Hoy cerca de seis millones de argentinos tienen deudas que no pueden pagar, el 20% de la población adulta. A un mercado laboral que hace muchos años no da respuestas, ahora se suma el problema de la morosidad. Para ponerlo en perspectiva, en 2017 el salario privado registrado era 29,3% mayor que hoy y existían 91.910 asalariados privados registrados más. A los trabajadores del sector público les fue aún peor. Los efectos negativos se extienden tanto al sistema financiero como al consumo y la producción. Subestimar la gravedad del síntoma sólo puede alejarnos de solucionar los problemas de fondo.
El impago de créditos de forma masiva puede tener múltiples causas y en consecuencia, se pueden buscar igual cantidad de responsables. Desde las consecuencias de la política monetaria sobre las tasas de interés, pasando por errores en la calificación crediticia hasta decisiones personales. Pero de fondo, lo que sobresale es la caída en el ingreso disponible de las familias. Desde Analytica relevamos que entre los morosos 3 millones deben hasta $ 500.000, otros 700.000 entre $ 500.000 y $ 1 millón y otros 400.000 entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En consecuencia, el 70,7% debe menos de un salario promedio del sector privado. Son montos que reflejan la dificultad de afrontar gastos mensuales, como compras de supermercado y quedan lejos de especulaciones asociadas a sobreendeudamiento, buscar licuar deudas y otras estrategias financieras.
El problema de la deuda en los hogares repite un patrón similar al que vivió el sector público cuando recuperó el acceso al crédito entre 2016 y 2017. El patrón se repite: al poco tiempo de comenzar a utilizarse, una herramienta fundamental como el financiamiento queda anulada y termina profundizando los problemas en lugar de ser parte de la solución. Como en el juego de la oca, regresamos al casillero inicial donde una proporción importante de la población vuelve a asociar el ecosistema financiero con un impedimento al desarrollo personal y colectivo cuando debería ser lo opuesto.
En particular, hay que atender que la morosidad golpea más fuerte a los jóvenes, a quienes la crisis del 2001 no había hecho mella en su confianza hacia el sistema financiero. Entre los deudores de hasta 25 años, el 40% no está al día con sus obligaciones y desciende apenas por debajo ese porcentaje en aquellos entre 25 y 30 años. Históricamente el mercado de trabajo siempre fue más hostil para la juventud que para el resto de la población, pero a ese problema ahora se suman otros factores como las apuestas online. La recaudación por esa vía subió 40% interanual en el acumulado a julio, con un salto del 27,8% mensual en el último mes atravesado por el Mundial. Distintas encuestas muestran que apostar online está muy expandido en nuestro país desde edades muy tempranas. Y hay datos de otros países como Brasil, donde se evidencia que aumentó el endeudamiento con destino hacia las apuestas.
El deterioro temprano en el historial crediticio puede dejar a muchos argentinos fuera del acceso al crédito formal en el mediano plazo, incluso si sus condiciones laborales y de ingresos mejoran, limitando en los próximos años su capacidad para financiar consumos de mayor magnitud, independizarse y/o encarar proyectos de más duración. En el corto plazo, los efectos son claros. En el acumulado de los primeros siete meses se redujo el crédito al consumo en tarjetas de crédito, préstamos personales y prendarios. Y eso explica en parte las caídas durante el mismo periodo, entre otros, en ventas en supermercados -2,8% y de vehículos -12,8%. Se resintió tanto el consumo masivo como el de bienes durables.
La expansión de la mora también puede ser un problema para el Tesoro, más allá de la caída en la recaudación asociada a la baja en los créditos. Si bien las previsiones por incobrabilidad constituidas permiten a los bancos absorber mayoritariamente el deterioro de la cartera, las disponibilidades respecto de la liquidez total caen. En un escenario de mayor estrés de liquidez, los bancos pueden verse obligados a desprenderse de títulos públicos para compensar la falta de cobro de los préstamos. Una mayor oferta de esos activos puede, a su vez, encarecer el financiamiento del Tesoro y presionar sobre las tasas de interés.
En consecuencia, más temprano que tarde el equipo económico deberá acordar alternativas de solución con el sistema financiero. Una opción es que las entidades financieras vendan voluntariamente al sector público parte de la cartera en mora, principalmente aquella correspondiente a deudas inferiores a $ 1.500.000. De esa forma, el Estado asume un rol de estabilizador del sistema reemplazando a los fideicomisos que suelen comprar ese segmento para luego, muchas veces con técnicas agresivas, reclamar su pago. La ANSES y su Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrían tener un rol importante, gestionando vehículos para la compra, administración y refinanciación de esa cartera con criterios de rentabilidad y recupero. El costo fiscal al final del día puede ser reducido, el sector público compra deuda por debajo de su valor nominal y se ocupa de cobrarla sin sobrecargar de intereses a los deudores. El mayor ingreso disponible para las familias libera recursos que se destinan al pago de consumos básicos, mejorando también la recaudación.
El debate sobre el riesgo moral es atendible y cualquier mecanismo debería diseñarse para evitar incentivos al incumplimiento. Pero también conviene mantener cierta consistencia: los gobiernos recurren reiteradamente a blanqueos y moratorias sin que el riesgo moral sea un impedimento. Resultaría extraño que ese argumento se volviera excluyente cuando se trata de familias con deudas relativamente pequeñas.
Por supuesto, una opción como la presentada no resuelve el problema que originó la mora. Si los ingresos y el empleo no se recuperan el problema puede regresar. También se requieren acciones simultaneas en distintos frentes: mejorar la educación financiera, reducir el costo del financiamiento y mejorar la regulación del juego online.
La pérdida de puestos de trabajo formales tiene, entre sus consecuencias menos visibles, el deterioro del perfil crediticio de la población. Y sin crédito, no solo se resiente el consumo de hoy: también se reducen las posibilidades de financiar los proyectos. Una de las deudas de la economía argentina sigue siendo permitir que empresas y familias proyecten más allá de mañana. La morosidad creciente muestra que todavía está lejos de saldarse.
