RESERVAS DEL BCRA

Importaciones: empresas de consumo masivo en la mira por sobrefacturación y lavado de activos

La Justicia argentina comenzó a intercambiar información con la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Además, la IGJ habilitó que se investigue a las personas que conformaron las sociedades denunciadas por la Aduana por "alquiler" de cautelares.

Para fortalecer las reservas del Banco Central, con la unificación de las secretarías de Comercio, el Gobierno auditará con lupa las compras y ventas de las empresas de consumo masivo en el exterior. En julio, pese al refuerzo de las restricciones, las importaciones representaron uSs 8.000 millones, de los cuales unos $2.000 millones se utilizaron para cubrir la demanda de energía.

Entre los u$s 6.000 millones restantes, según estimaciones privadas, un 25 % responde a acciones irregulares, como la sobrefacturación de bienes o el simple fraude a partir de ingresar mercadería "chatarra" o sin valor de reventa.

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Durante su primer informe de gestión al frente de Economía, Sergio Massa detalló que la DGA-AFIP había registrado "mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones"; dijo que son 722 las empresas que están siendo informadas y advirtió que iba a iniciar el intercambio de información de los implicados con EE.UU.

 "Que el Estado dé ventajas no significa que sea bobo; desde la Aduana denunciamos a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares", agregó Massa el último miércoles en la Exposición AOG Patagonia 2022.  

Desde la Aduana asumen que las maniobras irregulares crecen en momentos de mayor brecha cambiaria

Si bien desde la oficina que conduce Guillermo Michel explican que este tipo de operaciones crecen en momento de mayor brecha cambiaria, en los últimos meses salieron a la luz casos puntuales de sociedades que utilizan recursos judiciales como el pedido de medidas cautelares o recurren a acciones irregulares, de forma sistemática.

Las maniobras a las que se refirió inicialmente la vicepresidenta Cristina Kirchner representan un daño para el Estado de casi u$s 1.000 millones, al recurrir a dólares del Banco Central, no por una demanda real de insumos para la producción -según los criterios que define la Secretaría de Comercio, en línea con la política de comercio exterior que define el Gobierno-, sino con el fin de acceder a "dólar barato" en el mercado formal.

CASO TESTIGO

Uno de los casos que se volvió emblema por la cesión de cautelares es el de la sociedades anónimas YOKO y Tropea, dedicadas a la comercialización e importación de productos de marroquinería.

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Tras las denuncias, la Inspección General de Justicia (IGJ), dispuso iniciar acciones judiciales y confirmó que el Juzgado Federal Contencioso Administrativo 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negri, ordenó liberar las mercaderías para poder importarlas sin cumplir con el procedimiento SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). Luego, Yoco transfirió los efectos de esa medida a Tropea obligando al Banco Central a girarle los dólares correspondientes para el pago a valor oficial.

Las inspecciones efectuadas en la sede social inscripta revelaron que en el lugar nunca funcionó ni estuvo instalada la sociedad cuyos socios son Marcelo Portnoy y Silvia Sofía Cabuli, según informaron desde la IGJ y agregaron que en el domicilio declarado funciona un local de delivery de productos de sushi.

Mediante la Resolución N º 967, este viernes, la IGJ reveló que se trata de una sociedad fantasma, comúnmente denominada "sociedad desaparecida", lo que hace imposible su ubicación para terceros y para cualquier organismo que pretenda controlarla y solicitó ante la Justicia Comercial la declaración de nulidad de dicha sociedad, por considerar que la misma ha realizado actividades ilícitas.

Por su parte, respecto a Tropea, indicó que es una sociedad constituida en el año 1989, cuyos estados contables carecen de toda credibilidad, ya que la certificación de auditor externo consiste en lo que se denomina "certificación literal", que se encuentra prohibida por la IGJ.

Desde el organismo de justicia que dirige Ricardo Nissen, se le requirió la exhibición de la totalidad de sus libros societarios, para estudiar la regularidad de la actuación de sus órganos sociales, pero según adelantaron, la existencia de "certificaciones literales" de sus balances crea una fuerte sospecha en perjuicio de la legalidad de la actuación externa e interna de dicha sociedad.


Lavado de activos

En paralelo, la justicia argentina avanza con las denuncias de la Aduana y se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos (Fincen) para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

"Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud de la denuncia iniciada con fecha 23 de junio del corriente, por el Departamento Valoración y Comprobación Documental de Importaciones de la DGA-AFIP", señala el documento judicial.

La denuncia es "por el presunto contrabando de importación, agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones, y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de aquellas actividades ilícitas".

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Todos ellos "habrían aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado -de forma indebida- divisas al exterior", añade el texto.

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