El Club Político Argentino, durísimo contra el gobierno de Formosa

"La plena vigencia de la democracia, la libertad y los derechos humanos en un país federal requiere que estos sean respetados no solo por el gobierno nacional, sino también por todos sus gobiernos provinciales y municipales", planteó en un comunicado.

La sociedad de intelectuales presidida por Graciela Fernández Meijide emitió un durísimo comunicado criticando el manejo de la provincia de Formosa y su gobernador, Gildo Insfrán; quién se encuentra en el poder desde 1995, ante la pandemia del coronavirus.

Formosa viene siendo señalada hace ya meses por sus duras medidas de contención del virus: el cierre de fronteras, que dejó a individuos varados sin poder regresar a sus hogares, y la existencia, según denuncia la oposición, de centros aislamiento del virus en los que se retiene, siempre según esas denuncias, en condiciones inhumanas de hacinamiento a casos con resultado ya negativo.

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Frente a la polémica, el senador radical Luis Naidenoff presentó un habeas corpus a la Justicia en el que declara que en los centros de aislamiento formoseños no se cumplen la "privacidad, intimidad, higiene y salubridad, ni las recomendaciones del ministerio de Salud de la Nación", denegando así derechos humanos básicos.

Esta denuncia será tratada por la Justicia Federal, tal como lo determinó el máximo tribunal penal. La petición de Naidenoff será tratada por la jueza federal de Formosa, María Belén López Mace.

En este marco, el comunicado del Club Político Argentino (CPA) criticó duramente la situación en la provincia, la cual considera que "no se trata de un hecho aislado" de abuso de poder al recordar la situación previa de cierre de fronteras que generó polémica y provocó los primeros cuestionamientos en torno al respeto de los derechos humanos en Formosa.

"La plena vigencia de la democracia, la libertad y los derechos humanos en un país federal requiere que estos sean respetados no solo por el gobierno nacional, sino también por todos sus gobiernos provinciales y municipales", plantea el comunicado, y continúa: "La gravísima violación de los derechos y libertades de numerosos/as ciudadanos/as en Formosa saca a la luz la naturaleza autoritaria del régimen que el gobernador Gildo Insfrán encabeza hace un cuarto de siglo".

Frente a este planteo, el CPA ejemplificó también con la situación de la Comunidad QOM en la provincia y recordó la muerte de Roberto López en 2010 debido a la represión policial. Volviendo al presente, planteó que "la provincia denegó el derecho a regresar a sus hogares a numerosos formoseños e impuso el aislamiento obligatorio en centros provinciales", no permitiendo el aislamiento de los afectados, especialmente los asintomáticos, en sus hogares.

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El club de figuras representantes de la cultura, la ciencia y la política critica la falta de intromisión en la situación del gobierno nacional, el oficialismo y una variedad de organizaciones de la sociedad civil que, según el comunicado, "se embanderan en el respeto de los derechos humanos, pero callan vergonzosamente sobre Formosa".

Aquí golpearon con fuerza a las figuras de Horacio Pietragalla, el Secretario de Derechos Humanos, "que demostró gran empeño en conseguir el beneficio de prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, pero hasta ahora calla". El Club Político Argentino también apuntó contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

Para continuar, el CPA recuerda el régimen de los Saadi en Catamarca y de Carlos Juárez en Santiago del Estero, el cual poseía "tenebrosas conexiones con la dictadura militar a través de su jefe de la policía política provincial, Antonio Musa Azar, condenado por delitos de lesa humanidad durante los 70".

"Todos los autoritarismos encuentran justificadores y justificaciones, siempre falaces y malintencionadas".

El organismo, liderado por Fernández Meijide, compara al gobierno de Insfrán con estos y denuncia que este "ha conseguido superarlos en duración, hegemonía y excesos". Recuerda también los casos de María Soledad Morales en Catamarca o el de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba en Santiago del Estero y se pregunta si otro asesinato vinculado al poder provincial será necesario "para que las autoridades nacionales cesen en su actual complicidad y actúen en defensa de los derechos de los formoseños".

Finalmente concluye recordando que desde 1983 el PJ gobierna Formosa y que Insfrán, en el poder desde 1995, ha logrado establecerse un cuarto de siglo gracias a la cláusula de reelección que él mismo impulsó.

"Su régimen sobrevivió a las violaciones de derechos humanos mencionadas con al apoyo que recibió de (y retribuyó a) los presidentes Menem, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner y Fernández. No esperemos una muerte para hacer lo que la ética y nuestra Constitución en su artículo 6° obligan a hacer hoy: garantizar la forma republicana de gobierno en todas las provincias", finaliza el comunicado.

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