En esta noticia
El primer semestre de 2026 dejó una paradoja para el oficialismo: pese a que la crisis política desatada por el caso Manuel Adorni paralizó buena parte de la agenda parlamentaria durante meses, el Gobierno terminó siendo más productivo en materia legislativa que en la totalidad del año anterior.
Según el registro oficial de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el Congreso sancionó 17 leyes en todo 2025, la cifra más baja en una década.
Hasta el 17 de julio de este año, en cambio, ya lleva sancionadas 19 leyes, superando en poco más de seis meses la producción legislativa completa del año pasado.
La diferencia no es solo de cantidad, sino de origen. En 2025, el oficialismo no logró convertir en ley ninguna iniciativa propia durante el período ordinario de sesiones, que se extendió de marzo a noviembre.
De las 11 leyes sancionadas en ese lapso, tres fueron acuerdos internacionales heredados de la gestión de Alberto Fernández y las ocho restantes correspondieron a proyectos impulsados por la oposición —entre ellos la emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás—, de los cuales siete terminaron vetados por el Poder Ejecutivo.
La única actividad propiamente oficialista de 2025 quedó circunscripta a las sesiones extraordinarias de febrero (PASO, reforma del Código Penal y Procesal Penal, antimafias) y a dos leyes promulgadas durante las extraordinarias de fin de año: el Presupuesto 2026 y el régimen de Inocencia Fiscal.
El contraste con 2026 es marcado. Pese a que Javier Milei había prometido en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo enviar paquetes de proyectos en oleadas mensuales —promesa que no se cumplió— y a que el escándalo por las declaraciones juradas de Adorni y su posterior salida de la Jefatura de Gabinete concentraron buena parte de la energía política del semestre, el oficialismo logró imponer una agenda propia.
El recorrido del primer semestre
Todo arrancó en las extraordinarias de febrero: el 12 se aprobó en Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años; una semana después, el 19, se dio media sanción a la reforma laboral.
El Senado convirtió ambas iniciativas en ley el 27 de febrero. Ya en el período ordinario, la Cámara alta aprobó el 13 de marzo la modificación a la Ley de Glaciares —que flexibiliza la explotación económica en ambientes periglaciales—, convertida en ley en Diputados el 8 de abril.
El 24 de junio, en la última sesión del semestre, se sumaron el aval al pago a los bonistas por la deuda residual de 2001 y la media sanción del Súper RIGI, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores como inteligencia artificial y biotecnología, que ahora deberá convalidarse en el Senado.
A esa columna vertebral de reformas domésticas se sumó un lote considerable de acuerdos internacionales —tratados de extradición con Polonia y Costa Rica, convenios de seguridad social con Suiza y San Marino, asistencia jurídica mutua con Serbia y Cuba, entre otros—, que en 2025 también habían representado una porción significativa (aunque menor) del total sancionado.
El propio oficialismo reconoce que el ritmo estuvo lejos del prometido. Proyectos como la ley Hojarasca, la reducción de zonas frías, la ley de lobby, la reforma a la Ley de Financiamiento Universitario o la ley de inviolabilidad de la propiedad privada quedaron trabados, varios de ellos en el Senado.
Con todo, el Gobierno confía en un segundo semestre más activo a partir de agosto, con el debate del Presupuesto 2027, la reforma electoral, los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Sociedades Generales que impulsa el ministro Federico Sturzenegger como núcleo de la agenda.
