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ARCA reglamentó el régimen especial que reduce un 50% las multas por infracciones a los deberes formales, creado por el artículo 17 del Título III de la Ley 27.826, y fijó el 18 de diciembre de 2026 inclusive como fecha límite para cumplir con la obligación omitida que originó la sanción y, cuando la multa está en discusión, para presentar el trámite digital correspondiente.

Primero, verificar si la multa califica

Con la reglamentación en la mano, el análisis para cada contribuyente empieza por determinar si la sanción entra o no en el régimen. Noelia Girardi, contadora y gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin y Abelovich, indicó en diálogo con El Cronista que “la primera cuestión que habría que analizar es si la multa puede acceder al beneficio de reducción del 50% previsto en la Ley 27.826”. “No todas las multas son susceptibles de gozar de la reducción del 50%” remarcó.

No todas las multas son susceptibles de gozar de la reducción del 50%, dicen los contadores.
No todas las multas son susceptibles de gozar de la reducción del 50%, dicen los contadores.

La especialista advirtió además que “si se cumplen los requisitos, antes de incorporarla a un plan de facilidades conviene evaluar esta alternativa, porque son dos beneficios diferentes: el plan permite financiar la deuda, pero no implica una reducción del importe de la multa”. Es decir que financiar una multa que podía reducirse a la mitad puede hacer que pagues más de lo necesario, o directamente perder el beneficio.

Contado o cuotas, según la situación financiera

Una vez confirmado que la multa califica, elegir entre cancelarla de una vez o financiarla depende de “la decisión entre pagar al contado o financiar el importe dependerá principalmente de la situación financiera de cada contribuyente”, explicó.

Para quienes tienen espalda financiera, “cancelar la multa una vez aplicada la reducción puede ser conveniente para evitar costos financieros”, afirmó.

Sin embargo, para las empresas que priorizan su capital de trabajo, especialista en impuestos indicó que “si necesita preservar capital de trabajo, tendrá que evaluar las alternativas de financiación disponibles y comparar el costo de las cuotas con el beneficio de cancelar la obligación”.

Multas de ARCA con descuento: las ya incluidas en un plan quedan afuera

Uno de los puntos que más puede afectar a los contribuyentes es el de las sanciones que ya habían sido financiadas. El artículo 3° de la resolución establece que se consideran “canceladas”, a los fines del régimen, las multas cuyo importe hubiera sido consolidado en una adhesión a un régimen de facilidades de pago. Como el beneficio solo alcanza a las multas no firmes o, si están firmes, no canceladas, esa equiparación excluye a las que ya estaban en un plan.

“Un punto importante es qué sucede con las multas que ya habían sido incorporadas a un plan de pagos anterior. La RG 5927 establece que las multas cuyo importe hubiera sido consolidado en un régimen de facilidades de pago se consideran canceladas a los efectos de este beneficio”, explicó.

Adherir o no, depende de la situación financiera del contribuyente.
Adherir o no, depende de la situación financiera del contribuyente.Redes sociales

Además, precisó que el alcance de la normativa es señalar que “si la multa ya estaba incluida en un plan antes del 9 de octubre de 2026, no puede acceder posteriormente a la reducción del 50%, aunque el contribuyente todavía esté pagando las cuotas y no haya terminado de cancelar el plan”.

Por eso, la contadora recomendó que “revisar si la multa ya fue incorporada a un plan de facilidades, porque esa decisión puede hacer perder la posibilidad de acceder a la reducción”.

Qué pasa cuando la multa está en discusión

La excepción a la regla de que el beneficio opera sin trámite son las sanciones que se están discutiendo. Girardi advirtió que “uno de los aspectos a los que prestaría especial atención al momento de realizar el trámite es no suponer que la reducción opera automáticamente en todos los casos”, y explicó que “la reglamentación contempla una excepción para las multas que se encuentran en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial”.

En esos casos, según la resolución, el contribuyente debe cumplir primero con la obligación formal omitida y luego, hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive, realizar una presentación en el servicio web “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”.

Luego, debe identificar la multa con el número de sumario, resolución o instrumento que la determinó, además de otros datos que permitan individualizarla. Girardi señaló que, “además de cumplir con la obligación formal que originó la sanción, hay que realizar una presentación digital específica, identificando correctamente la multa y el antecedente administrativo o judicial correspondiente”.

