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El proceso de renovación judicial que impulsa el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques al frente, ya lleva cinco meses de negociación permanente con el Senado. El Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto y apunta a llegar a 300 designaciones al final del 2027, una cifra que lo convertiría en el Presidente que más integrantes del Poder Judicial nombró entre los últimos tres gobiernos.
El balance de aprobaciones queda así: el Senado dio acuerdo a 74 pliegos el 4 de junio -72 de esos 74 votados por unanimidad- y a otros 29 el 16 de julio. Son 103 pliegos aprobados desde abril, aunque no todos llegaron al mismo punto: Víctor Pesino, camarista del fuero laboral, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, ya tienen su decreto publicado en el Boletín Oficial. Otros, como la resistida María Verónica Michelli, sigue esperando la firma presidencial.
Todavía resta que se trate un paquete de al menos 26 pliegos con dictamen de comisión que el oficialismo buscaba tratar antes del receso invernal. Y detrás de esos, recién empieza a moverse una nueva tanda.
Las audiencias públicas convocadas para el 4 y 5 de agosto, donde debutan Agustín Rubiero y Matilde Ballerini junto a una decena de candidatos para juzgados y defensorías del interior -Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Chubut, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos- y nuevas vocalías en la Cámara Civil porteña y en la Seguridad Social.
Los nombres de Milei
Uno de los casos que mejor resume la lógica del procedimiento judicial el de Víctor Pesino, camarista de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En abril, Pesino había avalado la vigencia de la reforma laboral después de que una medida cautelar de la CGT la frenara, y también convalidó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
Semanas después de esos fallos, el propio Gobierno le tramitó la renovación del cargo, que estaba por vencer al cumplir los 75 años. El Senado aprobó su pliego el 16 de julio por apenas 35 votos contra 32, con el rechazo del kirchnerismo, y el trámite ya se cerró: el decreto 615/2026, publicado en el Boletín Oficial, lo confirma en la Sala VIII por cinco años más. Es uno de los tribunales que sigue interviniendo en causas de la reforma laboral, por lo que la continuidad de Pesino no era un detalle menor para el Gobierno.
Lo llamativo es que el Gobierno decidió alargarle el cargo a juez que configura un juzgado en “extensión” por iniciativa propia del oficialismo, ya que al tiempo que se impulsó el pliego avanzó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El convenio, firmado entre el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia en febrero, había sido aprobado en febrero, cuando el Senado lo incorporó como anexo dentro del proyecto de reforma laboral.
El proceso no estuvo exento de resistencia por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la CGT, que incluso consiguieron una cautelar que frenó parte del traspaso. Aun así, el convenio sigue en marcha y redefine, a mediano plazo, la estructura completa del fuero que hoy integra Pesino. De hecho, en estos últimos días el Consejo de la Magistratura de CABA formalizó el envío a la Legislatura porteña de un paquete de propuestas para cubrir 21 cargos estratégicos dentro del nuevo fuero del Trabajo local.
Por otro lado está el caso reciente de Martín Irurzun, que hasta hace pocos días integraba la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, uno de los tribunales de mayor peso institucional del país por debajo de la Corte Suprema, porque revisa las causas de corrupción y delitos complejos que se instruyen en los juzgados federales porteños.
A diferencia de Pesino, el Ejecutivo no le impulsó el pliego cuando cumplió 75 años. Irurzun intentó forzar su continuidad por la vía judicial y perdió en cada instancia: la Cámara Contencioso Administrativo le rechazó la cautelar, el procurador Eduardo Casal calificó su planteo de inadmisible, y la Corte Suprema, con firma de Horacio Rosatti, ni siquiera aceptó tratar su recurso durante la feria.
El propio Gobierno terminó pidiéndole al Consejo de la Magistratura que abra el concurso para llenar la vacante, dándola por perdida. La comparación con la extensión que sí recibió Carlos “Coco” Mahiques -padre del ministro de Justicia- en la Cámara Federal de Casación Penal quedó instalada como el ejemplo más claro de que el criterio para renovar o no un cargo no es aleatorio.
