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El Gobierno perdió una silla en el Consejo de la Magistratura contra el peronismo en el Senado, mientras que se enfrentaba al dilema de equilibrar las alianzas entre los gobernadores y el PRO en Diputados. La disputa, que incluso hizo caer una sesión esta semana, se trata sobre el órgano que selecciona a los jueces y los acusa ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Detrás de una discusión sobre bloques y minorías está en juego quién tendrá poder de veto sobre las designaciones judiciales de los próximos cuatro años. El Consejo tiene 20 integrantes y necesita dos tercios de los presentes para aprobar una terna de candidatos a juez o para acusar a un magistrado.

Con el cuerpo completo, eso equivale a 14 votos, por lo que siete consejeros alcanzan para trabar cualquier nombramiento o remoción. Hoy ningún sector reúne esa cifra por sí solo, por eso cada una de las ocho sillas que aporta el Congreso pesa en una negociación que se hará caso por caso, mientras el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acelera el envío de pliegos al Senado y promueve cambios en la integración del organismo.

Luego de meses de negociación, un informe de la Presidencia del Senado destrabó la disputa a favor del PJ y El Cronista confirmó que el peronismo finalmente retendrá dos de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara alta en el Consejo, mientras que La Libertad Avanza, que buscaba quedarse con esas dos, terminará con una sola: la de Nadia Márquez.

En Diputados, la cuarta banca quedó en medio de una disputa entre el PRO y Provincias Unidas, que este miércoles dejó sin quórum la sesión en la que el Gobierno pretendía aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La definición todavía está abierta: según pudo saber El Cronista, los miembros de la Corte Suprema le hicieron saber al consejero saliente del PRO, Álvaro González, que no aceptaría su reelección, y en el partido amarillo esperan una resolución sobre su disputa con los gobernadores recién para la semana próxima, pero apuestan al acuerdo con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para sostener a su candidata, Florencia Di Sensi.

La victoria del PJ en el Senado

El reparto del Senado se cerró en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, previa a la sesión de este jueves. Las dos bancas del bloque mayoritario serán para el PJ que preside José Mayans (Formosa), con Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires) y la riojana Florencia López, cercana al gobernador Ricardo Quintela -némesis de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados electo por esa provincia-.

Ellos asumirán reemplazo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. LLA ocupará su lugar con la neuquina Nadia Márquez, con el salteño Gonzalo Guzmán Coraita como suplente. La UCR, por otro lado, mantendrá su silla con el bonaerense Maximiliano Abad, quien sucederá al correntino Eduardo Vischi, que quedará como suplente. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, será la encargada de remitir las nominaciones al Consejo.

Claudio Fanchi/NA

La aritmética que definió el reparto cambió a mediados de octubre, cuando el riojano Fernando Rejal volvió a la bancada justicialista. Rejal había dejado el bloque de Mayans en febrero para sumarse a Convicción Federal, y su regreso, que contó con el aval de Quintela, llevó al PJ a 22 senadores. Esa fue la maniobra que los dejó en ventaja con la bancada de 21 que conduce Patricia Bullrich para quedarse con la silla pendiente en el Consejo.

La ley 24.937 asigna dos consejeros “al bloque con mayor representación legislativa”, uno a la primera minoría y uno a la segunda. Con esa regla, un solo senador alcanzó para definir quién se quedaba con el lugar extra. Bullrich intentó primero evitar ese desenlace con un acuerdo, en temor a que si no se destrababa termine en una judicialización.

El 5 de noviembre, en el cierre de una jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio, la jefa del bloque libertario propuso un reparto de “uno y medio cada uno para no ir a la Corte” entre LLA y el peronismo, con la cuarta banca para el radicalismo. “Quiero construir el acuerdo, no quiero judicializarlo”, sostuvo entonces, y planteó que la norma no contempla la paridad entre las dos primeras fuerzas: “Nadie pensó en el empate”.

Según pudo saber El Cronista, esa oferta no estaba acordada con el ala que responde a Mahiques ni con Márquez, la candidata del sector de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los Menem. Bullrich avanzó con esa jugada por su cuenta, en medio de los cruces que mantiene con el ministro por los pliegos judiciales que pasaron por el Senado este año.

El oficialismo buscaba otra salida: su argumento era que la composición de los bloques debía tomarse al 1 de marzo, cuando LLA y el PJ tenían 21 senadores cada uno, y que el pase de Rejal no podía alterar el reparto. La definición finalmente llegó por otro lado: un informe de la Secretaría Parlamentaria, área que depende de la presidencia del cuerpo a cargo de Villarruel, reconoció al PJ como la bancada más numerosa. Bullrich avaló esa conclusión y dejó de lado el criterio que había preparado su propio equipo, en otro entrecruce con los Menem.

Menem sesión Diputados
Menem sesión DiputadosFuente: NA

El resultado también dejó expuesta la interna libertaria. Bullrich impulsaba al cordobés Luis Juez, consejero saliente, y a la fueguina Belén Montes de Oca. Juez, sin embargo, no podía renovar por la prohibición de reelección que rige desde que la Corte Suprema restituyó la ley 24.937 en 2021. La silla quedó para Márquez, quien además aspiraba a presidir la Comisión de Acuerdos, la que dictamina sobre los pliegos de jueces y que hoy conduce Abad desde la muerte de Pagotto.

Ese lugar eventualmente quedará para el senador de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, así Márquez termina en el Consejo.

