La Armada Argentina quedó bajo investigación judicial por una serie de acreditaciones irregulares en el pago de haberes de su personal y el ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó la destitución de los involucrados. La denuncia formal, presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Castro Maggio, calcula $981.148.567,88 en pagos irregulares y desvío de haberes entre julio de 2022 y enero de 2026. El detalle de la operatoria.
Carlos Presti reveló ayer en un programa televisivo que le pidió al jefe de la Armada, Carlos Romay, que inicie el proceso para destituir al personal de su fuerza señalado por cobrar presuntos sobresueldos.
“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes. Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”, afirmó el ministro de Defensa.
Voces calificadas dentro de la Armada Argentina aseguraron que la presentación judicial llegó gracias a la denuncia que hizo una teniente de navío y contadora del área de liquidación de sueldos del personal.
El escrito describe 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas. Según la presentación, la operatoria fraudelanta consistía en modifcar manualmente los archivos enviados al Banco Nación después del cierre de las liquidaciones y antes de la transmisión definitiva de los pagos.
De esa manera, los implicados habrían incorporado importes que no figuraban en los recibos de haberes o se giraban sumas superiores a las que correspondían.
Luego, algunos registros eran restituidos a sus valores originales para que las alteraciones no quedaran reflejadas en el sistema Haberes-Web.
La denuncia que se presentó ayer en Comodoro Py indica que entre los beneficiarios había personal militar, empleados civiles, jubilados y cuatro personas sin vínculo laboral ni funcional con la Armada. Esos cuatro casos concentraron $434.200.718,04.
La principal beneficiaria sería la cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Atanasoff, quien recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86.
En su declaración administrativa, según consta en la denuncia, Atanasoff manifestó que las acreditaciones a favor de esas personas se realizaban manualmente, que tenían como objetivo favorecerlas económicamente y que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los importes.
Asimismo, habría afirmado que las ejecutaba personalmente. La Justicia deberá determinar ahora si esas declaraciones y la documentación reunida permiten establecer responsabilidades penales.
En paralelo, fuentes internas de la Armada consultadas por El Cronista sostienen que la investigación podría alcanzar a un universo de hasta 50 oficiales contadores.

Según esa versión, algunos oficiales habrían agregado ítems a los haberes y luego acordado con los beneficiarios la distribución de esas sumas. El mecanismo habría incluido el pago de viáticos por comisiones en el exterior a oficiales que ya habían regresado al país, con la presunta exigencia de que una parte del dinero fuera devuelta a la estructura.
La misma versión indicó a este medio que la denunciante se habría negado a participar de la maniobra y luego habría informado la situación a un superior que no pertenecía al cuerpo de contadores.
Según dichas voces internas, después de su negativa le habrían ofrecido $70 millones para que guardara silencio. Este episodio no aparece descripto en la denuncia formal difundida hasta el momento y deberá ser corroborado judicialmente.
El escrito presentado por la Armada no menciona un universo de 50 oficiales ni determina que todos los beneficiarios hayan participado de una maniobra coordinada.
Por ahora, la denuncia individualiza 23 personas que recibieron acreditaciones indebidas y solicita que se establezca el grado de conocimiento y participación de cada una. Esa diferencia entre el alcance documentado en la denuncia y la información que circula internamente será uno de los puntos centrales de la investigación.
Hasta el momento se verificaron devoluciones por $42.574.267,63. La diferencia entre el monto histórico de las acreditaciones detectadas y las restituciones asciende a $938.574.300,25.
La Armada también informó que, a partir de las primeras irregularidades detectadas en febrero de 2026, reforzó los controles, separó las funciones de liquidación, acreditación y conciliación bancaria, y relevó preventivamente a Atanasoff en agosto, cuando surgió el vínculo entre uno de los principales beneficiarios y el entonces jefe del Departamento Revista.

Por Amparo Beraza
Redactora
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