Cupón PBI

La reacción del Gobierno de Milei al fallo en contra en Londres

La Corte Suprema de Reino Unido falló en contra del país y los bonistas ejecutarán una cláusula de más de 300 millones de euros. El juicio es por más de 1.330 millones más intereses. El Gobierno de Javier Milei rompió el silencio por el caso.

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La Corte Suprema de Londres falló en contra de la Argentina en una demanda de un grupo de bonistas por el pago del Cupón PBI. De esta forma, ya no quedan instancias de apelación y el país tendrá que pagar alrededor de U$S 1.670 millones. 

El Gobierno de Javier Milei, por su parte, se hizo eco del fallo adverso y reveló qué es lo que hará en este escenario. 

Los demandantes ya podrán ejecutar una garantía de € 313 millones. El Gobierno de Javier Milei deberá definir si abona el total de la demanda, informó el analista económico Sebastián Maril, que viene siguiendo los casos contra el país en el exterior. 

El fallo del máximo tribunal de Reino Unido llega solo 4 meses después del fallo desfavorable del mes de junio, que obligaba a la Argentina a pagar el total de la sentencia. 

La reacción del Gobierno de Javier Milei

El primer funcionario nacional que se refirió al fallo adverso fue el jefe de gabinete Guillermo Francos. 

El ministro coordinador expresó que la causa por el Cupón PBI "es arrastrada desde 2013, cuando el gobierno de la expresidente modificó la forma de calcular el PBI para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de bonos emitidos en ocasión de los canjes de deuda de 2005 y 2010". Francos resaltó que "las soluciones "creativas" del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país".

"Estamos analizando minuciosamente, con nuestros asesores legales, las consecuencias de esta determinación y los pasos a seguir", añadió el funcionario.

Causa Cupón PBI: las claves

El juicio se inició en 2019 por cuatro fondos de cobertura, en reclamo por el pago del denominado "Cupón PBI" de los bonos emitidos por el Estado argentino tras la reestructuración de la deuda de 2005. Los mismos establecían que si el Producto Bruto crecía más de 3,3% en el año se gatillaba un pago adicional a los acreedores.

Sin embargo, el disparador de la demanda fue la intervención de facto del INDEC en 2007 por parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para manipular algunos índices, en especial la inflación.

En 2013, el INDEC modificó el modo de calcular el PBI, y el organismo estadístico informó ese año un crecimiento del 3,2%, por lo que no se activó el pago. 

Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda, que en abril del año pasado la Argentina perdió y, tras apelar a principios del 2024, ahora sufrió un nuevo revés.

La demanda inicial era por 1.300 millones de euros más intereses, por lo que totalizaría unos U$S 1.670 millones, aproximadamente. 

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