A fines de mayo, el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). El objetivo: un plan de inversiones por u$s 8000 millones en investigación clínica para los próximos seis años. La inversión apunta a “convertir a la Argentina en un centro regional de investigación clínica”.
La Cámara nuclea a 37 empresas. La mayoría de sus socios son filiales locales de grandes compañías globales, como Pfizer, Roche, Novartis, AstraZeneca, MSD, Bayer, entre otras.
“El plan busca acelerar esta inversión no solo en el ámbito privado, sino también en el público y trabajar colaborativamente con el sistema de salud. Va a estar destinado a desarrollar toda una parte pública en diversas áreas como inmunología, oncología y enfermedades raras que hoy prácticamente no existe en investigación clínica”, dijo a El Cronista Gastón Caetano, presidente de la institución.
“Hoy en Argentina está muy poco desarrollada la investigación clínica en hospitales. Uno de los objetivos que busca este proyecto es capacitar a las personas, darles los recursos (esa es la parte del acuerdo que recae en el Ministerio) y nosotros vamos a poner la inversión”, agregó.
Ahora, Caeme ve en el gobierno de Milei una oportunidad para avanzar en una agenda que estaba rezagada y que es afín a la batería de medidas que viene implementando en materia de desregulación y apertura comercial.
Las farmacéuticas ponen el foco en una serie de cambios regulatorios que consideran centrales para destrabar inversiones. Uno de ellos es la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que tomó mayor peso luego de que Milei firmara, en febrero de este año, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos.
Allí, Argentina asumió el compromiso de adherirse al PCT, un tratado internacional que le permite a las empresas presentar una única solicitud para patentar un desarrollo. Esta tiene el mismo efecto jurídico que presentar solicitudes de patente por separado en cada Estado miembro, algo que es muy costoso. Actualmente, el tratado tiene 158 naciones adheridas.
“El cambio en la propiedad intelectual va a atraer más inversiones a la Argentina porque se va a basar en estándares donde una empresa tenga el desarrollo de una tecnología y ese desarrollo e inversión esté protegido por una normativa lógica que le dé un paraguas legal para que no venga otro y la copie. Y muy contrariamente a lo que muchas veces se dice, eso no significa que no pueda coexistir la industria nacional y multinacional”, dijo Gastón.
Caetano se refiere puntualmente a la postura de los laboratorios argentinos –nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)– quienes rechazan la adhesión bajo el argumento de que podría facilitar la extensión de monopolios de patentes sobre medicamentos, lo que encarecería los precios de los tratamientos.
“Desde la entrada en vigor de la protección por patentes de los medicamentos, en octubre de 2000, la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado farmacéutico, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”, apuntó Cilfa en un comunicado de prensa en marzo de este año.
Para Caetano, sin embargo, la investigación clínica es lo que va a movilizar a la industria farmacéutica en los próximos años a nivel mundial, un mercado que ya genera -se estima- entre u$s 70.000 millones y u$s 90.000 millones anualmente.
Según sostuvo, el desarrollo de una molécula demanda aproximadamente u$s 2500 millones. Por cada 100 estudios de investigación clínica que se desarrollan, existe la probabilidad de que únicamente se aprueben cinco. “La tasa de fracaso es mucho más alta que la de éxito. Por lo tanto, si no hubiera protección de propiedad intelectual no tendríamos inversión en el mundo porque las empresas deberían invertir un montón a riesgo de que cualquiera pueda usar el desarrollo”, dijo.
En la Argentina, con una inversión anual de más de u$s 700 millones, hay más de 1000 estudios clínicos en curso, de los que participan cerca de 50.000 pacientes. En 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior. Según la cámara, la investigación clínica representa cerca del 50% de la inversión privada total en Investigación y Desarrollo del sector empresario argentino.
Otro de los segmentos que concentra la atención de la industria es el de los tratamientos para la obesidad. Impulsados por medicamentos como Ozempic y Mounjaro, los medicamentos conocidos como GLP-1, ganaron terreno en la Argentina durante los últimos años y las farmacéuticas anticipan que la oferta seguirá ampliándose con nuevos desarrollos. “La penetración de los medicamentos para la obesidad viene creciendo a un ritmo muy acelerado. De acá a 10 o 15 años, la forma de tratar la obesidad va a ser totalmente distinta”, aseguró Caetano.
La agenda de Caeme, sin embargo, no termina en las patentes. En la cámara también apuntan a una revisión de la carga impositiva sobre los medicamentos importados. Según Caetano, esto deja a la Argentina en desventaja frente a otros mercados y limita la competitividad del sector.
“Cuando se importa un medicamento hay derechos de importación, IVA, IVA adicional, Ganancias, una suma de tributos que se pagan. Ya estamos hablando con el Ministerio de Salud para buscar alternativas. Estamos terminando la fase de diagnóstico para después empezar a trabajar con el Ministerio de Economía para entender qué cosas se pueden simplificar”, apuntó.
