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El lunes 3 de agosto las aulas de todo el país volverán a ser escenario de conflicto. CTERA convocó un paro nacional y la CGT lanzará un plan de lucha sin huelgas, mientras el Ejecutivo endurece su postura.
La medida de fuerza fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo oficial a convocar la Paritaria Nacional Docente.
El Gobierno exige el cumplimiento del 75% del servicio
Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano salió a marcar la cancha. A través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, recordó que la educación es servicio esencial por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Según el artículo 101 de esa norma, durante huelgas los gremios deben garantizar una cobertura mínima del 75% de la actividad escolar habitual. El objetivo declarado es evitar la interrupción total de las clases.
El comunicado oficial fue categórico: quien incumpla esa obligación será sancionado por los medios legales aplicables. La cartera que conduce Capital Humano enmarcó la exigencia en la defensa del “derecho a aprender” de los estudiantes de todos los niveles.
Para el Gobierno, la Ley 27.802 —parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso— es la herramienta central para sostener la continuidad educativa aun en medio de medidas de fuerza. Esa lectura oficial choca de lleno con el reclamo sindical.
Los reclamos docentes y el frente judicial abierto
CTERA fundamenta el paro en un “ajuste en la educación” impulsado por la Casa Rosada. Entre sus pedidos figuran la reapertura urgente de la paritaria, un aumento salarial y la restitución del FONID.
El sindicato también exige una nueva ley de financiamiento educativo y rechaza la reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa. Reclama, además, más inversión en infraestructura, comedores, becas y conectividad.
La disputa por la esencialidad del servicio ya tiene capítulo judicial. El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 había suspendido esa declaración por una cautelar, pero el Gobierno apeló y el límite a la huelga sigue vigente hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Ese dato judicial pesó en la estrategia de la CGT. Sus gremios docentes evaluaron que desobedecer la norma podría derivar en “duras sanciones”, y por eso eligieron protestar sin parar las clases.
El plan de la CGT, encabezado por Sergio Romero (UDA), incluirá trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y “semaforazos” en distintos puntos del país. Habrá una movilización de cierre ante el Ministerio o la Secretaría de Educación.
Tanto CTERA como la CGT expondrán sus posiciones el lunes en conferencias de prensa separadas. El Gobierno, por su parte, ya dejó fijada su postura: exigir el 75% de actividad escolar y aplicar sanciones a quien no lo garantice.
