En esta noticia

Conseguir crédito sigue siendo uno de los principales desafíos para muchas empresas argentinas y, en numerosos casos, el problema no pasa por la falta de proyectos o necesidades de inversión, sino por la dificultad para presentar garantías suficientes ante los bancos.

Con ese telón de fondo, el Banco Central avanzó con dos modificaciones regulatorias que apuntan a ampliar el universo de activos que pueden utilizarse para respaldar préstamos.

Las nuevas normas flexibilizan el uso de garantías en moneda extranjera e incorporan nuevos tipos de warrants sobre bienes físicos como respaldo crediticio.

Aunque se trata de cambios técnicos, ambos persiguen un mismo objetivo: que más empresas puedan transformar activos existentes en financiamiento.

Qué cambia para los créditos respaldados en dólares

La primera modificación alcanza a las normas de política crediticia.

A partir de ahora, los bancos podrán otorgar determinadas financiaciones respaldadas por garantías en moneda extranjera otorgadas por terceros que actúen como principales pagadores y renuncien a los beneficios de excusión y división, fortaleciendo la capacidad de cobro de la entidad financiera.

La novedad no se limita a la garantía. La regulación también exceptúa a estas operaciones de algunas restricciones vinculadas con la relación entre los vencimientos del crédito y los ingresos del deudor.

En la práctica, esto amplía las posibilidades para estructurar financiamiento cuando existe un respaldo sólido en divisas, aun en situaciones donde el flujo de ingresos habitual del tomador no encaja plenamente dentro de los parámetros tradicionales de evaluación.

Para las empresas, especialmente aquellas vinculadas a cadenas exportadoras o con acceso a terceros que generen divisas, la medida abre una alternativa adicional para acceder al crédito.

Los activos físicos ganan valor como garantía

La segunda comunicación apunta a otro universo de empresas.

El Banco Central incorporó warrants sobre bienes no fungibles como garantía admisible para operaciones bancarias.

Los warrants son certificados emitidos sobre bienes depositados que permiten utilizarlos como respaldo financiero sin necesidad de venderlos.

Hasta ahora, los bancos podían computar determinados warrants tradicionales con aforos de hasta el 80% de su valor.

La nueva norma agrega la posibilidad de utilizar warrants sobre bienes no fungibles —activos específicos que no pueden reemplazarse fácilmente por otros equivalentes— siempre que cuenten con liquidez suficiente y sean emitidos por entidades inscriptas en el Registro de Warranteras.

En estos casos, las entidades financieras podrán considerar hasta el 50% de su valor de mercado como garantía crediticia.

Qué empresas podrían beneficiarse

La modificación tiene especial relevancia para sectores con fuerte presencia de inventarios o activos físicos de valor.

Empresas industriales, agroindustriales, distribuidoras, operadores logísticos y compañías comerciales podrían encontrar una nueva vía para transformar bienes inmovilizados en respaldo financiero.

En muchos casos, activos que hasta ahora tenían escasa utilidad para obtener crédito pasan a convertirse en herramientas que fortalecen el perfil financiero de la empresa frente a los bancos.

La lógica detrás de la medida es ampliar la cantidad de garantías aceptadas sin necesidad de crear líneas de financiamiento subsidiadas o programas especiales.

Por qué el BCRA avanza en esta dirección

El Gobierno viene impulsando una estrategia orientada a expandir el crédito privado y profundizar el financiamiento de la economía real.

En ese esquema, uno de los principales obstáculos suele ser la capacidad de las empresas para ofrecer garantías que resulten aceptables para el sistema financiero.

Muchas compañías cuentan con activos valiosos, inventarios, bienes de capital o vínculos comerciales sólidos, pero no siempre logran convertir esos recursos en garantías bancarias efectivas. Las nuevas normas intentan reducir parte de esa limitación.

Más opciones para financiar inversiones y capital de trabajo

Las modificaciones no implican que los bancos deban prestar automáticamente ni eliminan los procesos habituales de evaluación de riesgo. La decisión final seguirá dependiendo de cada entidad financiera y de la situación particular de cada empresa.

Sin embargo, sí amplían el menú de herramientas disponibles para respaldar operaciones de crédito.

Y en un contexto donde las compañías buscan financiamiento para capital de trabajo, expansión o inversión productiva, la posibilidad de utilizar nuevas garantías puede convertirse en una ventaja relevante.