El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se puso al frente de la negociación política por la reforma de la Ley de Salud Mental y encabezó desde este lunes una ronda de reuniones virtuales con la totalidad de los ministros de Salud provinciales junto a la senadora y jefe de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
El operativo se enmarca en la estrategia del oficialismo que busca despejar cuanto antes los proyectos con dictamen pendiente para destrabar el cuello de botella legislativo que atraviesa el Senado desde hace meses. Se trata de una maniobra novedosa en el marco de la dinámica del Gobierno con las negociaciones legislativas, en las que se involucraron conversaciones directas entre los funcionarios nacionales y provinciales para evitar cortocircuitos en el avance del proyecto.
Las reuniones, organizadas por videollamada, se dividieron en tres tandas según la agenda de cada jurisdicción. Este lunes participaron los ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. En tanto, el martes por la mañana continuará el temario con Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde, ya con la participación directa de Bullrich, cierra la ronda con Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El esquema alcanza, de esta manera, a las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, un dato que en el oficialismo destacan como un gesto de apertura hacia todos los bloques provinciales, más allá de su color político.
La convocatoria responde también a un antecedente que había generado fricciones: cuando el proyecto ingresó al Senado en abril pasado, distintos gobiernos provinciales cuestionaron modificaciones puntuales del texto original, entre ellas el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por la expresión “trastornos mentales o del comportamiento”, en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Ese reclamo terminó incorporado a la nueva versión del dictamen: se restituyó la noción de “padecimiento” en la definición central de la norma, uno de los puntos que la Comisión de Salud del Senado, presidida por la senadora Ivana Arrascaeta, incluyó tras meses de trabajo con los bloques.
Según pudo reconstruir El Cronista, la última versión del texto recoge observaciones de todos los interbloques que participaron de las audiencias, en las que expusieron más de 70 especialistas, organizaciones de familiares, asociaciones profesionales y funcionarios judiciales.
Entre los cambios de fondo que integra el texto, al que accedió El Cronista, figura la definición del equipo interdisciplinario a cargo de los tratamientos, que según el artículo 7 deberá integrarse con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales y otras disciplinas afines, con al menos un médico psiquiatra entre sus miembros.
La conformación de ese equipo podrá adaptarse a la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción, un punto sensible para las provincias con menor infraestructura sanitaria. También se explicitó la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial, en un intento de dar respuesta a la disparidad que persiste entre distritos: según datos oficiales, solo 20 de las 23 provincias cuentan con camas de internación para salud mental y apenas 16 habían adherido formalmente a la ley vigente desde 2010.
El dictamen también restituye la enumeración completa de dispositivos de inclusión social y atención que prevé la ley actual, entre ellos consultas ambulatorias, servicios de inclusión laboral post internación, atención domiciliaria supervisada, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio-laboral. La incorporación busca despejar dudas planteadas por asociaciones de profesionales sobre una eventual reducción de la red asistencial extrahospitalaria.
En el capítulo de internaciones, el texto mantiene la exigencia de dos firmas profesionales -una de ellas de un médico, preferentemente psiquiatra- tanto para las internaciones ordinarias como para las involuntarias, que solo proceden ante riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros.
Para las internaciones excepcionales, se amplió de 24 a 48 horas el plazo para la intervención asincrónica del psiquiatra. El proyecto suma además la obligatoriedad de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y fija un límite temporal a las internaciones prolongadas, consideradas como tales a partir de los 180 días corridos o su acumulación en dos años por reinternaciones.
La versión consensuada también repuso las facultades vigentes del Órgano de Revisión y sumó un registro específico de internaciones prolongadas, además de un capítulo dedicado a niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de sustancias, que prevé equipos con formación infantojuvenil, dispositivos separados de los adultos y coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El dato más sensible de la negociación quedó en el capítulo de los establecimientos. El proyecto que impulsaba Lugones había planteado habilitar nuevamente la internación en hospitales psiquiátricos especializados, tanto públicos como privados. El dictamen incluye la prohibición expresa de crear manicomios o sostener internaciones crónicas por motivos de salud mental, en línea con el modelo de desmanicomialización vigente desde 2010. De esta manera, la habilitación de hospitales monovalentes se permitirá, pero con la restricción de que la internación crónica o de por vida, el aislamiento social y la institucionalización indefinida no.
Otro de los puntos que más atención había generado entre los bloques provinciales fue el artículo 41, referido a la cooperación económica, técnica y financiera entre Nación y provincias para la implementación de la ley. Ese artículo había sido eliminado en una versión anterior del proyecto, lo que despertó reclamos de varios gobernadores que temían quedar sin respaldo presupuestario para adaptar sus sistemas de salud mental a la nueva normativa. En el dictamen que ahora circula entre los bloques, ese artículo fue repuesto en su redacción vigente.
La ronda de reuniones que encabeza Lugones se lee, puertas adentro del oficialismo, como parte de una estrategia más amplia. Con el Senado convertido en el escenario donde se acumulan expedientes sensibles -desde el Súper RIGI hasta los pliegos judiciales, pasando por la reforma de Zonas Frías y la eventual discusión de la Reforma Electoral-, Bullrich busca evitar que Salud Mental sume un nuevo foco de resistencia provincial en un semestre ya cargado de negociaciones.
El involucramiento directo del ministro, sumado a la participación personal de la jefa de bloque en la última tanda de encuentros, apunta a cerrar el capítulo de objeciones técnicas antes de que el proyecto llegue al recinto.
