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El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había restablecido la Ley de Tierras Rurales reabrió el debate político sobre la compra de campos por parte de extranjeros. Un día después de la decisión del máximo tribunal, el bloque Justicialista del Senado presentó un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y recuperar las restricciones que regían antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Juliana Di Tullio, junto con el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, y el senador Fernando Salino. Los legisladores cuestionaron el pronunciamiento judicial y reclamaron que el Congreso intervenga para restituir la norma que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
En los fundamentos del proyecto, los senadores sostuvieron que “el suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos”.
La presentación se conoció luego de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal rechazó la demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por falta de legitimación, pero aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación de la ley.
El reclamo del peronismo contra el fallo de la Corte
Desde el bloque Justicialista calificaron de “bochorno” la decisión de la Corte y cuestionaron que el tribunal no reconociera al CECIM legitimación para reclamar en defensa de la soberanía territorial.
“Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria y sostenga que la soberanía territorial no es un bien colectivo”, señalaron los senadores en el comunicado.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se concentró en una cuestión procesal: determinó que la asociación de excombatientes no estaba habilitada para promover la demanda colectiva. Por ese motivo, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737.
La Corte aclaró expresamente que su resolución no implicaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU ni interfería con las atribuciones del Congreso para intervenir sobre la norma.
Frente a ese escenario, los senadores peronistas plantearon que el Poder Legislativo debe asumir “de manera urgente” su responsabilidad constitucional como garante del dominio público.
Qué propone el proyecto para restituir la Ley de Tierras
El proyecto presentado por Di Tullio, Mayans y Salino busca derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. De aprobarse, la iniciativa restablecería el régimen que fijaba límites y controles a la titularidad extranjera de esos terrenos.
Los legisladores advirtieron que la eliminación de la normativa expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre recursos que consideran estratégicos, entre ellos las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas.
La discusión sobre la extranjerización de tierras ya había ganado espacio en el Congreso durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En agosto, el Gobierno retiró de esa iniciativa el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, aunque la movilización convocada frente al Congreso se mantuvo por los cuestionamientos a otros puntos del proyecto.
La nueva presentación del bloque peronista vuelve a llevar la discusión al ámbito legislativo, esta vez con el objetivo de recuperar la vigencia de la ley que el Gobierno derogó mediante el DNU 70/2023.
El rechazo del Senado al DNU 70/2023
En el comunicado, los senadores también recordaron que la Cámara alta ya había rechazado el DNU 70/2023 en marzo de 2024. Sin embargo, el decreto continúa vigente porque la Cámara de Diputados todavía no aprobó su rechazo.
Por eso, además de impulsar un proyecto específico para restituir la Ley de Tierras, el bloque Justicialista instó a los diputados a ratificar la decisión del Senado y avanzar con el rechazo definitivo del decreto.
La iniciativa abre así una nueva instancia de discusión política sobre el régimen de propiedad de tierras rurales y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para modificarlo mediante un decreto de necesidad y urgencia.