Diputados: bloque o interbloque

En Diputados, tres de las cuatro sillas quedaron definidas. LLA, como bancada mayoritaria, ratificó al cordobés Gonzalo Roca y suma un segundo consejero. Unión por la Patria perdió uno de los dos lugares que tenía y designó al entrerriano Guillermo Michel, del Frente Renovador de Sergio Massa, en lugar de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

La cuarta banca enfrenta a dos aliados del Gobierno. Provincias Unidas, el bloque de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) que preside la santafesina Gisela Scaglia, postuló al cordobés Juan Fernando Brügge como titular y al santafesino Pablo Farías como suplente. El PRO, que conduce Cristian Ritondo, reclama el mismo lugar para la bonaerense Florencia De Sensi, en la silla que hasta ahora ocupaba el larretista Álvaro González.

La disputa ya tuvo costo legislativo. El miércoles, los diputados de Provincias Unidas ingresaron al recinto pero no se sentaron en sus bancas, y la sesión cayó con 126 presentes, tres menos que los 129 que exige el quórum. Además del lugar en la Magistratura, el bloque reclama por la ley de biocombustibles, frenada en comisión, que afecta a las provincias productoras como Córdoba y Santa Fe.

El fondo del conflicto es la redacción de la ley. La norma establece que los presidentes de cada Cámara designan a los consejeros “a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos”. Provincias Unidas sostiene que esa letra no admite otra lectura: con 18 diputados, es el tercer bloque de la Cámara y le corresponde la segunda minoría frente a los 12 del PRO.

En la nota que elevó a Menem, el bloque advirtió que “la legitimidad de los órganos de gobierno del Poder Judicial depende también del cumplimiento de las normas que establecen su integración”, y en su entorno anticiparon que irán a la Justicia si la Presidencia de la Cámara resuelve lo contrario.

El PRO propone contar por interbloques. El interbloque Fuerzas del Cambio, que integra con la UCR, el MID, Karina Banfi y José Luis Garrido, suma 22 diputados, contra 20 del interbloque Unidos, del que forma parte Provincias Unidas. En el partido amarillo defienden además que Provincias Unidas funciona como un interbloque de hecho, con legisladores que llegaron a la Cámara por partidos distintos y que no votan de manera homogénea.

El antecedente que invoca Provincias Unidas tiene una paradoja. En 2022, el entonces jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, impugnó la designación de la radical Roxana Reyes con el argumento de que la UCR y el PRO integraban la misma alianza y no podían ocupar dos lugares distintos. El juez Martín Cormick le dio la razón, pero en marzo de 2023 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal anuló ese fallo y validó a Reyes con el criterio de bloques separados. En aquella disputa, el PRO y la UCR defendieron la lectura que hoy sostiene Provincias Unidas.

La última palabra la tiene Menem, quien a partir de este jueves debe comunicar los nombres, con la jura de los consejeros legislativos prevista para el viernes en la Corte. Si se inclina por el PRO, el caso puede terminar en tribunales, con un antecedente que Bullrich recordó en su propuesta de acuerdo: en la disputa anterior, Juez estuvo un año y dos meses sin poder asumir en el organismo.

Menem, quien promueve estas semanas una relación estrechísima con el PRO de cara al 2027, acordó con Ritondo que el lugar quede para Di Sensi. También mantuvo una reunión tras la caída de la sesión con Álvaro Gonzalez, consejero saliente y diputado de Horacio Rodríguez Larreta, quien buscaba sostener su cargo. “La Corte le dijo a Gonzalez que no iba a permitir su reelección, dos de tres lo iban a cagar”, le confiaron a El Cronista fuentes de la negociación.

Con esa disputa caída, el dilema que afronta La Libertad Avanza es si mantener su apoyo a la candidata del PRO o negociar con los gobernadores de cara a las sesiones que todavía esperan para la semana que viene y el período extraordinario. “Esperemos a la semana que viene”, se atajan desde el partido amarillo, sin certezas aún de cuál va a ser la elección.

Mientras tanto, el nuevo Consejo funciona a medias. Juraron los cuatro jueces y los cuatro abogados, y este jueves lo hicieron el viceministro de Justicia, Santiago Viola, como representante del Poder Ejecutivo, y el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, por el estamento académico. La segunda banca académica está en manos de la jueza María Servini, y sin las ocho sillas legislativas el primer plenario todavía no tiene fecha.

Con el reparto que se cerró esta semana, La Libertad Avanza tendrá tres de las ocho sillas legislativas: una en el Senado y dos en Diputados. A esos lugares se suma el viceministro de Justicia, lo que lleva al oficialismo a cuatro votos propios sobre 20. El Gobierno no logró sumar consejeros en los otros estamentos: en la elección de abogados de octubre, la lista Abogacía por la Libertad, identificada con LLA y encabezada por el concejal libertario de Vicente López Luis Palomino, obtuvo el 7,6% de los votos y quedó sin representación.

Consejo de la Magistratura - jura
Consejo de la Magistratura - juraFuente: X

Las cuatro bancas quedaron para Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, de Unidad en Defensa de la Abogacía, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene. Entre los jueces, cada una de las cuatro listas de la magistratura obtuvo un lugar, y el académico Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, llegó por el voto de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.

El peronismo contará con otros tres legisladores, dos por el Senado y uno por Diputados, y la UCR conservará uno. Si la cuarta banca de Diputados queda para el PRO, el bloque afín al Gobierno llegaría a cinco, todavía lejos de los siete que necesita para bloquear una designación y de los 14 que exige imponerla. El resto del cuerpo, con jueces, abogados y académicos, se convierte así en el terreno donde se definirá cada votación.