El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanza en un nuevo paquete de proyectos que el Gobierno buscará ingresar al Congreso en los próximos días, antes de que arranque el receso de invierno legislativo.
La batería incluye tres frentes sensibles: una reforma del mercado de capitales, una desregulación del sector inmobiliario y una modificación integral del régimen de cabotaje y la Marina Mercante.
Según pudo reconstruirse, las tres iniciativas forman parte de una estrategia oficial más amplia para reconstruir centralidad política y volver a instalar la idea de un Gobierno en movimiento mediante la acumulación simultánea de proyectos legislativos.
En principio, esta nueva tanda no incluiría otro de los esperados proyectos que modificarán las regulaciones para el sector de seguros, se detalló.
El ministerio de Sturzenegger lleva más de un año de iniciativas que combinaron decretos, resoluciones de organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV) y proyectos de ley.
No todas corrieron la misma suerte: en 2025 el Congreso rechazó en ambas cámaras el DNU 340/2025, que ya había introducido flexibilizaciones al régimen de la Marina Mercante y amplió el plazo de permanencia de buques internacionales en operaciones de cabotaje, de 30 a 60 días, además de declarar la navegación como servicio esencial.
Ese traspié judicial y parlamentario llevó al Ejecutivo a rearmar la ofensiva por la vía legislativa, con la promesa de mayor previsibilidad institucional.
Mercado de capitales
La reforma que impulsa Sturzenegger busca profundizar el cambio regulatorio que ya arrancó con las resoluciones de la CNV. El ministro definió el esquema como una reforma estructural gigantesca para el mercado de capitales, el financiamiento de las empresas y los instrumentos de ahorro de los argentinos.
El eje central es reemplazar la aprobación previa del organismo regulador por una simple presentación para la mayoría de las emisiones de deuda, acciones, fondos comunes de inversión abiertos y cerrados, obligaciones negociables y fondos fiduciarios, siempre que no superen los 100 millones de UVAs.
Además, se reduce de 350.000 a 200.000 UVAs el piso patrimonial para ser considerado “inversor calificado”, lo que amplía el universo de personas habilitadas a acceder a colocaciones sin tope.
El objetivo declarado, según el propio ministro, es que las pymes puedan financiarse emitiendo acciones u obligaciones negociables por debajo de u$s 140 millones sin necesidad de autorizaciones previas, en lugar de depender del crédito bancario.
Mercado Inmobiliario
El proyecto propone modificar el régimen vigente para eliminar restricciones al ejercicio de la actividad, reduciendo el peso de los colegios profesionales y eliminando barreras de entrada que, según la visión oficial, encarecen las operaciones.
Entre las alternativas que fueron analizadas por los equipos técnicos aparecen la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor, la posibilidad de que personas físicas o jurídicas participen en la intermediación inmobiliaria, la libre negociación de honorarios y una mayor utilización de plataformas digitales para concretar operaciones.
Sturzenegger ya había anticipado públicamente que considera que los aranceles mínimos y las restricciones profesionales funcionan como mecanismos que limitan la competencia y elevan artificialmente los costos para compradores y vendedores.
La iniciativa, sin embargo, enfrenta una fuerte resistencia de los colegios inmobiliarios, que sostienen que la matriculación garantiza seguridad jurídica y profesionalismo en las transacciones.
Cabotaje
El tercer proyecto comprende una reforma integral del régimen de Marina Mercante, con especial foco en el cabotaje.
La iniciativa reemplazaría la idea inicial de avanzar mediante decreto por un proyecto de ley más amplio que incluiría cambios a la Ley de Cabotaje, modificaciones sobre la navegación interior y nuevos criterios para la actividad de practicaje.
El objetivo oficial es reducir los costos logísticos del transporte fluvial y marítimo, facilitar el ingreso de nuevos operadores y aumentar la competitividad frente a países vecinos.
Dentro del Gobierno sostienen que el esquema vigente genera sobrecostos que terminan afectando al comercio y a la producción.
No obstante, el proyecto también genera resistencia en parte del sector naviero y sindical, donde advierten sobre el eventual ingreso de embarcaciones extranjeras bajo condiciones laborales diferentes y posibles impactos sobre la marina mercante nacional.
Durante los últimos meses, el texto sufrió modificaciones y su envío se demoró luego de discusiones técnicas y objeciones planteadas por distintos organismos oficiales.