El costo de esa presentación es lo que más pesa en la decisión. La resolución dispone que esto implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción de la multa no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, con asunción de las costas y los gastos causídicos que correspondan.

Cuándo conviene adherir y cuándo seguir litigando

Sobre ese punto, Girardi opinó no que cree que necesariamente convenga adherir al beneficio en todos los casos. “Hay que analizar cada situación en particular”, aconsejó Girardi, quien sostuvo que “si existen argumentos sólidos para cuestionar la procedencia de la sanción, como defectos en el procedimiento, inexistencia de la infracción, falta de configuración de los presupuestos legales o cuestiones vinculadas con la prescripción, puede ser razonable continuar con la defensa administrativa o judicial”.

En cambio, explicó que “si las posibilidades de revertir la multa son bajas, los argumentos defensivos son débiles o el costo de continuar litigando resulta desproporcionado respecto del importe involucrado, la reducción del 50% puede ser una alternativa interesante para cerrar la controversia”.

La especialista insistió en que la adhesión tiene consecuencias que van más allá del ahorro inmediato. “Adherir al beneficio respecto de una multa que está en discusión no es una decisión neutra: implica un allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, con las consecuencias que ello tiene en materia de costas y gastos causídicos”, afirmó.

Y concluyó que “antes de tomar la decisión, no alcanza con mirar cuánto se ahorra con la reducción; también hay que evaluar las posibilidades de éxito de la defensa y el costo de seguir discutiendo”.

Cómo es el plan de pagos de multas de ARCA con 50% de descuento para pymes

La resolución, dictada por el director general de la Dirección General Impositiva a cargo del organismo, establece que el beneficio comprende las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número agregados a continuación de estos en la Ley 11.683.

Deben corresponder a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.799, y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026, cuando comenzó a regir la Ley 27.826. Además, a esa última fecha las multas no deben estar firmes o, si lo estaban, no deben haber sido canceladas.

"Si existen argumentos sólidos para cuestionar la procedencia de la sanción, puede ser razonable continuar con la defensa administrativa o judicial”, indicó Girardi.
"Si existen argumentos sólidos para cuestionar la procedencia de la sanción, puede ser razonable continuar con la defensa administrativa o judicial”, indicó Girardi.Fuente: ShutterstockShutterstock

El Decreto 1.253 del 22 de octubre de 2026 había precisado que la calificación de los sujetos alcanzados se verifica al momento del incumplimiento del deber formal y que la reducción opera de pleno derecho, siempre que el contribuyente cumpla con la obligación omitida dentro de los plazos y condiciones que fije la Agencia.

La reglamentación reúne ese criterio y aclara que el beneficio funciona sin necesidad de que el contribuyente realice una gestión, salvo que la multa esté en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

Reducción 50% multas ARCA: qué pymes y qué contribuyentes quedan alcanzados

El descuento para pymes está condicionado a la documentación que tenga la empresa. Según la resolución, quedan comprendidas las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME, obtenido de acuerdo con la Resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, y que además registren la caracterización correspondiente en el Sistema Registral. Como la calificación se evalúa al momento de la infracción, lo que cuenta es la situación de la empresa cuando se cometió el incumplimiento y no la que tenga hoy.

El régimen también incluye a las personas humanas y a las sucesiones indivisas. En el caso de las entidades sin fines de lucro, alcanza a las registradas ante ARCA bajo alguna de estas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, cooperativa efectora, consorcio de propietarios, mutual, cooperadora, otras entidades civiles, instituto de vida consagrada, asociación simple, iglesia y entidades religiosas, e Iglesia Católica.

Quedan excluidos, en todos los casos, quienes estén categorizados como Grandes Contribuyentes dentro del ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, conforme a la Resolución General 5.670.

La norma también aclara que el beneficio no da lugar, en ningún caso, a la devolución de los importes que se hubieran pagado antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826. Quien ya canceló una multa antes del 9 de octubre no puede reclamar el reintegro de la mitad.

Quien tenga una multa alcanzada por el régimen debe verificar que cumple con los requisitos de sujeto, fecha y estado de la sanción, regularizar el deber formal que dio origen a la infracción antes del 18 de diciembre de 2026 y, solo si la multa está en discusión, hacer la presentación digital dentro de ese mismo plazo.

Para las pymes, el primer control es contar con el Certificado MiPyME y con la caracterización registrada en el Sistema Registral, porque sin ellas la empresa queda fuera del beneficio.