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Medidas de bolsillo: cómo se financian los alivios que anunció Sergio Massa

Finanzas capturó recursos extraordinarios con una licitación fuera de agenda y se destinará a financiar los anuncios. Los gastos que se pisan. Consultores descartan que se cumpla la meta fiscal.

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El paquete de medidas pro consumo que anunció el ministro y candidato Sergio Massa se financiará con un pie sobre los gastos no esenciales y más deuda en pesos, mientras el Gobierno intenta ampliar la base tributaria de grandes contribuyentes mediante un proyecto de ley y mayor fiscalización de la AFIP. Los consultores ya consideran imposible que se cumpla la pauta de déficit fiscal de 1,9% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advierten sobre la viabilidad de la última cruzada de Massa a partir de noviembre.

La Secretaría de Hacienda profundizará el trabajo que hizo durante el último año sobre los gastos. Además de la baja en los subsidios por los aumentos de tarifas, el Gobierno pisó fondos para obras y transferencias a provincias que le permitieron ajustar las erogaciones. El esquema de reducción de gastos entrará en tensión si no hay nuevos aumentos de tarifas, por el impacto de la devaluación en el costo de la energía. Pero el Ejecutivo demorará cualquier incremento hasta después de las elecciones.

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Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los gastos corrientes devengados acumulan una caída real de 4,5% en el acumulado enero-agosto, aunque la baja en subsidios en la energía llega a 12,6% y los gastos de capital bajaron 8%. Más allá de los bonos, el gasto en jubilaciones cae 3,2% real y las asignaciones familiares y AUH, 26%.

Gastos e ingresos

El paquete de anuncios agrega, según distintos consultores, un bache adicional de aproximadamente 0,6% del PBI en las cuentas nacionales, sin contar pagos del sector privado (el bono) ni recursos coparticipables. A eso se sumaría el nuevo bono tipo IFE a 3 millones de trabajadores informales, que rondaría los $ 180.000 millones.(en torno al 0,1% del PBI).

El gran interrogante es el impacto del reintegro de IVA. Esta política es difícil de estimar, porque depende de su uso efectivo. Y, si bien algunos economistas consideran que habrá un esfuerzo compartido con las provincias por tratarse de un impuesto coparticipable, la política vigente desde 2019 se financia con aportes del Tesoro. El Gobierno sostiene que la medida ayudará a formalizar operaciones que matizarán el impacto de la devolución.

Más recaudación

La cuestión es cómo se financiará ese mayor gasto. El Gobierno quiere que una parte de esos recursos los aporte la recaudación. Además del efecto "blanqueo" del consumo con tarjeta de débito, el impuesto PAIS ampliado -ya está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2024- aportaría 0,13% del PBI, según la consultora Analytica. Economía también anticipó que enviará un proyecto de ley de impuesto mínimo del 15% a la renta de las grandes empresas, para compensar la pérdida de recaudación de Ganancias.

Castagneto profundizará la fiscalización sobre cuentas en el exterior.

La mayor fiscalización haría su aporte. Este miércoles, la AFIP informó que intimó a 208 contribuyentes con activos en el exterior no declarados. "El impuesto total omitido supera los $ 330.000 millones, una cifra similar al esfuerzo fiscal que implicarán las nuevas medidas de devolución de IVA", escribió el titular del fisco, Carlos Castagneto, en su cuenta de Twitter. La información corresponde a tenencias de 2022 en 108 países de la OCDE. A partir de septiembre de 2024 se sumaría la información de cuentas en Estados Unidos.

Más deuda

La consultora Eco Go estimó que, en agosto, la administración pública registró un déficit primario devengado de $ 140.000 millones, pero que el base caja estaría más cerca del equilibrio. Ese incremento de la deuda flotante habría sido consecuencia de la asignación de recursos a financiar otras políticas.

Los economistas coinciden en que el colchón de financiamiento neto que consiguió la Secretaría de Finanzas en los últimos meses servirá para cubrir el mayor gasto. En lo que va de septiembre, con una licitación extraordinaria a comienzos de mes y a falta de una última ronda, el financiamiento neto positivo roza los $ 950.000 millones, con una tasa de rollover de 238%, contra una media del 150% acumulada en el año.

Eugenio Setti acelera la colocación de deuda en pesos para financiar el mayor gasto.

Según Eco Go, esos recursos dejaron "una buena base para financiar las políticas anunciadas". Pero, para Analytica, "el financiamiento disponible alcanza hasta principios de noviembre". La consultora estimó que el Tesoro requerirá $ 1,79 billones para los dos últimos meses de 2023, posiblemente en medio de una transición de Gobierno. "En nuestra visión, los recursos se obtendrán mayoritariamente con deuda indexada a la inflación y/o a la evolución del tipo de cambio", añadió.

La consultora que preside Ricardo Delgado estimó que quedan disponibles Adelantos Transitorios del Banco Central por 0,19% del PBI. Para Equilibra, el BCRA emite pesos para comprar deuda en el mercado y canjearla por títulos de plazos más largos. Esta consultora advirtió que, para 2024, las necesidades de financiamiento equivalen al 12,8% del PBI y que casi la mitad estaría en manos privadas.

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