El Gobierno avanza con la aprobación de la reforma de la Ley de Sociedades, que cuenta entre sus artículos con la novedosa constitución de las Sociedades Automatizadas, regidas por la Inteligencia Artificial. Los especialistas oscilan entre la intriga y el desconcierto, mientras algunos advierten por riesgos en seguridad.
Los abogados que asisten a las empresas en sus gestiones aseguran que la reforma de la Ley de Sociedades era necesaria y que el texto beneficia a las compañías, al simplificar múltiples trámites y permitir trabajos a distancia, agilizar los plazos administrativos y, en última instancia, reducir también sus costos.
La postura no es tan unánime sobre la inteligencia artificial y las nuevas figuras, sobre las que coinciden que hacen falta definiciones más detalladas sobre alcances.
Las Sociedades Automatizadas son aquellas que no necesitan trabajadores para sus operaciones cotidianas, mientras que también crea las Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO) que basan sus decisiones en una gobernanza descentralizada a través de blockchain.
Ante el Congreso, el impulsor de la reforma y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que esto incluye a las sociedades que tengan la gestión de la empresa hecha por robots o inteligencia artificial, pero que será un subtipo de sociedad anónima para mantener las obligaciones y restricciones de las compañías.
“La gestion operativa de la sociedad no la hace un humano”, sintetizó Sturzenegger, y agregó que en las DAO la administración de la sociedad se hace a través de inteligencia artificial, pero que podría tener humanos para la gestión de la tarea.
Alejandro Ramírez, inspector general de Justicia, agregó que el texto solo contempla las sociedades en las que se identifiquen sus socios o beneficiarios finales, para respetar normas generales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), agrupación dedicada a combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo.
Los abogados que asesoran empresas todavía esperan más detalles. Christian Fox, abogado de Allende & Brea y director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que el proyecto pretende crear un marco menos restrictivo que el actual pero que “hay que ver su aplicación práctica”.
Lo bueno, sumó, es que “aceptar el hecho de que es cada vez mayor la cantidad de sociedades comerciales que tienen conformado su patrimonio en activos virtuales” y que reconoce que son cada vez más las empresas que gestionan ramas con recursos de inteligencia artificial y smart contracts.
Marcelo David, abogado del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, planteó que la figura atiende a negocios que se vienen dando, de compañías que operan casi sin seres humanos, sobre todo el blockchain, fintech y billeteras.
“El proyecto les ofrece vehiculizar estos negocios con personas jurídicas más adecuadas a su tipología”, marcó David, aunque planteó que habrá que ver las reglamentaciones pendientes de la Inspección General de Justicia o la Comisión Nacional de Valores, “sobre todo cuando haya captación de ahorro”.
Otros aspectos que deberán tener mayores definiciones, Fox resaltó que las sociedades automatizadas deben avisar al público cuando son 100% operadas por agentes autónomos, pero que no debe darse alerta si se aplica en un porcentaje inferior.
Respecto de las DAO, Fox consideró que resta ver en la práctica quienes serán sus primeros usuarios “porque, a primera vista, presenta restricciones para la emisión y transferencia de tokens, al exigir información de todos los tenedores”. También restará analizar el funcionamiento de la compañía, más allá de la etiqueta tecnológica: “Legalmente se mirará la sustancia económica y la protección de derechos de sus miembros”.
Fox aseguró que recibieron consultas a nivel local, principalmente para nuevos emprendimientos ya que, consideró, podrían facilitar que las inversiones se canalicen con estas nuevas figuras societarias. David sostuvo que no recibieron aún consultas, pero que atiende a algo que ya ocurre.
Desde un estudio especializado en la instalación de corporaciones en la Argentina miran con desconcierto el anuncio. No solo no tienen demanda o consultas de sus clientes sobre la nueva figura, sino que también mantienen dudas sobre el riesgo que puede implicar en materia de seguridad, sobre todo dadas las vulnerabilidades informáticas que persisten en el país.
Una especialista que se interiorizó en la reforma cuestionó por qué Argentina debería ser la pionera en una figura que desconocen cómo funcionará en los aspectos societarios, más allá de los productivos, algo que ve que ocurre en ramas de empresas que podría extenderse. En síntesis, planteó que siempre y en todo concepto los aspectos legales de las sociedades tienen como terminal última a una persona, algo que, consideró, no queda claro en la figura que impulsa el oficialismo.
En materia de riesgos, David sostuvo que es importante saber quién es el responsable final y dónde se radica la compañía, sobre todo para agilizar reclamos, y agregó que los riesgos se concentran en el perjuicio al inversor o empresas que generen engaños. Para ilustrar, citó el caso de una wallet desarrollada por argentinos que tuvo problemas y se conoció que estaba registrada en Gibraltar: “La idea acá es encontrar un vehículo jurídico que brinde seguridad al desarrollador y también saber a quién le podemos reclamar en el caso de que algo no funcione como corresponde o se generen daños”.
