IFE para todos: los K y aliados arrinconan al Gobierno con un proyecto polémico

Pretenden establecer una transferencia monetaria de casi $ 13.000. Como contrapartida, exigirán terminar la escuela o realizar actividades de formación. En el Ejecutivo rechazan avanzar con esta propuesta.

En una seguidilla de acciones dirigidas a correr el eje de la agenda oficialista, los aliados del kirchnerismo que hoy pululan dentro del Frente de Todos darán esta semana otra señal dirigida a condicionar la agenda del Poder Ejecutivo para obligarlo a dar discusiones de cara a la sociedad que no encontraron eco suficiente en el debate interno.

Con una notoria preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la rampante inflación y la regresiva redistribución del ingreso, con un mayor impacto sobre trabajadores informales, varios oficialistas presentarán este martes un proyecto de ley en la cámara de Diputados para instaurar un Salario Básico Universal, hoy por hoy calculado en $ 12.900, equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que estipula el Indec

La presentación, prevista para el martes a las 10 en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, llega luego de que el expresidente del bloque oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, arremetiera con un proyecto para forzar el adelantamiento de las cuotas del salario mínimo, que este lunes encontró eco favorable en el ministro de Economía, Martín Guzmán

También la semana pasada, el kirchnerismo en el Senado pidió aprobar una moratoria previsional, sin el aval técnico del Palacio de Hacienda. Y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, expuso desde Chaco y sin medias tintas los desencuentros que tiene con el equipo de Alberto Fernández. En el mismo sentido, parte de la coalición parece dirigida a ventilar las discordias y exponer, ante la sociedad y ante su base de sustentación política, quiénes son los responsables de que ciertas iniciativas no avancen.

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El salario básico es una idea que los sectores con mayor representación popular del oficialismo empujan desde 2020 cuando el Gobierno discontinuó la ayuda económica a los sectores más perjudicados por el confinamiento dispuesto para frenar la propagación del coronavirus. Entonces, se pretendía forzar al Ejecutivo a prolongar indefinidamente algo así como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se había entregado a casi 9 millones de personas.

En el Gobierno le cerraron la puerta al "IFE permanente" hace tiempo. A juicio de varios ministros del gabinete económico, no hay margen fiscal para ampliar subsidios, al tiempo que una política del estilo no es propicia en un país que tiene margen para crear puestos de trabajo.

Los promotores del salario básico universal visitaron a Fernández en diciembre pasado. No encontraron eco.

Presentación y quejas

La iniciativa corre a cuenta de los tres legisladores del Frente Patria Grande, cuyo referente es el dirigente social Juan Grabois. Los parlamentarios Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli anticiparon que el salario básico viene a cuenta de las "consecuencias de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza". 

Como contrapartida de esta asignación dineraria que se pretende y que cada grupo familiar podría recibir por partida doble,  los beneficiarios deberían acreditar anualmente la realización de estudios primarios o secundarios con vistas a la terminalidad educativa; talleres de formación profesional y capacitación laboral, orientación laboral, búsqueda de empleo o de orientación al trabajo independiente, entrenamientos para la profesionalización del trabajo doméstico, o desarrollar "actividades sociocomunitarias".

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Zaracho, que antes de llegar al Congreso era cartonera, anticipó que esta medida "podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día". Fagioli, en tanto, reclamó "políticas redistributivas"

"Un salario básico universal que equivalga al valor de una Canasta Básica Alimentaria no sólo nos permitiría terminar con la indigencia, sino también avanzar hacia la justicia social", dijeron en la antesala los promotores del proyecto, a los que se sumaron como firmantes los kirchneristas Carlos Selva, Mara Brawer, Mónica Macha, Hugo Yasky y Jose Pablo Carro, y los diputados piqueteros Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, entre otros.

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