SERVICIO PÚBLICO

Tarifas: el Gobierno está a punto de acordar con las gasíferas un aumento de entre 7% y 9%

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) lanzará en los próximos días la convocatoria a audiencia pública, después de limar detalles para un acuerdo con las empresas privadas.

El Gobierno se encamina a cerrar en los próximos días un acuerdo con las distribuidoras y transportistas de gas por las "tarifas de transición". Aún con una interna todavía no saldada en el kirchnerismo, se acelera el proceso para convocar a audiencias públicas.

El sector del Frente de Todos que se referencia en la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está dispuesto a validar un aumento final en las tarifas de entre 7% y 9%.

Estos porcentajes contemplan una suba cercana al 25% y no mayor al 30% en la remuneración a las empresas gasíferas reguladas, que representa cerca de un 40% de una boleta antes de impuestos.

Este ajuste en los ingresos de las compañías prestatarias del servicio público, dicen fuentes conocedoras del sector en off the record, serviría exclusivamente para pagar salarios, operación y mantenimiento. No dejaría fondos para inversiones.

El interventor del Ente Nacional Regulador, Federico Bernal, le dijo a El Cronista que "el acuerdo con las distribuidoras es casi un hecho, aunque no habrá ninguna confirmación sin los resultados de las audiencias públicas".

El funcionario agregó que "se está pidiendo por igual a productoras y licenciatarias de servicios públicos un esfuerzo extraordinario de cara al 2021".

La intención oficial es cumplir con lo que pidió la Vicepresidenta en diciembre, en un acto en La Plata: alinear los salarios y las jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas.

Y no solo eso, sino también que los ingresos de los trabajadores y los retirados le ganen por entre 3 a 4 puntos porcentuales a la inflación, para estimular el consumo y otorgarle vigor a la recuperación de la economía.

En ese sentido, el sector cristinista del Frente de Todos propone mantener a raya las tarifas de los servicios públicos.

La interna se evidencia en el choque contra el plan del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que los subsidios no crezcan como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI).

Para que los subsidios a la energía terminen 2021 en torno a los u$s 6500 millones o un 1,7% del PBI (como el año anterior, Guzmán y el secretario de Energía, Darío Martínez, planearon hace unos meses una segmentación de usuarios, con bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre otras.

  • Un 15% de altos ingresos, que pague el costo completo de la energía.
  • Un 45% de clase media, que vea alzas en línea con la inflación.
  • Un 40%, hoy en la pobreza, que sea cubierto por la tarifa social.

 Este esquema conspiraría contra las chances electorales del Frente de Todos en las elecciones legislativas, ya que el oficialismo deberá pescar votos entre la clase media.

Sin mejora de los ingresos reales para este segmento de la sociedad y sin excedentes para volcar al consumo, se ralentizaría la recuperación de la actividad económica.

Asimismo, elevar los subsidios sin otra fuente de financiamiento como un incremento en la recaudación impositiva o emisión de deuda terminaría derivando en un mayores requerimientos de emisión monetaria, que presionaría sobre la brecha cambiaria y sobre la inflación.

Este el temor que tiene Guzmán, que necesita que los actores económicos le crean al Presupuesto 2021, el corazón del plan de Gobierno.

Impacto en usuarios

Las facturas del gas tienen tres componentes: el costo propio del producto, que lo comercializan las petroleras en dólares y se liquida en pesos; el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que remunera a las transportistas y distribuidoras, reguladas por el Estado nacional por prestar un servicio público con características de "monopolio natural"; y los impuestos.

En promedio, sobre las boletas que les llegan a los usuarios (sin contar los impuestos), el 60% corresponde al precio del gas y el otro 40% a las tarifas de las licenciatarias.

El ENARGAS solamente incide en ese 40% regulado. El resto es tarea de la Secretaría de Energía, que debe autorizar el traslado a las tarifas del costo de adquisición del gas (pass through).

Por efecto de la devaluación del peso, la demanda prioritaria (hogares y comercios) paga u$s 2,10 por millón de BTU el gas natural.

Con el Plan Gas 2020-2024, el Estado se comprometió a que las petroleras (YPF, PAE, Tecpetrol, Total Austral, CGC y Pampa Energía, entre otras) perciban un promedio de u$s 3,50 por su producción.

La diferencia entre lo que no pagan los usuarios directamente de sus bolsillos y lo que cobran las productoras de gas va en el carril de los subsidios.

A mayor depreciación del peso frente al dólar, si el Gobierno no valida el pass through las distribuidoras tendrán cada vez más dificultades para juntar los pesos necesarios para pagarles a las petroleras y el Estado se tendrá que hacer cargo de una cuota mayor.

De otra forma, la cadena de pagos se vería resquebrajada como sucede en el sector eléctrico, donde las distribuidoras le deben más de $ 142.000 millones a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA).

De hecho, Metrogas les adeuda a las petroleras unos $ 7500 millones por el gas entregado en el invierno del año pasado.

El Gobierno está comprometido a respetar el precio acordado con las petroleras mediante la licitación del Plan Gas.

Bernal, en diálogo con este medio, aclaró que el Gobierno prestará especial atención a la participación ciudadana en las audiencias públicas.

"Es un derecho consagrado por la Constitución Nacional que debe recuperarse y defenderse a rajatabla. Y no se trata solo de escuchar, sino fundamentalmente de evaluar lo que la ciudadanía, las PyMEs y los sectores más postergados opinan y proponen en materia tarifaria y de servicio público", dijo.

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