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La reforma laboral entró en su instancia de revisión técnica previo a su tratamiento en el Senado luego de que se multiplicaran los reclamos por la letra de la ley.
La comisión técnica, encabezada por una asesora de la senadora Patricia Bullrich, ya recibió a las principales cámaras empresarias que piden modificaciones para evitar la conflictividad y su desfinanciamiento. Otros advierten que el agro quedaría afuera si se mantiene así el capítulo para promover las inversiones.
Inversiones
La reforma laboral incluye la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). El mismo establece incentivos como la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, un recorte anticipado del tributo en base a la expectativa de su pérdida de valor por uso, y una devolución más rápida del crédito fiscal de IVA por la inversión en bienes de capital.
El proyecto incluye a las empresas micro, pequeñas y medianas hasta el tramo 2 inclusive.
Las alarmas se prendieron desde el agro en particular. Es que en este segmento, la facturación anual para la categoría más alta es equivalente a los $ 22.744 millones, lo que convertido al dólar mayorista es poco más que u$s 15 millones al año.
El sector, explican, en algunos casos registra ventas superiores a ese monto. El reclamo surge de que el sector también fue excluido del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que consideran que no cuentan con beneficios para invertir.
El planteo hace mella en el deterioro de la maquinaria o de las centrales portuarias, algunas de las cuales tienen en agenda inversiones por hasta u$s 350 millones solo para la puesta a punto.
El otro planteo es que no incluía ese incentivo para las personas, lo que dejaba afuera a jugadores más pequeños que aprovecharon el financiamiento o el ingreso de maquinaria usada para renovar sus bienes de capital.
Conflictividad
La comisión que lidera Josefina Tajes recibió a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la metalúrgica ADIMRA y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME). En el encuentro, los empresarios expusieron las dificultades que encontraban en distintos artículos que, consideran, alimentan la conflictividad.
Los reclamos se centran en cinco artículos que piden que se eliminen del proyecto: 126, 128, 130, 131 y 132.
El artículo 126 plantea la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos (condición por la que se mantenía el último convenio vigente si es que no se renovaba). Las cámaras plantearon que el artículo desnaturaliza el convenio, rompe el equilibrio entre las partes y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral. Además, plantean que es incompatible con la Constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, lo que puede alimentar nuevos conflictos.
El artículo 128, sostienen, “afecta gravemente la representación empresarial” porque restringe el contenido en las negociaciones colectivas y sostiene los aportes obligatorios a los sindicatos pero lo prohíbe para el sector empresario, “generándole un debilitamiento institucional” a las cámaras.
Este artículo no es nuevo en la disputa. Fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había apuntado contra él en un foro donde se encontraba el presidente de la CAC, Mario Grinman, por una cautelar impuesta por la cámara en contra de su prohibición. En un comunicado, la CAC señaló objeciones puntuales al proyecto, que acompaña en general e informó que los equipos técnicos trabajan “para prontamente acercar propuestas que logran conciliar lo planteado en la iniciativa con nuestro punto de vista”.
Los artículos 130 y 131, entienden desde las cámaras, elimina la función ordenadora del convenio por actividad y fragmenta el marco normativo, lo que habilitaría a “diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas”.
El 132, que faculta al Estado a convocar a una renegociación o suspender la homologación cuando sus cláusulas se mantengan por ultraactividad, creen que otorga discrecionalidad excesiva al Estado y afecta la autonomía colectiva, generando escenarios de inestabilidad e incertidumbre “para empleador y los trabajadores, creando inseguridad jurídica y consecuente conflictividad”.
