El Gobierno nacional formalizó este martes la aprobación de dos importantes acuerdos de garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto total de u$s 1750 millones. Lo hizo a través de los decretos 549 y 550, publicados en el Boletín Oficial.
Según los documentos oficiales, el Ejecutivo pretende respaldar financiamiento destinado a la lucha contra el crimen organizado y al fomento del empleo privado.
Las operaciones, que llevan las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli, buscan asegurar “condiciones de financiamiento más favorables”.
Apoyo para la seguridad y justicia
Mediante el Decreto 549/2026, se aprobó el contrato de contragarantía con el BID por hasta u$s 550.000.000. Estos fondos están vinculados al “Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina (PROSEJUS)”, que apunta principalmente a reducir la impunidad en delitos vinculados a organizaciones criminales.
La medida consiste en una garantía parcial de crédito que permite al país acceder a préstamos comerciales con un costo financiero estimado inferior al de los bonos soberanos en el mercado. La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación y ejecución de este programa.
Impulso al sector privado y empleo
Por otro lado, el Decreto 550/2026 ratificó un Acuerdo de Indemnidad con el BIRF, entidad del Grupo Banco Mundial. En este caso, la garantía basada en políticas (PBG) asciende a u$s 1.200.000.000.
El objetivo de este programa es mejorar el entorno empresarial y promover la inversión privada, el comercio y la creación de puestos de trabajo. Al igual que en el acuerdo con el BID, la Oficina Nacional de Crédito Público destacó que esta operatoria está asociada a créditos comerciales en proceso de implementación con costos competitivos.
Según precisaron, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), realizó el dictamen sobre ambas operaciones e informó que estas contragarantías no proyectan impactos inmediatos en la Balanza de Pagos (ni en la cuenta corriente, ni en la financiera).
El registro de flujos solo contemplará “pagos contingentes” —ya sea por intereses o amortizaciones— únicamente en el caso de que las garantías lleguen a ejecutarse.
Así, el Ministerio de Economía queda facultado para suscribir la documentación final y realizar las modificaciones necesarias, siempre que no alteren el objeto principal ni incrementen los montos estipulados.
