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El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso clave en la lucha contra la delincuencia organizada y los ciberdelitos al anunciar un plan integral para anular las comunicaciones no autorizadas en los establecimientos penitenciarios del país.
La medida, coordinada entre la cartera de Seguridad y el ENACOM, prevé la implementación de tecnología de bloqueo de señal y la inhabilitación directa de equipos telefónicos utilizados por internos.
El objetivo central de la Casa Rosada radica en desarticular la logística con la que reclusos operan fraudes, robos de cuentas bancarias y secuestros virtuales desde los pabellones.
Claves del plan oficial para bloquear dispositivos en penales
El despliegue técnico y legal busca cortar de raíz el acceso a redes celulares dentro de los recintos del servicio penitenciario.
Entre los puntos principales del anuncio se destacan:
- Intervención del ENACOM: El organismo regulador instruirá a las empresas de telecomunicaciones para ejecutar el bloqueo de las líneas y la inhabilitación del código IMEI de los celulares operativos dentro de los complejos carcelarios.
- Neutralización de estafas virtuales: La iniciativa apunta a terminar con delitos como el phishing, la suplantación de identidad en redes y las extorsiones telefónicas orquestadas desde las celdas.
- Coordinación con provincias: Se articulará con los ministerios de seguridad jurisdiccionales para auditar las antenas cercanas a las instituciones y desplegar inhibidores de señal de última generación.
- Control estricto de comunicaciones legales: La medida busca restringir el uso ilícito de telefonía móvil manteniendo únicamente los canales oficiales de contacto y telefonía fija regulada según los protocolos judiciales.
El impacto en la seguridad pública y el combate a la ciberdelincuencia
Las estafas digitales y las modalidades de chantaje desde los penales experimentaron un marcado incremento en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos para redes criminales.
Con esta acción, la gestión nacional busca responder a una demanda histórica de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, reduciendo drásticamente la capacidad operativa de las bandas dentro de los complejos penitenciarios y protegiendo a los ciudadanos ante modalidades de delito remoto.
