Durante casi veinte años los argentinos financiamos una política nacional de seguridad vial.
Lo hicimos de muchas maneras. A través del presupuesto público, de campañas de prevención, de controles, de radares, de educación vial y, también, mediante las primas que millones de asegurados pagan cada año para cubrir las consecuencias de los accidentes de tránsito.
La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2008 respondió a un objetivo que nadie podía discutir: reducir la siniestralidad vial en nuestro país.
La decisión fue correcta.
También lo fueron muchas de las herramientas implementadas durante estos años: la Licencia Nacional de Conducir, los controles de alcoholemia, el fortalecimiento de los observatorios viales, las campañas de concientización, el sistema de scoring y la coordinación entre Nación, provincias y municipios.
Sin embargo, después de casi dos décadas, corresponde formular una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿los argentinos chocamos menos que antes?
Sorprendentemente, esa pregunta casi nunca ocupa el centro del debate.
La discusión pública suele concentrarse en la cantidad de controles realizados, las multas aplicadas, los radares instalados o el número de víctimas fatales. Todos ellos son indicadores importantes.
Pero existe otro indicador que el mercado asegurador observa todos los días y que probablemente sea el mejor termómetro para evaluar si las políticas públicas están modificando efectivamente el comportamiento vial: la frecuencia de accidentes.
Las compañías de seguros administran prácticamente la totalidad de los siniestros que ocurren en el país. Cada choque, cada lesión, cada daño material queda registrado. Ningún otro actor dispone de una base estadística de semejante magnitud. Y esa información muestra un dato que debería preocuparnos.
En 2008 el mercado asegurador cubría aproximadamente 6,4 millones de vehículos expuestos al riesgo. Hoy cubre alrededor de 12,5 millones. Es decir, el parque asegurado prácticamente se duplicó.
Durante ese mismo período las denuncias por daños materiales crecieron desde aproximadamente 860.000 hasta 1,83 millones de accidentes anuales.
Ese incremento podría explicarse simplemente por el crecimiento del parque automotor. Pero el verdadero problema aparece cuando se analiza la frecuencia.
La probabilidad de que un vehículo asegurado protagonice un accidente permanece prácticamente igual que hace diecisiete años. Seguimos registrando una frecuencia cercana al 15% anual.
En otras palabras: duplicamos la cantidad de vehículos, modernizamos parte de la institucionalidad, invertimos recursos públicos durante casi veinte años. Pero seguimos chocando prácticamente con la misma frecuencia.
No se trata de desmerecer el trabajo realizado; la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrolló múltiples iniciativas valiosas.
Sin embargo, cuando una política pública no modifica de manera significativa el indicador que pretende transformar, corresponde preguntarse si el enfoque utilizado sigue siendo suficiente.
Quizás debamos comenzar a medir cuántos accidentes logramos evitar.
Porque reducir la siniestralidad no es solamente salvar vidas; también significa reducir uno de los mayores costos ocultos de la economía argentina. Las aseguradoras desembolsan cada año aproximadamente 3.000 millones de dólares para reparar las consecuencias de los accidentes de tránsito; pero ese no es el costo total.
Hay que sumar el gasto sanitario público y privado, la actividad de las ART, la intervención policial y judicial, el daño a la infraestructura, la pérdida de productividad, el ausentismo laboral, los servicios de emergencia y los costos sociales derivados de lesiones permanentes y fallecimientos.
Probablemente estemos frente a uno de los mayores costos económicos invisibles que enfrenta la Argentina. Y, sin embargo, rara vez forma parte de la agenda económica.
La Argentina dispone de una fuente extraordinaria de información que todavía permanece insuficientemente aprovechada. Las aseguradoras cada año administran millones de siniestros, saben dónde ocurren, a qué hora, en qué condiciones climáticas, qué vehículos participan, qué tecnologías reducen accidentes. cómo evoluciona la severidad, qué conductores reinciden.
Esa información podría transformarse en una de las herramientas más valiosas para diseñar políticas públicas de prevención. Sin embargo, nunca fue incorporada de manera sistemática a una estrategia nacional de seguridad vial. Quizás allí exista una enorme oportunidad.
El seguro del siglo XXI ya no debe limitarse a indemnizar accidentes, sino que debe contribuir a evitarlos.
La suscripción por la historia de los conductores, la telemática, la inteligencia artificial, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), los vehículos conectados y el análisis predictivo permiten construir un modelo completamente diferente. Uno donde la información sirva para modificar conductas antes de que ocurra el siniestro.
Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. No para buscar responsables. Sino para construir una política nacional basada en resultados. Con objetivos públicos. Con indicadores transparentes. Y con evaluación permanente.
Quizás el principal objetivo para los próximos diez años no deba ser instalar más radares ni aplicar más multas. Tal vez deba ser mucho más simple. “Lograr que los argentinos choquemos menos”.
Porque cada punto porcentual que logremos reducir en la frecuencia de accidentes significará miles de siniestros evitados, cientos de vidas protegidas y cientos de millones de dólares que la sociedad podrá destinar a ahorrar, producir, invertir y crecer en lugar de reparar daños que, en gran medida, podrían haberse evitado.
