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Luego de la sexta y última prórroga dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este lunes 16 de noviembre vence el plazo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.
Los especialistas consultados por El Cronista sostienen que “nunca en la historia un vencimiento llegó a noviembre”. Ahora bien, ¿qué explica, desde el punto de vista profesional, esta situación excepcional?
La explicación está en la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada el 26 de diciembre de 2025 y modificada el 17 de septiembre de este año, impulsada con el objetivo de que los argentinos “saquen los dólares del colchón”.
Allí nació el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema que permite a determinados contribuyentes (personas humanas) cumplir con sus obligaciones de manera más ágil y acceder, además, a dos beneficios: el efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base y la presunción de exactitud, conocida como “tapón fiscal”, sobre los períodos no prescriptos.
¿Qué pasó, entonces, para que un vencimiento previsto originalmente para junio terminara llegando hasta noviembre? No hubo un único motivo: las sucesivas modificaciones normativas, las reglamentaciones complementarias y la falta de definiciones sobre algunos aspectos del régimen generaron incertidumbre entre contribuyentes y profesionales.
“En muchos casos, no se contaba con las respuestas o certezas necesarias para poder liquidar correctamente los impuestos y cumplir con las obligaciones en los plazos originalmente previstos”, explicó Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich.
Uno de los principales puntos de conflicto estuvo en la definición de “discrepancia significativa”, el mecanismo que permite a ARCA “quebrar” el tapón fiscal. Mariano Ghirardotti, contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, cuestionó la técnica legislativa original, que establecía el 15% sobre el saldo del impuesto y no sobre el impuesto determinado.
“Así, ante dos declaraciones juradas exactamente iguales, si un sujeto había ingresado todos los anticipos y le quedaban $ 100 a pagar, el fisco solo debía encontrar un ajuste de $ 15 para estar frente a una discrepancia significativa. Esto beneficiaba al incumplidor y generaba todo tipo de situaciones anómalas”, precisó.

El especialista recordó que “el universo de contribuyentes restringido a determinado nivel de ingresos y patrimonio” fue otro de los puntos que dificultaron la puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal. “En el cómputo de ingresos, se tomaba, por ejemplo, la venta de un departamento o las operaciones de compraventa de acciones por el precio de venta y no por el resultado. Había contribuyentes que habían recibido una herencia o realizado determinadas operaciones que los dejaban fuera y no podían ingresar al régimen”, subrayó Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios.
Ante estas dificultades, el Gobierno modificó algunos aspectos de la norma (Ley de Inocencia Fiscal II). El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó dos reuniones con un grupo de contadores —en mayo y junio— para abordar las dificultades detectadas en la implementación del régimen y ampliar su alcance.
Entre los cambios, se dispuso la eliminación de los topes de ingresos ($ 1000 millones) y patrimonio ($ 10.000 millones) para las personas humanas y sucesiones indivisas que opten por adherir al régimen por el período fiscal 2025. Por su parte, los “Grandes Contribuyentes Nacionales” y los funcionarios públicos podrán adherir al esquema simplificado, aunque sin acceder a los beneficios del régimen.
La reforma también redefinió los parámetros por los cuales se puede configurar una diferencia relevante. Aun cuando un contribuyente supere el 15% del impuesto determinado, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión simple ($ 5.000.000) previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
“Tampoco se había contemplado que el fisco no pudiera utilizar la presunción de depósitos bancarios a los fines de detectar una discrepancia significativa. Eso también se corrigió: hoy no puede usar ni la de incremento patrimonial no justificado —que ya estaba— ni la de depósitos bancarios, y además se limitó la posibilidad de usar otros indicios y presunciones”, agregó Domínguez.

De esta manera, la carga de la prueba recaerá sobre ARCA: solo podrá basarse en la información declarada por el contribuyente y aquella disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros.
Además, no se configurará una discrepancia significativa cuando un contribuyente presente una declaración jurada rectificativa y regularice la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles, luego de ser notificado de la liquidación administrativa o de la determinación de oficio.
¿Salen los “dólares del colchón”?
Uno de los objetivos centrales del Gobierno es que el nuevo régimen incentive la exteriorización de ahorros no declarados para impulsar el consumo o robustecer el mercado de capitales doméstico. Sin embargo, los especialistas se muestran cautos: consideran que el resultado dependerá de la estabilidad del esquema y de la confianza de los contribuyentes.
La Ley de Inocencia Fiscal II permite exteriorizar los denominados “dólares del colchón” hasta el 31 de diciembre de 2027, que coincide con un año atravesado por las elecciones presidenciales. Los fondos deberán canalizarse mediante los mecanismos autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), tanto en el origen como en el destino.
A esto se suma que la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció, en su reciente reglamentación, un umbral anual de operaciones de $ 100 millones, equivalente al monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario para el delito de evasión simple. Al tipo de cambio actual, representa alrededor de u$s 60.000 anuales.
Un contribuyente que desee exteriorizar dólares no declarados hasta ese monto no deberá acreditar el origen de los fondos ni presentar documentación sobre sus ingresos, su patrimonio o su actividad económica. Asimismo, los sujetos obligados (bancos, ALyCs y escribanos, entre otros) tampoco tendrán que corroborar si la operación guarda consistencia con su capacidad de ahorro.

Bajo estas condiciones, habrá más incentivo para “sacar los dólares del colchón” en aquellos casos en los que el contribuyente encuentre una oportunidad inmobiliaria, necesite financiar un proyecto o quiera obtener una renta de sus ahorros.
La estabilidad macroeconómica y la percepción de seguridad jurídica a largo plazo, entre otros aspectos, serán claves para medir el éxito del “plan colchón”.

Por Matías Rufino
Redactor de Economía
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