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La caída en el Senado de la reforma a la Ley de Tierras alteró la estrategia legislativa del Gobierno y redujo la influencia de Federico Sturzenegger en las negociaciones. Sin embargo, voces del oficialismo confirmaron que el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades sigue en carrera y que se negocian cambios clave para poder conseguir el dictamen final que lo lleve al recinto.
El congelamiento de Sturzenegger en el Congreso no es ningún secreto, aun así, la nueva Ley General de Sociedades está encaminado y es Patricia Bullrich quién se encarga de caminarlo en los pasillos del Congreso.
Voces allegadas al bloque aseguraron que se trabaja sobre una serie de modificaciones para conseguir el acompañamiento de los senadores aliados y avanzar con el dictamen en la Comisión de Legislación General.
Según pudo saber El Cronista, el principal cambio acordado hasta el momento apunta a las denominadas sociedades automatizadas, una de las novedades más disruptivas del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.
La nueva redacción establecerá que esas estructuras deberán contar con responsables humanos identificables, aun cuando parte de su funcionamiento y de sus decisiones quede en manos de algoritmos o agentes de inteligencia artificial.
La modificación busca responder a las dudas planteadas por los bloques dialoguistas acerca de quién deberá asumir las consecuencias jurídicas de una decisión adoptada de manera automatizada. La condición que llevaron a la mesa de negociación fue que la utilización de inteligencia artificial no permita diluir las responsabilidades detrás de un programa informático o del patrimonio de la propia sociedad.
El texto original define como sociedad automatizada a aquella que desarrolla su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. Además, obliga a dejar constancia de esa condición en el estatuto y a incorporar la expresión “Automatizada” en su denominación.
Sin embargo, en materia de responsabilidad, el artículo 14 solamente establece que la sociedad responde con su patrimonio frente a terceros por los daños ocasionados por esos sistemas o agentes. La corrección que impulsa Bullrich incorporará una responsabilidad humana más concreta detrás de la estructura tecnológica.
En el oficialismo aclararon que el cambio no fue impuesto contra la voluntad del autor de la iniciativa. Por el contrario, Sturzenegger habría estado de acuerdo con la modificación y participó de la elaboración de la nueva redacción, de acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones.
De esta manera, el bloque que conduce Patricia Bullrich busca mostrar que la negociación no supone abandonar el corazón de la reforma, sino introducir una garantía adicional para asegurar los votos.
La intervención del ministro también representa una diferencia respecto de lo ocurrido con la Ley de Tierras. En aquella oportunidad, la resistencia a aceptar cambios terminó dejando al oficialismo sin los respaldos necesarios. Ahora el oficialismo busca anticiparse a las objeciones de los aliados y cerrar un texto consensuado antes de poner el proyecto a la firma.
La negociación todavía no terminó, pero en La Libertad Avanza sostuvieron que la iniciativa avanza por buen camino.
Qué propone la nueva Ley General de Sociedades
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone reemplazar de manera integral la Ley 19.550, vigente desde 1972. El tratamiento comenzó el 24 de junio en la Comisión de Legislación General, donde expusieron Sturzenegger, la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, y el titular de la Inspección General de Justicia, Alejandro Ramírez.
La iniciativa tiene 277 artículos y busca flexibilizar el funcionamiento de las sociedades, reducir las instancias burocráticas y adaptar el régimen a la economía digital.
Entre sus principales lineamientos aparecen una mayor autonomía para que los socios definan las reglas internas, la simplificación de los trámites registrales y la utilización de firmas, domicilios, libros y documentos electrónicos.
También crea un Registro Nacional de Sociedades instrumentado mediante una plataforma digital y obliga a los registros públicos de las distintas jurisdicciones a ofrecer trámites electrónicos y de acceso remoto. El proyecto fija un plazo de hasta dos años para implementar los libros digitales, con la posibilidad de una prórroga de un año.
Otro de los cambios centrales es la reformulación del capital social. La propuesta considera que el capital nominal no constituye por sí mismo una garantía suficiente para los acreedores y desplaza esa protección hacia el patrimonio efectivo, la solvencia, la liquidez y la responsabilidad de quienes actúan en nombre de la sociedad.
A la vez, habilita aportes mediante activos digitales, derechos, créditos y otras prestaciones con valor económico.
La reforma incorpora instrumentos convertibles, opciones de suscripción y mecanismos de financiamiento pensados para startups y empresas en etapas tempranas. Además, permite una mayor utilización de sociedades unipersonales, integra las Sociedades por Acciones Simplificadas al régimen general y admite reuniones presenciales, remotas o mixtas.
Dentro de las nuevas figuras aparecen las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas, conocidas como DAO. Estas estructuras podrán organizar su gobierno, sus operaciones y la distribución de beneficios mediante protocolos informáticos o contratos inteligentes. Sus participaciones podrán representarse mediante tokens o fichas criptográficas y las operaciones deberán contar con trazabilidad.
A diferencia del régimen general previsto originalmente para las sociedades automatizadas, las DAO ya deben designar a una o más personas humanas como representantes legales.
