Un proyecto de ley presentado en el Congreso en medio del conflicto en la industria del neumático abrió un nuevo frente político y alimentó versiones sobre una eventual intervención indirecta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la disputa. La iniciativa, que entre otros puntos busca declarar “de utilidad pública y sujeta a ocupación temporaria la planta industrial de la empresa FATE”, lleva la firma de legisladores vinculados al Movimiento Derecho al Futuro, lo que disparó especulaciones sobre su origen. Sin embargo, desde el entorno del mandatario provincial relativizan esa lectura. “No me suena”, señaló una fuente cercana a Kicillof ante la consulta de este medio. Y agregaron: “Es raro. Siempre la postura es a favor de los trabajadores, por supuesto. Y claramente las industrias sufren más que en ningún lado en la Provincia de Buenos Aires”. La frase deja entrever una toma de distancia, aunque sin desmarcarse del trasfondo del planteo. El texto legislativo lleva las firmas de Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano (h.), Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva; y aparece en un momento particularmente sensible por varios motivos. El gobierno de Javier Milei se ha manifestado abiertamente en contra de cualquier mecanismo de expropiación o limitación a la propiedad privada. Incluso, luego del fallo favorable en la justicia estadounidense en el caso YPF, se anunció el envío de un proyecto para limitar la posibilidad de expropiación estatal que figura en la Constitución. El proyecto no habla de ese mecanismo pero sí de “utilidad pública”. Por otra parte, llega al Congreso tras el fracaso de la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra a la empresa FATE y al gremio del sector. Ese mecanismo, que históricamente funcionó como instancia de enfriamiento entre las partes, viene mostrando signos de agotamiento en un contexto de mayor confrontación sindical y menor capacidad de intervención estatal. En ese marco, el proyecto propone revisar y eventualmente reformular herramientas clave del sistema laboral argentino. Entre sus fundamentos, sostiene que “los procedimientos vigentes han perdido eficacia para garantizar la resolución pacífica de los conflictos colectivos”, y plantea la necesidad de “adecuar la normativa a un escenario productivo y social que ha cambiado de manera sustancial”. Además, advierte que “la prolongación de disputas sin mecanismos efectivos de mediación no solo perjudica a los trabajadores, sino que también compromete la continuidad de las actividades productivas”, en una referencia directa al impacto económico de los conflictos prolongados. La iniciativa también pone el foco en el rol del Estado como árbitro. En ese sentido, remarca que “la intervención estatal debe recuperar capacidad de ordenamiento, garantizando tanto el derecho a la protesta como la preservación de la actividad económica”, un equilibrio que hoy aparece tensionado. Las versiones sobre una posible participación de Kicillof en el diseño del proyecto encontraron eco en algunos sectores políticos y mediáticos, que interpretaron la firma de legisladores cercanos como una señal, algo desestimado -en principio- desde La Plata. No es menor el contexto: la provincia de Buenos Aires concentra buena parte del entramado industrial del país y, al mismo tiempo, es uno de los territorios más expuestos a los conflictos laborales. En ese sentido, cualquier iniciativa que busque reordenar las reglas de juego impacta de lleno en la agenda del gobernador.