En el frente de batalla de Europa del Este, un soldado colombiano que se ofreció como voluntario para el ejército de Ucrania descubrió algo perturbador: algunos de sus compatriotas que también intentaban pelear para Ucrania tenían vínculos con el crimen organizado en su país de origen.
A esos hombres los identificaron y los “mandaron de vuelta a casa”, dijo Taras Palianytsia, un oficial del Centro de Reclutamiento Extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania.
El caso no fue un hecho aislado. Durante el último año surgieron reiterados informes sobre grupos armados ilegales colombianos que intentan enviar soldados para adquirir experiencia de punta ucraniana en guerra con drones, con el objetivo de desplegar luego esas habilidades contra el propio ejército de su país al regresar.
“Los esquemas de reclutamiento son muy complejos, pero lo que más me preocupa es el nivel de especialización que están adquiriendo”, dijo un cooperante colombiano en Ucrania, que habló bajo condición de anonimato. “Ex paramilitares, ex guerrilleros y ex soldados están peleando y aprendiendo juntos acá cómo operar drones”.
Así como los drones revolucionaron la guerra de Ucrania contra Rusia, también alteraron las reglas del conflicto armado de décadas que libra el Estado colombiano contra los rebeldes de izquierda y los narcotraficantes. En su lucha contra la guerrilla en la selva, el gobierno siempre pudo contar con el dominio de los cielos; eso ya no es un hecho garantizado.
“La industria de los drones explotó y los criminales adaptaron la tecnología para los ataques, lo que representa un desafío mayúsculo para la supremacía aérea en el campo de batalla”, dijo a FT Pedro Sánchez, el ministro de Defensa saliente de Colombia y general de la fuerza aérea.
El Ministerio de Defensa estima que los grupos ilegales lanzaron 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, en su mayoría con drones de consumo baratos adaptados para dejar caer explosivos desde el aire.
En mayo, un soldado murió y otros seis resultaron heridos durante una patrulla en una región cocalera. En abril, los drones mataron a tres soldados cerca de la frontera con Ecuador y dañaron un sistema de radar militar en la provincia de Cauca. Y en diciembre, ataques contra una base militar dejaron siete muertos.
“Es un cambio dramático que afectó la movilidad y la supervivencia en el campo de batalla”, dijo Sánchez.
El año pasado, las fuerzas militares de Colombia “neutralizaron” el 96% de los intentos de ataque con drones, dijo Sánchez, ya sea interfiriendo las frecuencias de radio o destruyendo los dispositivos.
Pero los grupos ilegales están tratando de aprender de Ucrania para superarlos.
Un piloto colombiano de drones en Ucrania dijo que los reclutadores de los carteles buscaban capacitación para armar y operar drones FPV (first-person view, o de primera persona) —drones de ataque cuya agilidad hace que sean más difíciles de derribar—. En general, se los hace volar directo hacia el blanco y explotan al impactar.
“Los drones FPV ya se están empezando a usar en Colombia, pero lo que todavía no saben es cómo encriptar la comunicación entre el dron y la persona que lo pilotea, o cómo armar la carga explosiva de la manera en que se hace acá en Ucrania”, dijo el piloto, que habló con FT desde el frente sur, en la provincia de Zaporiyia.
Los grupos armados también buscan esquivar las señales de interferencia del ejército comprando drones que usan cables de fibra óptica ultrafinos, que se conectan a sistemas de operación en tierra a grandes distancias, según las autoridades. El grupo militante Hezbollah adoptó esta táctica —también pionera en la guerra entre Rusia y Ucrania— en su conflicto con Israel.
El Estado colombiano intenta frenar este tipo de compras imponiendo restricciones estrictas a la importación de todo tipo de drones.
También está reforzando sus defensas. En enero, el gobierno anunció planes para un “escudo antidrones” de u$s 1.600 millones, que incluye equipos de interferencia de frecuencias y sistemas de detección fijos y montados en vehículos.
Pero frenar la transferencia de conocimiento de los soldados colombianos que vuelven de Ucrania debería ser una prioridad, señalan los analistas.
Colombia tiene una larga historia de veteranos militares, curtidos por décadas de conflicto interno, que pelean en guerras extranjeras, incluidas Sudán del Sur, Yemen y Ucrania, donde murieron hasta 500 en los cuatro años transcurridos desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia.
“Los colombianos pueden aprender y adaptarse muy rápido y soportar las condiciones difíciles del servicio”, dijo Palianytsia, el oficial de reclutamiento ucraniano. “Se ganaron la confianza de los comandantes, a quienes realmente les gustan estos muchachos”.
El tema resultó controvertido en Colombia.
En octubre pasado, el presidente Gustavo Petro dijo que “los ucranianos tratan a los colombianos como una raza inferior” y llamó a los ciudadanos colombianos “que están siendo tratados como carne de cañón” a volver al país. Con la intención de debilitar los incentivos para sumarse a fuerzas extranjeras, su gobierno aumentó los salarios militares y ratificó una convención de la ONU de 1989 sobre mercenarios.
Sánchez, el ministro de Defensa, dijo que su despliegue en campos de batalla lejanos es una “triste realidad”, debido a los altos salarios que se ofrecen en comparación con sus jubilaciones en Colombia.
Desde hace décadas, las fuerzas militares del país combaten a carteles y guerrillas en un conflicto armado que costó un estimado de 450.000 vidas entre 1958 y 2016.
El grupo rebelde más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se desmovilizó en 2016, pero varias facciones disidentes continuaron la guerra contra el Estado. Todos los grupos armados colombianos son actores de economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Las actividades de los grupos armados se intensificaron durante el gobierno de Petro, quien durante tres años impulsó negociaciones con grupos armados como parte de su plan de “Paz Total”, antes de virar hacia una postura bélica hacia el final de su único mandato de cuatro años.
Petro le entregará la presidencia a Abelardo de la Espriella —un halcón de línea dura en materia de seguridad que prometió construir cárceles en la selva— este viernes. Tras un reciente ataque con drones contra el ejército, de la Espriella dijo que priorizará “restablecer la autoridad del Estado en las regiones más golpeadas por la violencia”.
Pero lo hará desde una posición más débil que la de sus predecesores recientes, según algunos expertos.
“El volumen de drones que tienen estos grupos puede desbordar con mucha facilidad cualquier blanco militar o civil”, dijo Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group. “[Las fuerzas armadas] perdieron por completo el monopolio del espacio aéreo, y eso es en realidad un cambio estratégico enorme”.
