La jueza federal Sandra Arroyo Salgado trazó un diagnóstico crítico sobre el estado de la justicia y el avance del crimen organizado durante su exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires. Allí, apuntó contra la corrupción en los tres poderes del Estado, en la sociedad civil y en los partidos políticos sin distinción. Arroyo Salgado, hoy jueza penal de San Isidro, expuso en el Hotel Libertador cómo invitada de su reunión ordinaria del mes de mayo. El salón, colmado de socios, mantuvo silencio mientras la magistrada disertó y luego comentaron en diálogo con El Cronista que pocas veces se escucha con tanta atención a un invitado. En este sentido, Arroyo Salgado trató como eje central la corrupción, pero también se refirió al caso Nisman y dejó clara una tensión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La magistrada definió a la corrupción como un fenómeno estructural que atraviesa a todo el sistema político e institucional. “La corrupción no escapa a ninguno de los tres poderes del Estado y está enquistada en los distintos estamentos de las instituciones”, afirmó la funcionaria pública. Asimismo, agregó el rol clave de la sociedad civil en el armado de dicha estructura. “Para que haya un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”, afirmó. En ese sentido, la magistrada aseguró que este fenómeno “no escapa al color político de ningún gobierno” y agregó que este crimen se vincula directamente con otras formas de criminalidad organizada. “El narcotráfico genera recursos, el terrorismo los utiliza y la corrupción garantiza su circulación”, explicó, al describir una convergencia que, a su criterio, constituye uno de los mayores desafíos del país. Arroyo Salgado también apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial frente a estos delitos. En esta línea, aseguró que existe una “gran deuda” en la capacidad de investigar y sancionar del Poder Judicial para esquemas tradicionales y cuestionó la falta de eficacia en causas de corrupción, narcotráfico y terrorismo. En ese marco, subrayó que la clave para revertir esta situación está en los procesos de selección de magistrados. “Para mí la clave está en la designación, en los procesos de selección de personas, por sobre todas las cosas honestas, y que las reformas que se están promoviendo para los procesos de selección de magistrados contemplen la honestidad. Es fundamental priorizar la honestidad y la capacidad de ejercer el poder sin desviaciones. No todos están preparados para tener poder”. El segundo eje de su exposición se centró en la problemática del delito digital y su vínculo con el sistema penitenciario. Allí, Arroyo Salgado planteó una crítica directa a la provincia de Buenos Aires. Según explicó, gran parte de las estafas, extorsiones y delitos virtuales se cometen desde cárceles, a partir del uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad. “Hoy llegamos a la situación de personas que están detenidas y que desde la cárcel pueden seguir cometiendo una cantidad indeterminada de delitos”, señaló y agregó que esto desnaturaliza la pena privativa de la libertad. En ese marco, cuestionó que el uso de celulares en el sistema penitenciario bonaerense sea una práctica extendida “sin respaldo normativo ni jurisprudencial”. Según aseguró la funcionaria, a partir de investigaciones se solicitó formalmente al Ministerio de Justicia provincial que haga cesar esa situación, que impulse reformas legales y que se instalen inhibidores de señal. Además, Arrroyo Salgado planteó una diferencia de criterio con el gobierno provincial sobre la dependencia del sistema penitenciario. La magistrada consideró que Axel Kicillof debería pasar el sistema penitenciario bonaerense a la órbita de Seguridad, como ocurre a nivel nacional. “La lógica indica que es la seguridad dentro de la cárcel y también fuera de la cárcel”, explicó. Durante la última parte de su disertación, la funcionaria judicial retomó el caso Nisman y lo definió como uno de los hechos de mayor impacto institucional en la Argentina reciente. La magistrada, que fue expareja del fiscal fallecido, recordó que Alberto Nisman investigaba el atentado de la AMIA antes de morir y que había denunciado encubrimiento vinculado al memorándum con Irán. En este sentido, Arroyo Salgado aseguró que la investigación de su muerte era tapada por un “pacto de impunidad” y aseguró que su deceso implicó “el avasallamiento más grande a la soberanía judicial”. “Se pudo determinar que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato”, aseguró. Sin embargo, marcó un límite claro sobre las posibilidades de llegar al fondo del caso. “No quiero ser pesimista, pero sí realista, es difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, sostuvo. Aun así, afirmó que sí se podrían determinar los partícipes. “Hay trascendidos que (apuntan) a que sin duda tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”, arrojó la funcionaria.