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Subir impuestos y esperar que mejore el empleo es un contrasentido

Hay malas decisiones de política económica que pueden encontrar un justificativo en la política, un arte siempre maleable en donde se prioriza más el equilibrio general que el particular. 

En esos contextos, hay resoluciones que pueden no gustar pero al menos tienen detrás un argumento sincero, como pasa con el congelamiento de las tarifas. Pero hay casos en donde se apela a algún tipo de argumento parcial para validar medidas que no son defendibles con la teoría.

La decisión de aumentar otra vez la alícuota que pagan las empresas por el Impuesto a las Ganancias, borrando el sendero descendente que había instaurado la reforma impositiva de 2017 (discutida y votada por el Congreso) vino acompañada de justificativos políticos explícitos. 

El Poder Ejecutivo aclaró que se trata de una medida para compensar la suba del mínimo no imponible a $ 150.000, y también remarcó que el cambio en las prioridades de políticas públicas generado tras el cambio de gobierno habilitó a tocar este gravamen, al que identifican como estrictamente "recaudatorio".

Pero el proyecto de ley incluye también consideraciones sobre el efecto nulo que la baja impositiva tuvo en la inversión y el empleo en los años subsiguientes, en donde no hace falta recordar que hubo una crisis de financiamiento por la salida de capitales (2018), y una crisis por la incertidumbre que abrió el resultado electoral (2019).

Por empezar, el texto subestima un argumento puesto de manifiesto en otras economías del mundo, en las que nadie duda de que la responsabilidad de crear empleo corresponde al sector privado. Y subraya que los ingresos generados en otros países vecinos con este gravamen han sido superiores a los obtenidos por la Argentina. Tal resultado es atribuido a la baja de alícuotas de 2017 y a la evasión, pero sin mencionar que en esos países la inflación es de un dígito y que sus economías no caen.

En la Argentina todavía predomina el concepto de que la generación de riqueza es una tarea (por no decir una obligación) del Estado, por lo cual la suba de la presión impositiva sobre las empresas es vista como un acto que favorece la distribución del ingreso.

Pero esa impresión es limitada. Un Estado más grande, que absorbe más gasto y exige más ingresos, solo potencia y hace más recurrentes las crisis de financiamiento que se pretenden resolver.

Imaginar que en un país que ya tiene una de las presiones impositivas más altas del mundo, subirla un escalón más es una respuesta teóricamente válida (asumiendo que el Gobierno aspira incluso a que con ese nivel haya inversión, empleo y no crezca la evasión), es menospreciar el sentido común y la lógica con la que funcionan las empresas. El mundo no va en esa dirección.

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