, que representan alrededor de 6.619.354 trabajadores y trabajadoras declarados. En América tiene sus sedes en las ciudades de Río de Janeiro y Panamá. 

Rappi salió a responder a través de declaraciones al portal IPRO up la semana pasada: "No es nuevo que sectores contrarios a la innovación promuevan denuncias y ataques inconducentes contra la industria de las nuevas tecnologías, intentando dañar la reputación de las compañías que la integran y perjudicando la actividad de todo el ecosistema".

En su réplica pública también remarcó que la firma llegó al país en "el año 2018 y, desde entonces, ha generado oportunidades económicas para más de 400.000 personas y contribuyó en la digitalización de más de 15.000 PyMEs locales que usan su tecnología todos los días para hacer crecer sus negocios".

Desde la ITF, su secretario regional, Edgar Díaz, retrucó que "es totalmente violento ver como una empresa que, tiene políticas antisindicales tan fuertes y que no dialoga con los sectores gremiales de toda la región latinoamericana, venga a plantearse como generadora de empleo legal".

Y cuestionó la política de la firma digital de "precarizar trabajadores y obtener ganancias a costa del pedaleo o del manejo de motovehículos, esfuerzo que estos trabajadores se ven obligados a hacer por absoluta necesidad ante la dura situación económica que se vive en la mayoría de los países".

Denuncia ante la Justicia

El 15 de diciembre, la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), afiliada a la ITF, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, en el partido de Avellaneda, solicitando que se investigue "a todo aquel que resulte responsable, participe o encubridor" que haga uso de "los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos".

La denuncia fue interpuesta por Gonzalo Ottaviano, trabajador de delivery y miembro de la Comisión Directiva de la ASiMM, quien presentó una serie de pruebas acompañando su presentación. En el texto acusa a Rappi Arg S.A.S de utilizar "a trabajadores contratados mediante la figura del Monotributo, para la presunta comisión del delito de lavado de activos" y detalla una operatoria de sobre facturación a través de la empresa Gestorando por montos desconocidos por las y los trabajadores.

"Son montos pequeños, casi imperceptibles. Pero nos fue llamando la atención que se repetía en varios casos. Incluso hubo algunos con facturas más grandes y en esas situaciones tuvieron problemas con AFIP que quería recategorizarlos", comentó a El Cronista.

En su denuncia escrita, Ottaviano alega que la firma "no posee ningún domicilio físico real, ya que al acercarme varias veces en diferentes días y horarios al domicilio denunciado en AFIP no se encuentra a nadie y donde el único contacto que tienen los trabajadores con la empresa es a través de un chat de WhatsApp's o mail que pocas veces funciona".

Por último, en la presentación ante la Justicia, la denuncia cita la liquidación de saldos negativos a través de la aplicación Pago 46, otra firma cuyo domicilio no pudo constatar y cuyo único contacto "es a través de un chat de reclamo poco eficaz". En su web institucional, se presenta como una empresa con sedes en diversos países de Latinoamérica y con grandes firmas y pymes como clientes.

"Si la plataforma decide enviarlos sólo pedidos que sean con pago en efectivo, estos se ven obligados a recurrir a un Agente de Pago46 para saldar el saldo negativo que dichos pedidos les generaron". Caso contrario, al llegar al tope de $10.000 la aplicación les suspende la cuenta y no pueden seguir trabajando hasta saldar esa deuda depositando el dinero a través de una transferencia bancaria.

Ya en 2018, los representantes gremiales habían denunciado a Rappi ante la AFIP y llegaron a reunirse con funcionarios del organismo sin éxito, entonces, aseguró Ottaviano a este medio. Al cierre de esta nota, El Cronista había intentado sin éxito comunicarse con las firmas aludidas para darles su derecho a réplica.