Sobredosis de Massismo explícito

La irresponsabilidad fiscal del ministro Sergio Massa no es nueva, sólo que ahora como candidato parece no tener límites. Lleva al menos 15 años impulsando lo que está mal. Desde la expropiación de los ahorros previsionales en 2008 hasta las medidas del 'Plan Platita Recargado' de los últimos días. Hizo populismo fiscal explícito toda vez que pudo; ya sea concediendo jubilaciones sin aportes, o gravando con impuestos extraordinarios el ahorro en los diversos roles que tuvo hasta que llegara al Ministerio de Economía el año pasado. Y, desde entonces, implementando medidas de altísimo costo, como los programas de incentivo exportador ('dólar soja') y la emisión de deuda indexada (por CER o tipo de cambio el que arroje la mayor variación), tratando de postergar cualquier medida que implicara realizar cualquier cosa que pareciese un ajuste durante su gestión.

Decir que es fácil hacer populismo con el dinero ajeno es una trivialidad. Siempre el populismo se hace con el dinero de los contribuyentes. Pero tengamos presente una cuestión fundamental que el Gobierno y, esa crítica, soslayan: no existe tal dinero. Argentina tiene déficit fiscal y cualquier medida que se tome (ya sea de bajar impuestos o de subir gastos) implica mayor déficit. Y ese mayor déficit hay que financiarlo con más deuda o con más inflación. Y nadie (mucho menos el Gobierno) puede mirar para otro lado como si la dinámica inflacionaria no estuviese ya lo suficientemente desanclada.

La inflación de agosto nos puso cerca de los peores momentos de nuestra historia inflacionaria. Se trató de un dato ochentista que no se verificaba desde los tiempos de la hiperinflación. El 12,4% de inflación mensual es de por sí preocupante, pero tengamos presente que la inflación núcleo (13,8%) volvió a estar por encima del promedio y que la del rubro alimentos y bebidas (15,6%) fue sustancialmente superior a la núcleo. Esta aceleración inflacionaria, se da en el marco de una agudización de las distorsiones de precios relativos producto de nuevos congelamientos y 'acuerdos'. Distorsiones que deberán ser atendidas por el próximo gobierno, en el marco de cualquier programa de estabilización que pretenda mostrar un mínimo de consistencia.

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Vale la pena resaltar que cuando hay que corregir precios relativos, no es que la corrección se alcanza con algunos precios individuales subiendo y otros precios bajando. Si no que la corrección, dada la dificultad que existe para que haya caída nominales generalizadas de precios, se hace con todos los precios nominales individuales subiendo. Algunos más que otros y algunos antes que otros. En otras palabras, la corrección de los precios relativos implicará un salto inflacionario en el arranque del próximo gobierno. Y sería conveniente explicarlo con lujo de detalles para que nadie pueda mostrarse sorprendido. Sobre todo, porque si bien es posible que el poder adquisitivo del salario mejore, dicha mejora no se dará al principio ya que el salario no subiría tan rápido como otros precios, en el marco de una estabilización exitosa.

En consecuencia, el desafío que implica bajar rápido la inflación, con el telón de fondo de fuertes distorsiones de precios relativos, es de escala titánica. Pero esa es sólo una de las dimensiones de la herencia. La fiscal y la monetaria no le van en saga. Y menos ahora con el 'Plan Platita Recargado' totalmente lanzado. Según nuestras estimaciones, el déficit primario del sector público nacional de 2023 sería del orden del 3,4% del PBI. Pero el ajuste fiscal que habrá que hacer el año que viene para llevar a cero el déficit es aún mayor.

En efecto, dado el déficit inercial del año que viene, habrá que pensar en ajustar el gasto en unos cinco puntos del PBI. Una parte de ese ajuste (1,4% del PBI) podría lograrse reduciendo los subsidios al consumo energético (manteniendo la tarifa social), pero quedaría un 3,6% del PBI que tendría que obtenerse del recorte del resto de los gastos. La política tarifaria desde que llegó Massa al Ejecutivo redujo dichos subsidios de manera no trivial (de lo poco rescatable de su gestión). Lo que llevó a que, a diferencia de lo que sucedía en momentos del anterior traspaso presidencial, los mismos representen una proporción mucho más baja del déficit fiscal.

Tengamos presente que si se pretende alcanzar el equilibrio fiscal sin tocar el gasto en partidas sociales y jubilaciones, el resto del gasto sobre el que habría que generar ahorros son unos ocho puntos del PBI. O sea que habría que lograr ahorros por nada menos que un 45% de ese universo (resto del gasto). Lo cual constituye, por cierto, otro desafío titánico.

Dentro de ese gasto figuran conceptos como las transferencias a las provincias, universidades, el PAMI, los salarios de los empleados públicos nacionales, las obras públicas y el déficit de las empresas del Estado nacional. Algunos conceptos son más recortables que otros, pero en todos los casos cierto nivel de conflicto luce inevitable. En situaciones históricas similares se siguió el camino de la licuación inflacionaria (e indiscriminada) de todo el gasto público, en el entendimiento que por esa vía la conflictividad es más baja. Pero con la inercia inflacionaria y la extrema fragilidad monetaria actual no parece la solución más recomendable.

El riesgo de espiralización inflacionaria descontrolada (híper) no es trivial. Además, la licuación inflacionaria del gasto siempre resulta transitoria. Y la Argentina necesita una consolidación fiscal duradera, ejecutada sobre bases sólidas y que refleje prioridades de gasto acordes con su realidad y sus niveles de ingreso y de riqueza.

Los últimos resultados electorales muestran que una mayoría de argentinos está a favor de un cambio. Pero, no se pueden cambiar tantas décadas de frustración, de desorden macro y crecimiento elusivo, sin conflicto. Como en cualquier aspecto de nuestras vidas, cambio es siempre sinónimo de conflicto. Los atajos que buscan evitarlo conducen inexorablemente al status quo.