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Mientras la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitaba el país, la reforma tributaria volvía a ponerse en foco, con un plan que contempla la presentación de un proyecto en 2027, según el cronograma acordado con el organismo.
En ese marco circuló la posibilidad de eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, considerado uno de los tributos más distorsivos para la actividad económica.
Empresarios reclaman medidas (computarlo como pago a cuenta de otros impuestos), aunque, por el momento, su peso en la recaudación dificulta que sea eliminado antes de 2027.
El Gobierno dejó en claro que el impuesto al cheque, que surgió con carácter de emergencia y ya lleva 25 años como parte del sistema tributario, es un gravamen que no debería existir: se aplica sobre cada movimiento bancario —con una alícuota del 0,6% tanto para depósitos como para retiros— y abarca todas las operaciones de acreditación o débito realizadas en una cuenta bancaria, ya sea personal o empresarial.
Sin embargo, su incidencia en la recaudación —alrededor de 1,6% del PBI en 2025— impide que las necesidades del sector privado y la intención de la gestión de Javier Milei lleguen al mismo puerto: su eliminación inmediata.
De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el escenario más probable es que el tributo sea eliminado hacia el final de un segundo mandato de Milei. Y, en ese sentido, hay un aspecto no menor: el 100% de los recursos que genera se destina a la caja de la ANSES, al menos hasta el 31 de diciembre de 2027 (según la última extensión).
Incluso, una fuente cercana a Caputo reconoció a El Cronista, de manera extraoficial, que el principal dilema radica en cómo se podrían cubrir los recursos que dejarían de enviarse al organismo previsional.
“Si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos un mayor superávit, y eso nos permite seguir bajando impuestos. Nosotros ya hemos bajado tres puntos de producto en términos de impuestos, unos u$s 20.000 millones por año que le estamos devolviendo al sector privado. Pero estamos acá para seguir en ese camino, porque bajar impuestos es la forma de ser competitivos en la Argentina”, dijo hace algunos días el titular del Palacio de Hacienda, durante la conferencia en la que se dio a conocer el proyecto de “Inocencia Fiscal II”.
Desde comienzos de este año, Caputo viene haciendo hincapié en que la ley que busca atraer a los “dólares del colchón” y la reforma laboral podrían contribuir a incrementar los recursos que percibe el Estado mediante una mayor formalización del empleo y el crecimiento económico.
La recaudación habría caído un 5,3% real interanual en el primer semestre, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La reducción de los recursos en términos reales, sumada a la meta de superávit primario del 1,4% del PBI, complica al Gobierno a la hora de avanzar con la eliminación de impuestos con gran peso en la recaudación.
“El crecimiento real de la recaudación de los principales impuestos es la fuente de financiamiento para bajar aquellos tributos que se elija reducir”, señaló Nadin Argañaraz, economista y titular del IARAF. Los “principales impuestos” son, precisamente, Ganancias e IVA, vinculados con el empleo y el dinamismo de la actividad.
Qué pide el FMI
Según el último staff report, publicado a fines de mayo, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a presentar un proyecto de reforma tributaria.
Cabe recordar que el presidente Javier Milei prometió, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, presentar un proyecto con cambios en el esquema impositivo.
“Necesitamos menos impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al sistema de turno”, dijo el mandatario en aquel momento, sin brindar mayores precisiones al respecto.
El staff report señala que la reforma tributaria debería apuntar a “mejorar la eficiencia y la simplicidad” del sistema y avanzar en la “racionalización de los gastos tributarios costosos”.
Este último punto abre la puerta a dos cuestiones que convergen en un mismo objetivo: eliminar, de forma gradual, impuestos distorsivos sobre el comercio —como las retenciones— y las transacciones financieras —como el impuesto al cheque—.
Tal es así que una reforma tributaria integral debería “equilibrar equidad y eficiencia, fortaleciendo el ancla fiscal”. Precisamente, la eliminación gradual de impuestos distorsivos —como el impuesto al cheque— podría compensarse a partir de que más trabajadores en relación de dependencia queden alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
La recaudación de este último tributo representa el 1,8% del PBI, una cifra inferior al promedio de la OCDE. Para incrementar los ingresos, el FMI propuso que el Ejecutivo redujera el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto. Además, planteó “armonizar las deducciones entre distintas categorías laborales y simplificar la estructura de alícuotas”.
Por otro lado, el documento también sugirió alinear el monotributo con el régimen general, reducir los efectos de los umbrales y armonizar las alícuotas efectivas y las contribuciones sociales, entre otras cuestiones.
En definitiva, si bien se trata solo de apreciaciones, el staff report plantea la necesidad de eliminar impuestos distorsivos —como en el caso del impuesto al cheque—, aunque con una compensación que surgiría de que más empleados paguen Ganancias y más pequeños contribuyentes abonen una cuota de monotributo más elevada, en línea con el régimen general.
