“Nos preocupa que sean tan generosos los beneficios del Súper RIGI”. La frase no la dijo un diputado opositor que estuvo escuchando la defensa del gobierno nacional del nuevo programa oficial de incentivos para la inversión, sino el ejecutivo de una empresa que posiblemente podría aprovechar la medida.

Tras la sanción del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) con bajas de impuestos, libre disponibilidad cambiaria y estabilidad fiscal para desembolsos de más de u$s 200 millones, el Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento el proyecto de promoción de “nuevas industrias”, conocido “Súper RIGI”.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, defendió el Super RIGI ante el Congreso
Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, defendió el Super RIGI ante el Congreso

El nuevo proyecto establece que las inversiones de más de u$s 1000 millones tendrán una alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15%, aún más baja que la del 25% del RIGI que ya estaba por debajo de la del 35% a nivel general. Además, el giro de dividendos pagará un 7%, tasa que bajará a la mitad tras el cuarto año de adhesión, en tanto que las exportaciones y las importaciones también quedarán al margen de todo tipo de tributos. A su vez, habrá libre disponibilidad de divisas, ventajas aduaneras, estabilidad normativa por treinta años, blindaje de nuevos impuestos locales y la chance de litigar en jurisdicción internacional ante posibles conflictos.

“Si las ventajas son incluso más grandes que las que se dieron hace unos meses, surge la pregunta de por qué”, explica el ejecutivo que charló sobre estos puntos en una importante cumbre corporativa esta semana. Allí, lo que creen es que si hay rebajas de impuestos muy amplias y otros beneficios adicionales se puede abrir la puerta a que -tras un cambio de signo político en la Casa Rosada y en la opinión pública- pueda haber medidas judiciales que interrumpan negocios en marcha asociados en este caso al Súper RIGI.

El caso testigo que citaban por estas horas en esa reunión es el de la concesión de una mina de cobre en Panamá a la compañía First Quantum Minerals. A través de la ley 406 de octubre de 2023 se había otorgado la explotación del metal, luego de años de un limbo legal. El contrato original había sido rubricado en 1997 pero ya había sido invalidado por la Justicia. Cuando volvió a rubricarse el negocio hace dos años, hubo manifestaciones y protestas hasta que finalmente el máximo tribunal del país terminó declarando la norma “inconstitucional”. Hoy siguen las negociaciones para un intento de reapertura de la mina.

“Las empresas multinacionales tienen el caso de First Quantum como un ejemplo de lo que puede pasar”, indica un ex legislador que supo trabajar en proyectos de estímulo a las inversiones. El proyecto oficial, sin embargo, propone evitar sorpresas incorporando una prórroga de jurisdicción para que los eventuales reclamos se cursen por tribunales extranjeros, pero nadie descarta consecuencias impensadas.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del ministerio de Economía, explicó en el Congreso que la Argentina bajo la administración de Javier Milei está en una carrera desenfrenada para tratar de conseguir inversiones extranjeras en áreas consideradas estratégicas, como los minerales críticos o la inteligencia artificial.

“Estamos compitiendo por la ubicación de proyectos, tenemos que generar condiciones que hagan que la Argentina, un país que ha tenido poca credibilidad a lo largo de la historia y tiene un costo financiero alto, esté al tope de la lista”, abundó.

Le preguntaron especialmente por qué habían vuelto a bajar la alícuota del Impuesto a las Ganancias respecto de lo que ya la habían reducido en el RIGI original. Esto contestó: “Lo que el RIGI está queriendo hacer es pasar del nivel más bajo de la lista al tope de la lista, por eso ponemos un nivel tan bajo del Impuesto a las Ganancias, no puede ser más bajo solamente por las reglas de OCDE, si no hubiéramos considerado que sea más bajo”.

González explicó también que con el Súper RIGI habrá un proceso más largo y profundo de revisión para la aprobación de proyectos y que no se busca un impacto rápido en la actividad como sí, dijo, se buscó con el RIGI. Además, negó lobbys específicos de los grandes magnates de la tecnología, cuando le preguntaron si era un programa de incentivos a medida de Peter Thiel y su empresa de datos y seguridad Palantir. “No conozco ningún señor Palantir”, soltó.

Uno de los negocios que podría avanzar de la mano del nuevo RIGI, en tanto, sería el de la instalación de un megacentro de datos en la Patagonia que anunciaron el año pasado la empresa OpenAI, creadora del ChatGPT, junto a Sur Energy. Así lo creen en ámbitos empresarios donde subrayan que por ahora no se movió un dólar desde que Sam Altman grabó el video con la noticia del proyecto que prometía U$S25.000 millones de inversión.

“Todavía no compraron ni el terreno y ni siquiera está claro que hayan definido en qué provincia se instalaría”, dijeron fuentes al tanto para graficar lo demorado que viene aquél anuncio de hace ocho meses.