Otro nombre que atravesó la misma discusión sobre criterios es Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. Su candidatura para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe llegó con la terna aprobada por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, con la abstención de su propio padre, pero arrastraba un antecedente incómodo: en 2022 había renunciado a otro concurso judicial después de trascender una detención por alcoholemia positiva al volante.
Su tratamiento generó una crisis dentro del bloque oficialista en el Senado, porque la bancada libertaria quería postergarlo y terminó incluyéndolo por presión directa de la Casa Rosada. Fue el día en que el Senado limitó la cantidad de pliegos que iba a tratarse y terminó por aprobarlos todos, ya que la inclusión de Rosatti empezó un efecto cadena sobre los demás excluidos. El decreto 445/2026 lo confirmó como juez federal en Santa Fe.
De hecho, se trató de la misma sesión en la que se discutió a Rosatti dejó otro escándalo, el de María Verónica Michelli. El Gobierno había enviado su propio pliego para un cargo en el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata y después pidió retirarlo al descubrir que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien había investigado casos de corrupción vinculados al oficialismo.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se negó a acompañar esa maniobra, y el Senado terminó metiéndolo por la ventana en ese vaivén de 74 pliegos. Fue aprobando el pliego con 44 votos a favor, 18 en contra -todos del propio oficialismo- y dos abstenciones, una de ellas de la misma Bullrich.
Tal como anticipó en exclusiva El Cronista, en la Casa Rosada no se movió un pelo porque, algo que sabían de antemano pero no quisieron revelar, es que no solo Milei no tenía intenciones de firmar la designación, sino que el juzgado por el que fue nombrada no estaba en funciones. El Tribunal aún no tiene operatividad y necesitaba obligatoriamente una acordada de Habilitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El proceso podría tardar años.
Hay más nombres que muestran dónde se cruzan estas designaciones con intereses puntuales. Juan Tomás Rodríguez Ponte, que dirigía la oficina que maneja las escuchas judiciales federales, fue designado en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora; es señalado como cercano al juez Ariel Lijo -el excandidato de Milei para la Corte- y está casado con la fiscal que pidió cerrar la causa por el viaje de la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni a Nueva York. Su pliego se aprobó junto con el de Pesino, en la sesión del 16 de julio.
Los pliegos que se vienen
Dos casos siguen concentrarán la atención en los debates que se vienen en el Senado. Uno, el pliego de Agustín Rubiero, propuesto para la Sala D de la Cámara Civil, integró el Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021 pese a ser fiscal laboral y no especialista en la materia; llegó a la terna en el puesto 22 del orden de mérito, y la Sala a la que aspira viene fallando a favor de los investigados en el organismo por presunto lavado de dinero.
Por otro lado, Matilde Ballerini. Ella busca renovar su lugar en la Sala B de la Cámara Comercial al llegar a los 75 años, integra el tribunal que tramita la quiebra del Correo Argentino, la empresa de la familia Macri, un expediente abierto desde hace más de dos décadas; en 2022 fue una de las juezas que suspendió el trámite de esa quiebra a pedido de la propia empresa, una decisión que la fiscal del caso calificó de arbitraria. Ninguno de los dos pliegos fue tratado todavía en el recinto.
En el terreno de las defensorías y fiscalías también aparecen antecedentes que la oposición viene marcando. María Ángeles Ramos, hoy a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, busca pasar a fiscal general en los Tribunales Orales en lo Penal Económico; llegó a su cargo actual de la mano de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y en 2023 declaró como testigo en el juicio político contra la Corte Suprema por el fallo del 2x1.
En el mismo lote de defensorías, Hernán Figueroa y Ana Clarisa Galán Muñoz fueron vinculados con la agrupación Justicia Legítima, ligada históricamente al kirchnerismo; Galán Muñoz además había denunciado en 2022 a un fiscal federal de Salta por violencia de género y acoso laboral.
