La provincia de Misiones adoptó una medida que acaparó la atención del sector privado. El gobierno de Hugo Passalacqua decidió suspender provisoriamente el régimen de pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos en los cuatro puestos de control fiscal ubicados en la frontera con Corrientes, conocidos por funcionar como una suerte de “aduana paralela”. El gobernador instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un esquema especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y pausar la aplicación del pago a cuenta de anticipos. Se trata de un beneficio que alcanzará a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a partir del 1° de julio de este año y por un plazo máximo de 12 meses (hasta el 30 de junio de 2027). La exclusión automática aplicará, según la normativa, para contribuyentes con anticipos menores a $ 10 millones en el ejercicio fiscal 2025. La decisión responde, en parte, a un reclamo histórico de los empresarios, dado que el cobro anticipado de Ingresos Brutos recaía sobre mercaderías, operaciones de compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito o en consignación, y servicios de transporte de cargas con origen en Misiones. Tal es así que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que la medida, publicada el lunes pasado a través del Decreto 713, “reconoce expresamente que el actual contexto macroeconómico, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa en la dinámica productiva y comercial de la provincia, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas”. Desde el sector valoraron la decisión de la administración de Passalacqua. “La medida evita burocracia y trastornos a empresas proveedoras que abastecen a la economía misionera y a empresas de todo el país, que debían inmovilizar capital por anticipos cuya recuperación resultaba, en la práctica, compleja y prolongada”, sostuvieron. Aun así, la suspensión del cobro anticipado del impuesto es provisoria. Si bien es un avance parcial, para el sector el trasfondo del problema sigue siendo el mismo: la acumulación de los saldos a favor. A modo de ejemplo, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió en un informe que, hasta el 31 de marzo de 2025, Misiones era la provincia que mayor cantidad de saldos a favor concentraba. El documento destaca que, junto a Catamarca, se encuentra en un “estado crítico”: en ambos distritos, más del 25% de las compañías tiene un saldo acumulado que no puede recuperar. Ante este panorama, desde CAME sumaron otro reclamo clave: esperan que la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda “establezca también mecanismos concretos y accesibles para la compensación o devolución de los créditos fiscales existentes”. La estructura normativa y operativa que dio origen a este régimen de anticipos sigue en pie. Sólo se modifica una de sus manifestaciones más visibles —el cobro en ruta—, pero no el esquema en sí mismo. “Desde el punto de vista económico, esto implica que la provincia mantiene intacta su lógica de recaudación anticipada, que ha sido objeto de críticas por su impacto en el capital de trabajo de las empresas. La suspensión parcial puede mejorar la liquidez en el corto plazo, pero no resuelve el problema estructural: la acumulación de saldos a favor y la distorsión en la cadena de pagos”, advirtió Daniel Ricardo García, socio de LexTax Advisory y especialista en Derecho Tributario. García, quien reside en Misiones, conoce de lleno cómo funciona este mecanismo y de qué manera incide en la rentabilidad de las empresas. “Mientras que las PyMEs reciben algún alivio, los grandes contribuyentes continúan alcanzados por el régimen. Esto genera un sistema dual que, lejos de simplificar, puede profundizar asimetrías competitivas dentro del propio mercado”, señaló. En definitiva, la decisión oficial no modifica en absoluto el esquema tributario de Misiones. La clave, según el especialista, radica en contemplar una revisión integral de los regímenes de percepción y retención que afectan la competitividad y la previsibilidad fiscal.