El anuncio del presidente de Estados Unidos del “mayor acuerdo petrolero de la historia”, a propósito del entendimiento por el que 17 yacimientos petroleros de Venezuela que representan el 21% de las reservas del país pasan a estar bajo control mayoritario estadounidense, tuvo todos los condimentos del estilo Trump.
Exaltación de su liderazgo, inflamación conceptual, grandes titulares y pocos detalles concretos y verificables sobre la instrumentación. Sin embargo, la dinámica expuesta hasta el momento por los actores involucrados alcanza para reafirmar que estamos en un mundo en el que la geopolítica se impone.
Cualquiera que pretenda pensar estratégicamente el presente y el futuro, tanto de la política como de los negocios, deberá ponderar especialmente el peso que adquieren los intereses de los estados nacionales, que hoy se reproducen en los mismos escenarios en los que otrora primaban, casi con exclusividad, los intereses más puros de los capitales privados.
La ilusión globalizadora que alguna vez nos hizo pensar en trascender las tensiones interestatales por medio de la expansión virtuosa del comercio internacional, las inversiones y el multilateralismo agotó su energía vital hace ya casi dos décadas, con la explosión de la gran crisis financiera.
Si antes imperaba un análisis de costos y ventajas comparativas a la hora de decidir la localización de una inversión, el acceso a la energía, el control de una tecnología o la seguridad de una ruta marítima, la evaluación actual reconoce cuestiones mucho más críticas y, en general, elementales. Adquieren relevancia las alianzas, las vulnerabilidades, la capacidad de disuasión y el grado de autonomía que conserva cada país.
En Argentina, cada vez que se nos presenta la oportunidad, elegimos correr el eje de la discusión internacional y volver pronto a refugiarnos en nuestros temas más conocidos. No es que este déficit empiece y termine solo con las acciones del Gobierno, sino que el vacío es mucho más amplio. Ni la oposición, el sector privado, los medios y la academia han logrado alimentar un debate serio y multidisciplinario, proporcional a la magnitud del cambio y del desafío que enfrentamos.
A menudo se narran conflictos, cumbres y eventos episódicos como si fueran antologías para fines de entretenimiento. No obstante, rara vez se conectan con las capacidades que el país necesita para proteger sus recursos, reducir vulnerabilidades, transformar las fragilidades en fortalezas e impulsar el desarrollo. Más importante y profundo, antes que alineamientos personales o ideológicos pasajeros, es contar con un plan estratégico.
Esto es, ni más ni menos, que una visión de hacia dónde tiene que ir el país, basada en la identificación de determinados intereses nacionales consensuados con los principales actores, en el marco de una alineación de la política exterior con la política doméstica.
La política de defensa constituye una de las dimensiones más salientes de esa discusión. En la práctica, la cuestión de seguridad internacional se ha modificado, por lo que hay que entender cuáles pueden ser los recursos naturales y productivos que tiene el país, que pueden ser objeto de ofensa de un país extranjero. Así, la riqueza minera, energética, ictícola y de tierras raras que está en nuestro territorio debe estar sometida a un resguardo especial.
Las amenazas convencionales conviven hoy con guerras híbridas, ataques cibernéticos, redes criminales transnacionales y disputas por infraestructuras críticas, comunicaciones y recursos naturales. Pensar la defensa en el siglo XXI exige revisar capacidades, prioridades y normas concebidas para otro escenario, sin confundir las funciones de las Fuerzas Armadas con las de seguridad interior.
Argentina destina alrededor del 0,5% del PBI a defensa, uno de los niveles más bajos de la región. La incorporación de los F-16 y el avance en la compra de vehículos blindados Stryker representan decisiones importantes, pero una sucesión de adquisiciones no conforma por sí misma una estrategia.
Existe la obligación de pensar con sofisticación las FF.AA que requiere un país que convive con fuertes limitaciones presupuestarias, al tiempo que cuenta con un territorio de grandes extensiones, fronteras porosas, proyección antártica y que aspira a asegurarse el control de sus recursos, particularmente los energéticos y mineros.
Sería un error poner sobre la mesa a la defensa meramente como un gasto. A la luz de ejemplos como los de Volkswagen podemos ver oportunidades de innovación, exportaciones, empleo calificado y nuevas cadenas productivas con base en capacidades ya instaladas. La empresa alemana negoció la reconversión de su planta de Osnabrück para fabricar componentes del sistema “Cúpula de Hierro” junto con la compañía israelí Rafael.
La posibilidad de este acuerdo potencialmente virtuoso no llegó sin contratiempos. Las objeciones del fondo soberano de Qatar, accionista de Volkswagen, le introdujeron el matiz político propio de estos tiempos. Pero predominó la lógica y el interés de Alemania e Israel, dos países que se han hermanado en materia de seguridad a partir de la segunda posguerra.
Este nuevo contexto obliga a discutir la política industrial sin prejuicios ni anteojeras ideológicas. El camino no es el “proteccionismo puro y duro”, como Gita Gopinath (exnúmero dos del FMI) calificó la política económica de Donald Trump, ni sostener actividades ineficientes ad infinitum ni distribuir subsidios entre sectores con mayor poder de lobby.
En contraposición a eso, hay una vía a recorrer para definir qué capacidades productivas son decisivas en un mundo más volátil e incierto y qué lugar deberían ocupar sectores como la industria nuclear, la ciberseguridad, la tecnología satelital, la biotecnología o los centros de datos.
Todo esto debe discutirse mientras nos atraviesan otras problemáticas con impacto para todos los países del mundo. Al mismo tiempo que los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo amenazan con tensionar la cohesión social, los desastres naturales, como incendios, inundaciones, sequías y otros fenómenos ambientales, afectan la infraestructura crítica, ponen en peligro la producción, además de presionar la gobernabilidad y las capacidades estatales.
Ninguna pretensión de pensar el desarrollo del país puede encararse dejando de lado los temas que hoy se imponen en la agenda económica y política mundial. La disociación que exhiben nuestras élites económicas, políticas y culturales respecto a las grandes transformaciones que se entrecruzan obliga a redoblar esfuerzos argumentativos y a comprender que estamos a tiempo de pensar estratégicamente y empezar a accionar en consecuencia.
