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El Gobierno actualizó la lista de jurisdicciones “no cooperantes” para el Impuesto a las Ganancias y eliminó a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del esquema que ARCA utiliza para aplicar controles fiscales más duros sobre operaciones internacionales.
Aunque parece un cambio técnico, impacta directamente sobre empresas con pagos al exterior, estructuras offshore, inversiones y planificación tributaria.
La modificación fue oficializada a través del Decreto 398/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial y reduce de 75 a 72 la cantidad de jurisdicciones consideradas “no cooperantes” por la Argentina.
La decisión tiene un efecto concreto: las operaciones vinculadas con esos países dejan de estar alcanzadas por parte de los controles reforzados previstos por la Ley de Ganancias y por los mecanismos de fiscalización internacional de ARCA.
Qué implica salir de la “lista negra”
En la práctica, las jurisdicciones no cooperantes funcionan como una categoría de riesgo fiscal.
Cuando una empresa argentina realiza pagos, inversiones, préstamos o transacciones con sociedades radicadas en esos territorios, el sistema tributario presume mayor opacidad y activa exigencias adicionales de información, controles sobre precios de transferencia y condiciones fiscales menos favorables.
Por eso, salir de esa lista no es solamente simbólico: puede facilitar operaciones financieras; estructuración de inversiones; pagos internacionales; y relaciones comerciales con empresas radicadas en esos países.
La lógica detrás del régimen es que Argentina penaliza tributariamente a países o territorios que no tienen acuerdos de intercambio de información, no poseen convenios fiscales amplios; o directamente no colaboran con pedidos de información tributaria.
Según explicó el Gobierno, Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago modificaron su situación frente a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal impulsada por la OCDE y el Consejo de Europa, y ahora están en condiciones de intercambiar datos tributarios bajo estándares internacionales.
El cambio que importa no es sólo tributario
Aunque el decreto parece menor, en el mundo corporativo la categoría de “jurisdicción no cooperante” pesa mucho más de lo que aparenta.
No se trata únicamente de paraísos fiscales clásicos. La lista funciona como una herramienta que condiciona: estructuras internacionales; costos fiscales; planificación de holdings; financiamiento; y operaciones transfronterizas.
En varios casos, quedar dentro de la categoría implica mayores retenciones para las empresas, presunciones fiscales más agresivas y más riesgo de inspecciones.
Por eso, cada actualización del listado es seguida muy de cerca por estudios tributarios, bancos, multinacionales y compañías con estructuras regionales.
La modificación además confirma una tendencia más amplia: Argentina viene reduciendo progresivamente la nómina de jurisdicciones “no cooperantes”.
En 2023 y 2024 ya se habían eliminado otros países luego de acuerdos de intercambio de información y adecuaciones impulsadas por la OCDE. De hecho, en la última tanda ya habían sido excluídos Burkina Faso, Papúa Nueva Guinea, Ruanda, Benín y Vietnam.
El esquema actual se basa en estándares internacionales de transparencia fiscal y cooperación tributaria cada vez más exigentes.
El nuevo mapa del control y las consecuencias para las empresas argentinas
La decisión también refleja un cambio más profundo en la economía internacional.
Durante años, las listas negras fiscales apuntaban principalmente a esconder patrimonio o canalizar operaciones offshore.
Pero en los últimos años el foco global pasó desde el secreto bancario hacia el intercambio automático de información y el seguimiento digital de movimientos financieros internacionales.
Eso explica por qué muchos países buscan salir de estas listas: quedar catalogado como “no cooperante” afecta acceso financiero, reputación internacional y vínculos comerciales.
Incluso la Unión Europea mantiene sus propios listados actualizados periódicamente para monitorear territorios considerados riesgosos desde el punto de vista tributario.
Para empresas argentinas con operaciones internacionales, el cambio no implica automáticamente una baja de impuestos ni una liberalización total de controles. Pero sí modifica el marco técnico bajo el cual se evalúan determinadas operaciones y reduce parte de las alertas automáticas asociadas a esos destinos.
