El financiamiento que durante más de dos décadas sostuvo a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) llega a su fin. El Gobierno eliminó los aportes obligatorios que pagaban bodegas y productores, con una incidencia menor a $ 1 por litro, pero extendida a toda la cadena. La medida se formalizó a través de una resolución de la Secretaría de Agricultura publicada en el Boletín Oficial, que fija un plazo de tres meses para cerrar el esquema vigente. En ese período, la entidad deberá presentar un informe final con el detalle de lo actuado, el uso de los fondos, el grado de cumplimiento de los objetivos y el estado de los recursos disponibles. Tras la publicación, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X, definió el esquema como un sistema en el que “el Estado recaudaba para privados” y cuestionó el carácter obligatorio de los aportes. Según planteó, las contribuciones financiaron durante años a una entidad del propio sector sin pasar por el gasto público. Los aportes se cobraban sobre distintos tramos de la actividad. Alcanzaban la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización de vino y mosto, además del ingreso de uva a los establecimientos. En una caja de vino de $ 2500, el cargo rondaba los $ 0,49 por litro; en una botella de $ 5957, cerca de $ 0,87. Aunque el impacto por unidad era bajo, el alcance era generalizado y obligatorio para todos los establecimientos. Ahora, con la medida, Coviar deja de percibir esos ingresos. Los recursos que queden disponibles serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), mientras que la entidad continuará funcionando, pero sin la caja que sostenía su operación. Coviar se creó a comienzos de los 2000 como un espacio de coordinación entre el sector público y privado y quedó a cargo de impulsar distintas iniciativas vinculadas al desarrollo de la actividad vitivinícola. El esquema ya venía bajo cuestionamiento. En 2025, el tema llegó al Congreso con un proyecto para derogar la Ley 25.849, que dio origen a Coviar. La iniciativa, impulsada por el diputado Damián Arabia, apuntaba directamente al carácter obligatorio del aporte que debían pagar todos los establecimientos vitivinícolas. El planteo se centraba en el esquema de financiamiento. La ley establecía contribuciones sobre la producción y comercialización que eran recaudadas de manera obligatoria, incluso en el caso de empresas que no participaban de la entidad. Ese punto fue el eje de la discusión. En ese momento, Bodegas de Argentina se manifestó a favor de revisar el sistema y recordó que no participaba de Coviar desde 2019. La cámara cuestionó el funcionamiento de la entidad y señaló que, aun sin integrar la institución, las empresas debían seguir aportando por ley. También advirtió que los atrasos en los pagos podían derivar en restricciones operativas. Desde Coviar rechazaron esas críticas y defendieron el esquema. Su presidente en aquel entonces, Mario González, sostuvo que el aporte representaba un porcentaje bajo dentro de la actividad y que permitía sostener una planificación estratégica para el desarrollo del sector. La resolución parte de que los aportes obligatorios estaban directamente vinculados al Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), que fue creado con un objetivo y un plazo concreto. Ese programa establecía como fecha de cierre el año 2020, con metas de producción, exportaciones y posicionamiento internacional del vino argentino. Según el criterio oficial, una vez cumplido ese plazo, el esquema de financiamiento que lo sostenía también debía darse por terminado. En ese marco, el Gobierno sostiene que no correspondía seguir cobrando aportes asociados a un programa que ya había finalizado. En paralelo, el ministro de Desregulación también cuestionó los resultados del esquema. Señaló que, pese a los recursos acumulados a lo largo de los años, los objetivos de exportación y participación en el mercado internacional no se cumplieron. También indicó que el sistema implicó transferencias por cientos de millones de dólares desde su creación. A partir de ahora, cualquier continuidad de las actividades de la entidad quedará sujeta a aportes voluntarios. El cambio modifica el esquema bajo el cual se financiaban las acciones de promoción y coordinación del sector, que durante años funcionaron con este sistema.