Kicillof va a la Corte con dos denuncias contra Milei: por qué cambió su estrategia

El gobierno de Axel Kicillof presentó este viernes un recurso ante la Corte Suprema para reclamar la restitución del Fondo Compensador que el gobierno de Javier Milei quitó a las provincias y que impactó en la suba de los boletos de colectivos. En el transcurso del día presentará una segunda demanda por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) que significó una reducción de los salarios docentes.  Buenos Aires intentó asumir esos costos pero el resto de los recortes -obra pública y compensación a las cajas previsionales- obligó a los funcionarios a cambiar de postura. 

En La Plata indicaron que, agotadas las instancias administrativas, judicializarán la quita de recursos que afectan a Buenos Aires y otros distritos. "El gobierno nacional los manoteó diciendo que eran fondos discrecionales o que simplemente los discontinuaba cuando no es legal hacer eso" dijo el propio gobernador en una entrevista con Futurock.

El bonaerense -que sigue siendo el principal adversario ideológico del Gobierno- dejó pasar la posibilidad de denunciar al Presidente y al diputado José Luis Espert por el llamado a la desobediencia fiscal. Y dilató una nueva presentación después de haber ido al máximo tribunal tras la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

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La quita de subsidios a las empresas de transporte públicos de pasajeros fue dispuesta por Nación apenas el Presidente ordenó retirar la llamada ley ómnibus del debate en el recinto de Diputados. Los gobernadores lo sintieron como una venganza aunque en el Gobierno nacional lo atribuyeron a la política de recortes planificados para lograr el superávit fiscal. 

Este viernes al mediodía el equipo legal de Buenos Aires hizo la presentación judicial para reclamar el fondo destinado al transporte. Más tarde se presenará, en un expediente por separado, el reclamo por el Fonid.

Tras el reinicio del diálogo político con gobernadores, y la convocatoria a los 24 distritos a Casa Rosada, pareció abrirse una nueva instancia de negociación. Sin embargo el Gobierno sólo convocó a los mandatarios de Juntos por el Cambio y avanzó directamente con diputados y senadores de casi todas las fuerzas políticas a excepción de la izquierda y Unión por la Patria.

Las razones del gobernador

Sin respuesta a las demandas políticas, el equipo de Kicillof decidió avanzar ante la Corte como lo había hecho a fines de febrero en reclamo por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FoFoFi). También podrían cuestionar la supresión de los ATN que se distribuían en forma discrecional entre municipios con urgencias de obras por ejemplo.

Según Kicillof, recurrirá a la Corte Suprema con "todo aquello que no corresponde que el gobierno nacional se apropie" porque es el tribunal que puede resolver los conflictos entre las provincias y la Nación.

"No lo puede resolver la política, ya lo resolvió, en el sentido de que se trata de leyes o normas aprobadas y que está incumpliendo Milei. Es un tema donde ya hay un contrato firmado, por así decir, que está incumpliendo el gobierno nacional. Hay que ir a la justicia" subrayó.

Aunque no está en estas dos nuevas presentaciones, Buenos Aires ya analiza un cuarto reclamo por los fondos de la seguridad social aunque en ese caso el ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró que hay una auditoría en marcha y reasignación de partidas. Negó el funcionario que se vaya a dejar de transferir aunque planteó que esperan antes el resultado de los auditores.

¿El DNU también se judicializa?

En cambio Kicillof esperará para llevar ante la Corte el megaDNU 70/2023. Aunque es de los dirigentes que más empujan la caída de ese instrumento que permite a Milei avanzar sobre la estructura del Estado, el gobernador bonaerense preferiría que sea la Cámara de Diputados la que lo extinga. 

Ya se votó en contra en el Senado de la Nación pero para que pierda legalidad hace falta que lo rechace también la Cámara baja. Al menos según lo dispone actualmente la ley. En caso de que así no ocurriera, podría planificar un reclamo ante la Corte.

"El mecanismo para dejar sin efecto a un DNU implica que las dos cámaras lo rechacen, pero el control de constitucionalidad, de todas maneras, queda en la Corte Suprema. Es decir, son dos instancias que no tienen una primacía sobre otra", indicó.