Mientras desde algunos sectores aseguran que el proyecto de ley de Tierras Rurales “habilita la extranjerización sin límites” y rechazan la iniciativa que impulsa Federico Sturzenegger, titular de la carera de modernización del Estado, técnicos aseguran que puede ser la “llave” para agregarle valor a las exportaciones. El Poder Ejecutivo anunció que en los próximos días remitirá al Congreso de la Nación un paquete de reformas legislativas orientadas a “fortalecer la propiedad privada”. Entre las iniciativas figura la ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo. La norma fue derogada en diciembre de 2023 por el decreto 70 del presidente Javier Milei, aunque su aplicación quedó suspendida por una decisión judicial. Mientras el Poder Ejecutivo prepara un paquete de reformas orientadas a fortalecer la propiedad privada, el sector agroindustrial comienza a mirar más allá del viejo fantasma de la “extranjerización” para enfocarse en un concepto pragmático: la capitalización profunda del suelo argentino. Según Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, el debate legislativo sobre la normativa de tierras rurales abre una oportunidad histórica al propiciar la inversión extranjera que permite financiar la transformación tecnológica que el productor local hoy no puede costear por sí solo. A pesar de los temores históricos “comprensibles” que sugieren un avance desmedido de capitales externos sobre el territorio nacional, los números del mercado inmobiliario rural dan cuenta de otro escenario. Nordheimer, señalo que hoy el protagonismo es abrumadoramente local, ya que el 95% de las operaciones de compraventa son realizadas por argentinos. El pequeño margen restante suele estar representado por extranjeros que ya poseen vínculos previos con el país, lo que desmitifica la idea de un desembarco masivo e impredecible. “No es que vinieron de la nada a comprar”, agregó. En contraste, sectores que representan a pequeños agricultores como la Mesa Agroalimentaria Nacional rechazan de plano la modificación. En concreto alertan por competencia desleal; especulación financiera y riesgos en el acceso a alimentos. En tanto, las entidades que conforman la Mesa de Enlace coincide en la necesidad de desregular y atraer inversiones, pero presentan matices. Para la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la visión es mayoritariamente favorable a la flexibilización. “Siempre estuvimos en desacuerdo con la limitación a extranjeros ya que es absurdo; la inversión puede venir acompañada de un proyecto productivo clave para desarrollar el interior”, explicó Pablo Ginestet, directivo de CRA, aunque aclaró que habrá que ver las propuestas finales. En tanto, Federación Agraria Argentina (FAA) y, en menor medida, Coninagro que representan a pequeños y medianos productores, cooperativas y economías regionales, moderan el entusiasmo. La verdadera importancia de esta reforma no reside simplemente en la titularidad de las hectáreas, sino en el potencial de desarrollo que el capital internacional puede desbloquear. Argentina posee condiciones agroclimáticas envidiables, pero se enfrenta a un cuello de botella financiero persistente. Para dar el salto de ser un exportador de materias primas básicas a un proveedor de valor agregado, el país necesita lo que los expertos denominan “capital paciente”: fondos dispuestos a esperar largos ciclos biológicos antes de ver un retorno. “Los extranjeros que llegan lo hacen con capital fresco y con la idea de obtener una renta. Muchas veces esperan un 3,5% anual, pero el campo argentino puede rendir más", aseguró el especialista. “Además -continuó-, esas inversiones demandan mano de obra, técnicos, infraestructura y generan un círculo virtuoso que agranda la torta productiva. Eso nos puede llevar a dejar de ser meros exportadores de granos para pasar a exportar valor agregado”. Como ejemplo, de productos que pueden diversificar la oferta exportable local, el analista mencionó pistachos, almendros y nogales. El riego y la implantación de cultivos permanentes requieren desembolsos significativos: entre u$s 15.000 y u$s 25.000 por hectárea en el caso de pistachos o nogales, y entre u$s 3000 y u$s 4000 por hectárea en forestales. “ Para un productor mediano en el contexto actual, afrontar estos costos y tiempos de espera resulta una misión casi imposible debido a la falta de crédito de largo plazo. Sin embargo, para los fondos de inversión globales especializados en agronegocios, estas cifras representan una inversión manejable y estratégica dentro de sus carteras. “Los grandes fondos institucionales que pueden venir a la Argentina no trabajan solos: se asocian con administradores y productores locales. No traen todo su equipo de afuera, sino que buscan alianzas con actores argentinos", contó y destacó que “eso asegura que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional”.