El presidente Javier Milei anticipó en la apertura de sesiones ordinarias que cada ministerio trabaja en 10 paquetes de reformas estructurales que serán enviadas cada mes al Congreso.
Entre los cambios que impulsarán en esta segunda mitad de mandato, están incluidas las reformas en el Código Civil y Comercial, así como el Código Procesal Civil y Comercial, cambios en la Defensa al Consumidor y de la Competencia, la reforma tributaria que contemple “menores impuestos”, así como barrer con “cadenas regulatorias” que permitan “dar rienda suelta a industrias hoy muertas”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, agregó en El Cronista Stream: “Venimos a reformar todo. No hay un interés político detrás de esto. En materia tributaria no va a haber una reforma, vamos a seguir bajando impuestos, pero solo lo podemos hacer si el superávit primario lo permite. Por eso hicimos la reforma laboral e inocencia fiscal, para formalizar empleo y el ahorro. Hay más cosas en desregulación, en Economía tenemos muchos otros proyectos”.
En el acuerdo original con el FMI estaban fijadas una serie de reformas que además de la laboral incluía la fiscal, la revisión del “complejo sistema de reparto de ingresos entre los gobiernos federal y provincial”, o sea la coparticipación y las transferencias del Tesoro, una modernización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, existente desde 2004 que establece lineamientos para el presupuesto y el gasto de la Nación y las provincias, así como cambios en los criterios para combatir el lavado de dinero.
Argentina también se había comprometido con impulsar una reforma previsional, para la cual deberá presentar un cuadro de situación hacia fines de este año, dando cuenta de las distintas categorías del sistema de pensiones argentino.
Los privados tienen las expectativas depositadas en las declaraciones más concretas de Milei. Por un lado, en una reforma tributaria que contemple revisiones en los tres niveles estatales (Nación, provincias y municipios) por el otro, avances asociados al acuerdo con Estados Unidos.
“El más importante es el impositivo”, planteó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO): “No sólo el costo nacional, sino también provincial y las tasas municipales, que son muy gravosas en muchísimos casos”.
Los supermercados son los principales alineados en la cruzada contra las tasas municipales, campaña que el Gobierno ya comenzó al crear la página en la cual releva las tasas municipales en todo el país y ofrece una sección para denunciarlas.
A la lista sumó la desregulación de los colegios profesionales, como el caso de los ingenieros, abogados o médicos, “hay que desregular todo lo que hace al costo argentino”.
Desde el agro tienen menos expectativas en materia fiscal. La baja de retenciones, quizás el principal e histórico reclamo del sector, está sujeta a que el resultado fiscal permita avanzar en recortes de los ingresos.
Sin embargo, para Eloísa Frederking, vicepresidente segunda de la Sociedad Rural, la quita de retenciones es condición para el crecimiento del sector, así como otras reformas. En materia impositiva, sumó la necesidad de agilizar la devolución de IVA técnico, que acumula saldos que el sector considera alarmantes.
“Me sorprendió que el presidente hablara de 300 millones de toneladas por grano. Hoy estamos produciendo 145 millones de toneladas y tenemos el objetivo de llegar a los 200 millones. Levantó la vara a una meta ambiciosa, porque generaría dos Vaca Muerta”, sostuvo el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), que nuclea a los principales agroexportadores, Gustavo Idígoras.
La clave para él radica en la mención que hizo el presidente al derecho de propiedad a los innovadores en semillas.
“El comercio en negro de las semillas es del 90%. No es en su mayoría un comercio registrado, porque las empresas venden una sola vez la bolsa y se pueden reproducir cuanto sea necesario para hacer una multiplicación por uso propio sin pagar el canon”, explicó Idigoras. Esto implica que no se aplica el valor de la invención, que en Brasil oscila entre los 2 y 3 dólares por tonelada producida, mientras que en Argentina se puede vender la reproducción de la semilla propia.
El acuerdo con Estados Unidos contempla la modificación para actualizar el esquema de protección de variedades para permitir el uso propio, pero que se pague al inventor. Según Idígoras, esta diferencia con los países vecinos en términos de propiedad intelectual de las semillas se traduce en una diferencia de productividad: “Brasil tuvo una curva de aumento de la productividad que fue cuatro veces más rápida que la de Argentina. Mientras que el rinde en Argentina es de 2,8 toneladas por hectárea, en Brasil es de 4. Esto responde al desarrollo de nuevas variedades con mayor rendimiento”.
Frederking sumó también cambios que reglamenten las responsabilidades sobre los caminos rurales, así como la infraestructura portuaria y vial en general. Una reforma clave para el sector sería la “modificación de la ley de bosques, para que se pueda producir en zonas que estaban prohibidas o generan conflictos a lo largo del país”.


















