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El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación que incluye, entre otros puntos, la derogación del precio único de venta al público (PVP) para los libros, vigente desde 2001 a través de la Ley 25.542.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, todavía no ingresó al Congreso, pero ya generó un fuerte rechazo del sector editorial y un cruce público del funcionario en redes sociales.
El proyecto forma parte de un borrador de 144 páginas que modifica y deroga normas de sectores tan diversos como el inmobiliario, medicamentos, garrafas, navegación y agro.
En lo específico al libro, el artículo 15 deroga la ley 25.542, mientras que el artículo 14 reforma buena parte de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, eliminando artículos vinculados al Fondo Nacional que sostiene programas públicos de lectura. También se incluye la derogación de la ley que obliga a doblar en español los contenidos extranjeros emitidos por TV abierta y cable.
“Me pregunto en que planeta de que universo, podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles. Crueldad es, a nuestro entender, emitir leyes que perjudican al consumidor. Y para quienes amamos la lectura en todas sus formas una ley que encarece los libros nos parece un pecado capital", dice el ministro en su posteo.
Qué dice la ley que se quiere derogar
La Ley 25.542 —conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera— establece que el editor o importador debe fijar un precio uniforme de venta al público para cada título, y que ese valor debe respetarse en todo el territorio y en todos los canales: una librería de barrio, una gran cadena, un supermercado o una plataforma online pagan lo mismo.
La norma prevé excepciones puntuales —descuentos en ferias y exposiciones, y precios especiales para bibliotecas, escuelas e instituciones sin fines de lucro—, lo que en la lectura del sector no es un defecto sino un diseño: flexibiliza el precio donde el descuento amplía lectores, y lo sostiene donde el descuento produce concentración.
La norma nació en noviembre de 2001, semanas antes del estallido de la crisis, como respuesta a que una cadena de supermercados había empezado a vender los títulos de mayor rotación con descuentos que ninguna librería podía igualar.
El recorrido
Este es el tercer intento de eliminar la norma: la misma derogación había sido incluida en el DNU 70/23 y en la primera versión de la Ley Bases, y en ambos casos no prosperó.
Sturzenegger sostiene que la ley actual es, en los hechos, un mecanismo que impide vender libros más baratos y que su derogación permitiría a las librerías competir con descuentos frente a canales que hoy ya operan con lógicas de precio distintas, como Kindle, Audible, plataformas de e-commerce.
El argumento del sector
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL), que nuclea a unas 500 editoriales pequeñas y medianas, y junto a otras veinte entidades —entre ellas la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI)— circuló una carta abierta que sostiene que ninguno de los actores relevantes de la cadena del libro (autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de lectura) pidió esta derogación, y que la experiencia internacional desmiente la promesa de precios más bajos: donde se derogaron leyes de precio uniforme, los libros terminaron subiendo, no bajando, en el mediano plazo.
El presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, remarcó además que la Cámara no fue convocada por el Gobierno para discutir el proyecto, ni en este intento ni en el de 2023.
El cruce público
La disputa pública se encendió cuando el periodista Luis Novaresio calificó de “crueldad” y “modo sofisticado de la maldad” el intento de derogar la ley, advirtiendo que podría hacer desaparecer librerías y editoriales independientes de cada barrio.
Sturzenegger respondió con un hilo extenso en X, acusando al periodista de no haber leído la norma y sosteniendo que la ley “solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros”.
Ilustró su argumento con el caso de un librero que quiso vender la colección de Las Crónicas de Narnia a $40.000 en la última Feria del Libro y debió subir el precio a $99.000 para cumplir con la norma.
Enmarcó el debate como una diferencia “profundamente cultural” entre quienes defienden negocios protegidos por regulaciones y quienes priorizan al individuo y el acceso a bienes más baratos, y adelantó que el proyecto que impulsará Javier Milei “promete este debate en varios frentes”: farmacéuticos, corredores inmobiliarios, cabotaje marítimo, entre otros.
