OPINIÓN

Lobbying: algo más que buenas prácticas

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina presentó el Decálogo de Buenas Prácticas en la Gestión de Intereses. Se busca así aportar al debate sobre la regulación de la actividad e incentivar la transparencia.

La gestión de intereses o lobbying es una herramienta democrática fundamental que permite a los actores sociales interceder ante las autoridades y así expresar sus puntos de vista que enriquezcan las discusiones para el desarrollo de políticas públicas y normativas eficientes que impacten positivamente en el bien común y en la sociedad. 

Además, brinda la posibilidad a las autoridades gubernamentales de disponer de conocimiento experto y especializado de quienes se desenvuelven en una determinada área de actividad y mejorar así el acceso a información para la toma de decisiones.

Si bien es una actividad cotidiana, ejercida "principalmente" por profesionales (ejecutivos y consultores) de los asuntos públicos y las relaciones institucionales, y a pesar de que podría comprenderse que peticionar ante las autoridades es un derecho constitucional (Art. 14), el ejercicio de la gestión de intereses no cuenta con una adecuada regulación. 

Sólo se encuentra vigente el Decreto 1172/2003 de Presidencia de la Nación, que únicamente establece la obligación de publicar las audiencias que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, pero que, en la práctica, no tiene un cumplimiento efectivo ni absoluto.

Quitando las comillas del inicio de este párrafo, la actividad de gestionar intereses o influencias se hizo, se hace y quizás continúe realizándose una vez regulada. Sin embargo, el marco para fijar reglas y cumplirlas es necesario, si uno mira aquellos países que están más avanzados en esta temática.

En los últimos años se presentaron en el Congreso Nacional variadas iniciativas para la regulación de la gestión de intereses en Argentina, como existe en otras geografías, pero ninguna de ellas prosperó por el momento. 

Los proyectos legislativos en estudio coinciden en el espíritu, pero difieren en algunas formas. Básicamente, lo que se busca regular es la generación de un registro público de audiencias para generar igualdad de trato y transparencia entre los actores interesados y de las personas que efectúan, la creación de una licencia obligatoria y habilitante en el cual deban inscribirse todas las personas que desarrollen gestión de intereses, la definición de obligaciones para cada actor involucrados y la fijación de incompatibilidades, entre otras cuestiones.

No es frecuente, sin embargo, encontrar una visión que, en lugar de restringir, busque promover el diálogo y la inclusión de miradas en la definición de políticas públicas. Promover, por ejemplo, que todo regulador tenga que llamar a todos los actores involucrados al momento de legislar para conocer todos los puntos de vista, enriquecer su decisión, no afectar indebidamente derechos y promover legislación que sea realmente adecuada y eficiente.

Ante la falta de estas definiciones regulatorias, la comunidad profesional no se quedó quieta: se sucedieron diferentes instancias de diálogo que permitieran establecer y garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y técnicos de la profesión en nuestro país.

En esta línea, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, la institución más representativa del ámbito de la comunicación y los asuntos públicos del país, presentó el Decálogo de Buenas Prácticas en la Gestión de Intereses, un documento que tiene como objetivo compartir recomendaciones para que la actividad pueda ser ejercida de un modo transparente e íntegro.

Este decálogo fue el fruto del análisis de diferentes materiales y proyectos regulatorios; un trabajo liderado por un grupo de profesionales con la finalidad de contar con un documento base que permitiera dar marco a la discusión sobre la temática en la Argentina. Es un punto de partida y también una invitación a las diferentes instituciones del sector a sumarse al debate.

Entre otras cuestiones, la guía marca que los profesionales, más allá de los intereses propios de la entidad que representan, deben velar por el bien común y proponer soluciones de políticas públicas que respondan al problema en cuestión sin alterar normas de forma tal que violen principios de libre competencia, el derecho a un ambiente sano u otras acciones que afecten el normal desarrollo de la sociedad. 

Además, insta a que se promueva la instrumentación de canales que habiliten el acceso a la información, la presentación de información de relevancia que permita influir en la toma de decisiones y a la participación en la discusión sobre los intereses en debate.

En ese sentido, establece que la información que se provea a las autoridades sea "completa, verídica, y de fuente confiable y contrastable" y que siempre se garantice la transparencia y la identificación de los intereses que se representan, además de los objetivos en la participación en el proceso de toma de decisiones.

Finalmente, presenta una lista de conductas que en ninguna circunstancia serán admisibles para los profesionales del sector, a quienes insta a hacer cumplir las buenas prácticas y promover los principios de integridad, ética y cumplimiento.

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas busca, a través de la publicación de esta guía de buenas prácticas, brindar un espacio de estudio que permita enriquecer cada una de las cuestiones contempladas en el documento, promover el debate transparente sobre la gestión de intereses en la Argentina y continuar impulsando el desarrollo con profesionalismo ético de la actividad en nuestro país. Para saber más sobre el decálogo y promover este debate ya está subido el episodio en el canal de Spotify #Consejo PR.

(*) Santiago Rossi, Director General de Arena Pública Consultores, miembro de la Comisión Consultoras del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.

Pablo Cattoni, Director de Asuntos Públicos para el Cono Sur de Sanofi, ex Presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas (2017-2021).

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